En menos de una semana, cerca de 500 personas, principalmente rarámuri, huyeron del municipio de Guadalupe y Calvo tras un mes de balaceras y amenazas de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado que operan en la Sierra Tarahumara. La crisis alcanzó su punto más crítico con el asesinato de Kenya Anayeli, una adolescente de 14 años que fue sustraída de su hogar y localizada después sin vida.
Por Patricia Mayorga / Raíchali
CHIHUAHUA.- En tres días, cerca de 500 personas (la mayoría rarámuri), huyeron de sus casas del seccional de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, después de resistir más de un mes de balaceras nocturnas y amenazas de reclutamiento de jóvenes por parte de un grupo del crimen organizado.
Esa cifra superaría las 5 mil personas desplazadas de 2023 (cuando se tipificó el delito de desplazamiento forzado interno en el estado) a la fecha, de acuerdo con cifras de la Secretaría General de Gobierno.
Con las personas de las comunidades, salieron alrededor de siete síriame (gobernadores y gobernadores) rarámuri, para privilegiar la vida y principalmente, resguardar a las y los jóvenes de sus comunidades.
Cuando las comunidades quedaron casi vacías, entre el lunes 23 y jueves 26 de marzo, un grupo de hombres armados ingresaron a una vivienda del Rancho El Indiano o el Indio, del seccional de Turuachi (cerca de la cabecera del seccional de Atascaderos), ahí se encontraba Kenya Anayeli V.R, una adolescente de 14 años y se la llevaron por la fuerza. De manera extraoficial se conoció que es del pueblo rarámuri u ódami.
La adolescente fue sustraída de su domicilio la noche del 26 de febrero y horas después fue localizada sin vida en la comunidad de Yerbitas, cerca de su comunidad.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur de Chihuahua, dieron a conocer que recaban informes para esclarecer los hechos, una vez que personal de la Agencia Estatal de Investigación acudió al lugar para iniciar las investigaciones con el procesamiento de la zona del crimen por parte de servicios periciales.
Una semana antes, otro adolescente de 14 años identificado como A.R.N, fue asesinado en la comunidad de Atascaderos, donde vivía. Este homicidio también lo investiga la Fiscalía Zona Sur.
Las personas que viven en Atascaderos y las rancherías aledañas, dieron refugio a la gente que se desplazó manera forzada en Nochebuena del año pasado, de Santa Rosalía de Carrizal. El desplazamiento fue provocado por el grupo delictivo que ha ganado más territorio a lo largo del municipio de Guadalupe y Calvo, por lo menos en los últimos cinco años.
El grupo criminal les dijo que se fueran de la comunidad porque no querían matar gente inocente y usaron drones con explosivos para amedrentarlos. La gente dejó sus mesas servidas con la cena de Navidad y corrió en vehículo o caminando, hacia Atascaderos. Esa noche la pasaron con el cobijo de la gente de esa región y de otras como rancherías, como Los Ojuelos y Las Trojas.
Sin embargo, al iniciar el 2026, las balaceras nocturnas entre dos grupos, no han cesado hasta ahora. Algunos habitantes de Santa Rosalía, que son del pueblo rarámuri, decidieron regresar a su ranchería porque estaban viviendo la misma situación pero fuera de sus casas. Otros más, se fueron a diferentes ciudades de la entidad.
El temor aumentó entre los pobladores de Atascaderos y comunidades aledañas. El fin de semana del 15 de febrero, corrió con más fuerza la advertencia: reclutarían a los jóvenes de las comunidades.
“Por eso era de sacar a los que nos quedaban ahí, para que no se los fuera a llevar. Ese era el apuro que teníamos, de sacarlos. Y nos dijeron que según iban a ir a a llevarse los que quedaban. Y fue el apuro de nosotros, de sacar a los que quedaban. Como les decía yo a las que se quedan, oigan, yo que quisiera sacarlas a todas, pero no puedo”, comentó una de las autoridades tradicionales que salieron desplazadas durante la semana.
Esta vez fue distinta a al desplazamiento masivo de 2019
En el 2019 también hubo un desplazamiento masivo de más de 100 familias de Atascaderos, por el enfrentamiento entre dos grupos que eran escisión del cartel de Sinaloa.
