Por Melina Barbosa | Verificado
El 7 de octubre trascendió que Chihuahua, se convirtió en el “primer estado de México en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas públicas y privadas”.
Sin embargo, esto es falso. La reforma aprobada en el Congreso de Chihuahua solo modifica el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación para «fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español».
El decreto no prohíbe expresamente el lenguaje inclusivo, pues no sanciona ni restringe el habla, la docencia o la libre expresión y tampoco impide a estudiantes o docentes usar lenguaje inclusivo en su comunicación cotidiana.
Se trata de desinformación difundida por Carlos Olson, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó la iniciativa y celebró en redes sociales que el lenguaje inclusivo había sido “prohibido” en las escuelas de nivel básico del estado de Chihuahua.
“¡LO LOGRAMOS! CHIHUAHUA ES EL PRIMER ESTADO DEL PAÍS EN PROHIBIR EL LENGUAJE INCLUSIVO EN ESCUELAS. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes. ¡Sentido común sobre ideología!”, declaró Olson.
En la exposición de motivos, el diputado del PAN refiere que el lenguaje inclusivo es una “ideología de género impuesta a niñas, niños y adolescentes”.
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Pero la reforma no es una prohibición expresa porque jurídicamente, representaría una acción de inconstitucionalidad al ir en contra de derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación y la libertad de expresión.
Esto lo explicó en entrevista con Verificado la abogada Ninde Molre, quien comentó que “aunque el texto legal no lo haga expresamente, en la exposición de motivos sí se hacen una serie de argumentos que violan la Constitución”.
Una reforma plagada de errores
Otra cuestión a señalar es que el documento que defiende el “estricto apego a las reglas, especialmente gramaticales y ortográficas” del español, está cargado de errores.
“Según la ciencia de la lingüística, toda existencia esta (sic) orientada a la comprensión del mundo, que es absorvido (sic) y constituido a traves (sic)del mismo lenguaje”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.
No obstante, a lo largo de la argumentación pueden encontrarse palabras sin acentos, diéresis o directamente equivocadas según las reglas ortográficas que invoca, tales como “instrinsíco, unico, tuvieramos, linguistas, dialogos, muchisimos, traves, linguisticas, salon, especificamente, deficit, filologa, academica, enfatica, transtornos”, entre otras.
Cuestionado al respecto, Olson dijo que esas pifias demuestran precisamente la necesidad de la reforma.
“Yo revisé el texto, tengo el tema original, eso es lo que demuestra que es necesario reforzar el dominio del idioma desde la educación básica. Por eso reformamos, sí se detectaron errores justo por eso es urgente mejorar”, declaró.
Agregó que el dictamen “no pretende ser perfecto” y que los errores ortográficos no cambian la misión de la reforma.
La Verdad Juárez reportó que para activistas y personas defensoras de derechos humanos, estos errores muestran que “lo que interesa al PAN no es la corrección de la lengua, sino la violación de derechos”.
En 2022, el diputado Carlos Olson aseguró ante el pleno que organizaciones LGBT+ han promovido la zoofilia. En ese entonces, propuso tipificar dicha “parafilia” como un delito en el Código Penal del Estado, incluyendo en la exposición de motivos y sin ninguna prueba documental que las poblaciones LGBTIQ+ “defienden” este delito.
Reforma no prohíbe, pero sí discrimina
El lenguaje inclusivo no se reduce al uso de la «e», por lo que una prohibición total dejaría fuera a las mujeres, personas no binaries, comunidades indígenas y todas las diversidades que deben ser nombradas.
De igual forma, la insistencia en fomentar el “español correcto” podría generar desigualdad, ya que se prioriza el español como la única lengua que debe ser enseñada y reconocida.
La abogada y directora de México Igualitario Derribando las Barreras considera importante que la reforma impulsada por el PAN se impugne porque “aunque en la letra no prohíbe el lenguaje incluyente, la intención del legislador sí era esa” y esto puede provocar “estigmatización social, violencia y discriminación hacia el futuro”.
Para ello, Ninde Molre indicó que les corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, o bien a las diputadas de oposición de Chihuahua, presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto con el fin de que el máximo tribunal analice la intención discriminatoria de la reforma y la declare inválida.
LINKS | FUENTES:
Asuntos (Iniciativas) | Congreso del Estado de Chihuahua
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
¿El #lenguajeinclusivo entorpece la educación? | Adrián Chávez