“Fue diferente, se sentía diferente. Es que pues entonces hubo un agarre como de unos para otros, pero esos sí los conocíamos nosotros. O sea, eran del mismo grupo, de ahí mismo del rancho. Iban a lo que iban, sobre los que estaban allí. Sacaron a unos y volvió la mayoría después de unos meses. Pero entonces sí se fue mucha gente también. Estuvo muy feo”, recuerda uno de los hombres desplazados de Atascaderos.
El 2 de abril de 2019 se intensificó la disputa entre los dos grupos, amenazaron a la población de Atascaderos y dos de sus rancherías, Las Trojas y Ojuelos, que también ahora están desplazadas junto con otras. Cerraron comercios y la mayoría de las personas que se fueron eran maestros y miembros de iglesias cristianas.
En esta ocasión, Atascaderos y las comunidades aledañas escuchaban de lejos lo que sucedía en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo (a dos horas de distancia aproximadamente). Durante el segundo semestre de 2025, los habitantes de la cabecera vivieron meses de terror con balaceras constantes por las tardes y noches. También hubo desplazamientos forzados de algunas familias.
“Se salió mucha gente de aquel lado para Atascaderos. Allí nosotros como comunidad nos ayudamos, con lo que podíamos para ayudar a la gente que estaba allí, pues de allá. Y pues ahí metemos la mano con lo que pudimos. Y les decía yo a mis familias, ahora por ellas a lo mejor a veces nos va a tocar a nosotros. Y ya ve qué tanto, estamos acá. O sea, bien pronto”, refiere otra mujer desplazada en entrevista.
Luego de unas dos o tres semanas tranquilos, el grupo armado llegó a Atascaderos y rancherías aledañas. En un enfrentamiento con otro grupo, las balaceras nocturnas se volvieron cotidianas. La mayoría de la gente de Santa Rosalía salió a otras ciudades y muy pocas familias decidieron regresar.
Varias comunidades quedaron confinadas. “Taparon las salida y mucha gente que regresaba de vacaciones no pudo pasar, tampoco podía pasar la comida. Tampoco podíamos salir. Hacíamos nixtamal, no había Maseca, comíamos frijoles y tortillas, nada más”.
“A diferencia de 2019, a la gente ahora no la conocemos. No los veíamos a todos porque era en la noche, pero sabemos que no es gente de ahí. Haga de cuenta que los que van llegando nos quieren sacar de allí. Entre menos sepamos y entre menos se involucre uno con ellos, es mejor. Pero pues es que el miedo también es mucho. En la tarde comenzaban las balaceras, sí había muchas“.
“El domingo (15 de febrero) comenzaron fuerte a eso de las 6 de la tarde. Ya se calmaban. El miércoles volvieron y eso fue hasta medianoche. Luego fueron seguido (las balaceras) unos dos días y ya se calman. Ya estábamos como más asustados con todo. Ya el miedo nos estaba carcomiendo ahí. Entonces le dije a mi familia ‘nos vamos o qué’, pues es que de ver la gente que se venía, pues ya nos estábamos quedando solos. Ya dijeron que sí”, comentó otros de los padres de familia entrevistados.
Dejaron siembras de maíz, su ganado, sus casas, muchos salieron incluso sin documentos. Algunas familias tampoco trajeron cambios de ropa con ellos. “Ya íbamos en la gasolinera y unos vecinos nos pedían llevarlos, nos decían ‘espérenos, nos vamos con ustedes’. Así como andaban llegaron a pedirnos que los trajéramos”, relata otra de las familias.
“Luego luego que salimos del rancho, sentimos alivio. Después de una hora que nos tardamos en salir, nos sentimos mejor”, agregan.
Duraron una semana para decidir salirse de su rancho, porque una de las mujeres adultas mayores se negaba a hacerlo, hasta que tampoco aguantó más las balaceras.
Cuando una de las familias entrevistadas salió, había gente que les pedía llevarlos con ellos. Lograron subir a algunas personas, pero otras no. A dos familias se les descompuso el vehículo en el camino y tuvieron que viajar en camiones o camionetas.
En un sólo día salieron alrededor de 60 personas y al día siguiente, fueron como 30 vehículos los que salieron del seccional de Atascaderos.
“No hay tiendas ni gasolineras abiertas”
Ambrosio (uno de los habitantes de Santa Rosalía de Carrizal que salió desplazado en Nochebuena y regresó a su tierra por la violencia en Atascaderos), dijo que están preocupados por lo que sucede en su tierra. “Y pues nosotros aquí en las mismas, todavía esperando que alguien nos eche la mano con alguna despensa, porque la verdad nosotros de donde nos abastecemos de mandado es de Atascaderos y ‘orita’ no hay comida por esa parte y la estamos pasando medio mal por este lado”.
Santa Rosalía y otras comunidades aledañas, se quedaron confinadas por semanas. Es decir, no podían entrar ni salir porque estaban sitiadas con amenazas. Comenzó a escasear hasta la Maseca, que es fundamental en su alimentación. Posteriormente comenzaron las interminables balaceras.
Atascaderos y Santa Rosalía son parte de un corredor montañoso que llega hasta Badiraguato, Sinaloa, y que ha sido identificado como el “corazón del Triángulo Dorado”, de la Sierra Madre Occidental.
En Atascaderos había gente refugiada después de ser desplazada de manera forzada, de Badiraguato, La Tuna, Las Trojas, entre otras comunidades de Sinaloa. También ellos tuvieron que buscar otros refugios dentro del estado de Chihuahua.
De la cabecera de Badiraguato a Atascaderos hay 171 kilómetros de distancia. En noviembre de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la carretera que conecta Badiraguato, Sinaloa con Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Antes de que concluyera ese tramo de asfalto, el trayecto entre ambos municipios era peligroso curvas y un panorama escabroso, con una duración de más de siete horas. Con la nueva infraestructura pretendían reducir el tiempo alrededor de cuatro horas.
El discurso oficial ante la construcción de esa carretera, era el crecimiento económico y turístico de ambas regiones, así como combatir la inseguridad en la región del “Triángulo Dorado”, a través de la integración de las comunidades que históricamente aisladas.
A pesar de que fue inaugurada, la zona es aún un campo de batalla entre carteles. La región enfrenta retos de violencia extrema: desplazamientos forzados masivos, reclutamientos forzados, homicidios, desapariciones forzadas, conflictos territoriales encima de riquezas naturales como oro, plata y madera.
Esta zona ha sido controlada históricamente por el cartel de Sinaloa. Sin embargo, en 2021, ingresó otro grupo “nuevo” de la mano de La Línea, el brazo armado del cartel de Juárez. De acuerdo los mismos habitantes de diferentes comunidades y rancherías que han sido desplazadas desde 2021 en esa zona, han referido una alianza de La Línea con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ganar territorio al Cartel de Sinaloa.
Una de las fuentes más detalladas que identifica al CJNG en Chihuahua es Guacamaya Leaks (el hackeo de la Secretaría de la Defensa Nacional), que reveló en mapas internos de inteligencia, una alianza estratégica entre CJNG y facciones de la Línea en Ciudad Juárez y la capital. Esta alianza se habría extendido hacia la zona serrana. Los archivos están disponibles en bases de datos de periodismo de investigación como Forbidden Stories.
Otros análisis e investigaciones que incluyen a Chihuahua dentro del área de influencia de expansión del CJNG el Atlas del Crimen Organizado, así como los informes de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que publican periódicamente la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas (EA.gov, sección de Documents/NDTA).
Y a nivel de territorio, en diferentes entrevistas, Raíchali ha recabado testimonios que señalan que los desplazamientos han sido a nombre de la Línea y del CJNG. En diferentes partes de la sierra, están plasmadas con pintas las letras CJNG.
“Ya no sabemos cuánta gente se ha salido“
Los primeros grupos de familias que salieron de Atascaderos en febrero, lo hicieron la primera semana del mes.
“Está la cosa muy tremenda. Nosotros estamos acá, fuera de peligro. Estamos batallando pero ya no estamos oyendo zumbar las balas muy feo. Allá estuvimos cuando hubo un agarre, nomás chillaban las balotas por encima de uno, viera una cosa bien fea. Y luego ahí una familia que mataron y cosas feas, y ahí maltratando a la gente, agarrando hombres a la moda, las cosas están muy complicadas”, cuenta un ama de casa desde el lugar donde están refugiadas.
Continúa:
“Todos los días se viene gente. Antier (el miércoles) unas familias se vinieron caminando porque ya no viene camión, ya no vienen úberes, ya no salen camionetas. Entonces, las familias salieron caminando, las alcanzó una camioneta y en el camino se les descompuso la camioneta. La gente les ayudó a llegar a donde ahora están”.
Las tiendas en Atascaderos están cerradas, no hay servicio de nada, por lo que consideran que hay más gente que tendrá que salir.
“Cuando uno sale, dice: ‘quédese lo que se quede’. Dejamos todo. Las mujas, las gallinas, los chochis, pues todo. Ya algunos tenían sembrado maíces y frijol.
“Pero hubo familiares que se llevaron a la fuerza, por eso era sacar a los que quedaban ahí”, comenta otra familia, quien pide que las autoridades ayuden a salir a quienes no han podido.
“Aquí mi mamá ya come, no quería comer allá. Y pues así estábamos todos”.
Danza de cifras
En lo que va del mes, han salido del seccional de Atascaderos, alrededor de 500 personas. La mayoría se ha quedado en Parral, unas 240 y el resto se fue a otros municipios, entre estos la capital del estado.
Sólo en esta semana, salieron el martes alrededor de 30 camionetas, el miércoles otras más y aún el jueves llegaron 30 personas más a Chihuahua.
“Que vayan por otros que se quedaron, los que entraron (del grupo armado) se están apoderando de las casas”, alertan personas desplazadas, de quienes se omiten sus nombres por su tranquilidad y para evitar represalias que atenten contra su integridad física.
En enero de 2023, el Congreso del Estado tipificó como delito el desplazamiento forzado interno en el Código Penal del Estado. Un mes después, reformaron el artículo para agregar un tema polémico porque de acuerdo con expertos y expertas, podrían usarlo para criminalizar a víctimas:
Artículo 206 Quater:
A quien o quienes por medio de la violencia física o moral, o por sus actos de violencia reiterada, con el propósito de ejercer el control, dominio o alguna actividad ilícita, ocasione que una persona o grupo de personas cambie, huya o abandone su lugar de residencia habitual, se le impondrá presión de tres a diez años y de cien a cuatrocientos días multa.
No se considerará desplazamiento forzado interno si el sujeto pasivo propicia o participa en hechos de violencia contra el activo, con alguno de los propósitos descritos en el párrafo que antecede, con independencia de que se pueda cometer algún otro delito en su perjuicio.
Hasta 2024, la Fiscalía General del Chihuahua contaba con un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado, atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE). Registraban 896 personas de 2017 a 2022, que representaba un considerable subregistro.
De esa cifra, 254 eran del pueblo ódami y 74 del rarámuri, el resto eran mestizas. Y con la justificación de que el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) es delito a partir de enero de 2023, la Comisión Estatal de DFI que preside la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Interno en su área de Derechos Humanos, sólo contempla a las personas atendidas a partir de esa fecha.
En 2025, en otra solicitud de información realizada a través de la Plataforma de Transparencia, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que en 2024 ya no contaban con padrón, pero atendieron a 321 personas desplazadas a partir de que se tipificó el delito. De las 321 personas, 195 son ódami y 81 rarámuri.
La subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos estatal, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, dio a conocer en entrevista que no cuentan con un padrón, ya que lo están configurando con el apoyo de la coordinación digital del mismo gobierno. Lo que sí tienen es un registro de 4 mil 800 aproximadamente (hasta finales de enero de 2026). Con las personas desplazadas esta semana, superarían los 5 mil.
En un documento proporcionado por la funcionaria, indica: “La cifra anterior contempla las atenciones derivadas de solicitudes de ayuda humanitaria a personas o comunidades que pudieron ser potencialmente desplazadas de sus comunidades, así como de aquellas cuya solicitud fue referente a un desplazamiento consumado. No obstante lo anterior, no de todas las personas atendidas se tiene certeza del tiempo que ha transcurrido desde su desplazamiento”.
La Secretaría General tiene conocimiento de las personas desplazadas a través de asociaciones, organizaciones internacionales, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) u otro, o bien, porque se han acercado por sí a la CDFI a través de alguna de las secretarías y dependencias que la integran.
Las personas desplazadas que han atendido son de los municipios de Madera, Uruachi, Urique, Moris y Guadalupe y Calvo; y entre ellas hay de los pueblos rarámuri, warijó y ódami.
“Referente al número de comunidades registradas por municipios, se informa que no se cuenta con el número exacto de comunidades que han sido atendidas por la Comisión de Desplazamiento, toda vez que no cuenta con cifras oficiales, sino únicamente con aquellas que han sido atendidas en alguna intervención de ayuda humanitaria solicitada a la CDFI o que han llegado de manera individualizada con alguna de las dependencias de gobierno para solicitar apoyo y que han sido reportadas a esta Secretaría General de Gobierno”.
El apoyo que dan a quienes se desplazan, de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno del Estado de Chihuahua, se basa en el Protocolo de Atención Emergente a las Personas en Situación de Desplazamiento Interno en el Estado de Chihuahua y la coordinación interinstitucional ha permitido realizar intervenciones de ayuda humanitaria emergente que consiste en: despensas, artículos de higiene personal, apoyo con transporte o traslados, contacto con sus redes de apoyo, alojamiento temporal, atención médica, atención y gestión educativa, asesoría jurídica, apoyo psicoemocional, tramitación de sus documentos de identificación y gestión de medidas de seguridad.
Durante la semana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado acudió a Atascaderos para realizar operativos que inhiban la violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desplegó, por instrucciones del Secretario Gilberto Loya, un operativo especial en el municipio de Guadalupe y Calvo, y zonas cercanas, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y garantizar condiciones de seguridad para la población y las actividades productivas de la región.
El operativo contempla acciones coordinadas de vigilancia, patrullaje preventivo, control de accesos y apoyo ciudadano, integrando a elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia y la Defensa,
Estas labores se realizaron principalmente en el poblado de Atascaderos y comunidades aledañas, donde pobladores del sector señalaron que no han sido testigos de algún enfrentamiento entre civiles.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con Chihuahua y continuará implementando acciones firmes y coordinadas para garantizar la tranquilidad de las y los chihuahuenses.
Las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Al inicio de la semana del 23 de febrero, la CEAVE atendió en Parral a un grupo de 80 personas víctimas de desplazamiento interno, provenientes de la región de Atascaderos. En el transcurso de los días, atendieron a otras más en el mismo municipio y en la capital.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur asignó agentes del Ministerio Público atender a quienes quisieran denunciar, pero muchas de las personas externaron en entrevista su temor para hacerlo.
Este viernes, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, viajó a Parral para implementar una estrategia conjunta en la comunidad de Atascaderos. En la reunión estuvo presente la presidenta de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, que al iniciar la semana no tenía conocimiento del desplazamiento masivo, según refirieron personas desplazadas a Raíchali.
La gobernadora estableció un centro de coordinación para implementar acciones para atender a las personas desplazadas, con apego a la protección de sus derechos.
“Las primeras actividades que tienen como finalidad garantizar la seguridad de los pobladores de la región, hoy ya se realizan con la presencia permanente, operativos y patrullaje por parte de la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, informa un comunicado de prensa del gobierno estatal.
Ese día, entregaron despensas y otros apoyos a las personas desplazadas en Parral. En la ciudad de Chihuahua entregaron a un grupo de personas, mientras que organizaciones de la sociedad civil se han acercado para entregar despensas, ropa y otros apoyos.
Personas desplazadas dieron a conocer que un servidor público estatal estuvo apoyando con la entrega de despensas que llevan el logotipo del gobierno estatal, pero les decía que era a nombre del diputado federal Noel Chávez y del diputado local Arturo Medina.
Las necesidades de las personas son muchas, por lo que requerirán apoyo de la ciudadanía, mientras haya condiciones para su regreso o hasta que se arraiguen en las ciudades donde se encuentran.