Por Francisco Ortiz Pinchetti
El tema de la austeridad con que deben manejarse los funcionarios públicos tanto en el ejercicio de su cargo como de su vida personal, se ha convertido en los hechos en un motivo de aparente contradicción entre el expresidente López Obrador y la actual mandataria, su sucesora y discípula, Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que mientras el tabasqueño hizo de la austeridad un pilar central de su Gobierno –lo que llamó “austeridad republicana” y luego convirtió en el discurso en “pobreza franciscana”—y sancionó a quienes con escándalo la violaron, la Presidenta justifica y tolera todos los días acciones que contradicen esa doctrina. Aunque ha emitido declaraciones que parecen ir en ese sentido, en los hechos no ha emprendido acción alguna para corregir ese “desvío ético”, una evidente traición a los principios de la cuatroté, el Movimiento de la Honestidad.
Claro, cada vez que puede repite como loro el eslogan demagógico de su Maestro, de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y se clava en el concepto populista de que el dinero del erario debe destinarse a programas sociales y al bienestar de la población, en lugar de a lujos y excesos de los funcionarios.
Lo dice, pero no actúa. Es evidente que no tiene ni por asomo el control del Movimiento como lo tuvo y lo tiene AMLO; pero su actitud frente a los abusos conocidos (y otros que seguramente ella conocerá), denota además un enfrentamiento, un conflicto interno en la cúpula de Morena. Es claro que se le están saliendo del huacal.
Sería ingenuo pensar que acaso es una forma sutil de diferenciarse del “estilo” de Andrés Manuel, me parece. ¿O sí?
En múltiples ocasiones Andrés Manuel dijo que su concepto de la política se inspira en el ejemplo de Benito Juárez, quien, según él, vivía en la “justa medianía”. Promovió siempre la idea de que el poder es sinónimo de humildad y que la riqueza material es efímera. “Si ya tenemos un par de zapatos, ¿para qué queremos más?”, decía por ejemplo.
Su gobierno promulgó la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019, que prohíbe, entre otras cosas, la compra o arrendamiento de vehículos de lujo, los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios y la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas. Los ahorros generados por estas medidas, aseguraba, se destinarían a financiar programas sociales.
Para él, la austeridad está directamente ligada al combate a la corrupción. Argumentaba que al eliminar los lujos y el derroche, se evita que los recursos públicos sean desviados y se pueden liberar fondos para invertirlos en el desarrollo del país y el apoyo a los más necesitados.
Y al menos en tres ocasiones tuvo arranques populistas y actuó enérgicamente contra políticos, inclusive muy cercanos a él, que violaron no el principio de la austeridad republicana sino el de la ostentación. Lo que no perdonaba, a la luz de esos casos, era… el no observar la simulación.
Tal fue el caso de César Yáñez Centeno, su jefe de prensa personal y una suerte de secretario privado durante el largo recorrido de tres lustros hacia la Presidencia de la República. A la hora de la victoria no estuvo sin embargo en el cargo que era evidente merecía, el de coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República. Y su lugar fue ocupado por su subordinado suyo, Jesús Ramírez Cuevas.
El evento que marcó un antes y un después en su carrera política en el Gobierno fue su lujosa boda con Dulce María Silva, el 29 de septiembre de 2018, apenas dos meses antes de la toma de posesión de Andrés Manuel El enlace, que se celebró en Puebla y contó con la publicación de una extensa crónica en la revista ¡Hola!, fue muy criticado por su ostentación, ya que iba en contra del discurso de austeridad promovido por el entonces ya Presidente electo.
Aunque Yáñez Centeno no fue despedido, pues aun no detentaba cargo alguno, este suceso hizo que su papel como uno de los colaboradores más cercanos del Presidente se diluyera. Pasó de ser el “brazo derecho” y vocero a tener un rol menor, menos visible, primero como coordinador general de Política y Gobierno, y luego como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Dejó este último cargo en febrero de 2024 para unirse al equipo de campaña de Sheinbaum Pardo, en cuyo Gobierno trabaja.
Un segundo caso fue el de Josefa González Blanco Ortiz Mena. Ella “renunció” como Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en mayo 2019 –apenas seis meses después del inicio del Gobierno– después de que se hiciera público que había provocado el retraso de 38 minutos en la salida de un vuelo comercial de Aeroméxico que iba de la Ciudad de México a Mexicali, para poder abordarlo, ya que había llegado tarde.
Santiago Nieto dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 8 de noviembre de 2022 a raíz también de la polémica que causó su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, celebrada en Antigua, Guatemala. El matrimonio se volvió un escándalo, especialmente después de que se retuviera a algunos invitados en un avión privado por no declarar grandes cantidades de dinero. El presidente López Obrador consideró que los servidores públicos deben actuar con austeridad y moderación, y que el suceso había sido “escandaloso”.
Y lo tronó.
Ningún caso similar, ni por ostentación ni por corrupción evidente ha ocurrido durante el primer año casi del actual Gobierno. Y eso que han abundado los episodios difundidos a través de medios y redes en los que se ven involucrados funcionarios, legisladores y políticos en escándalos de ostentación.
Están los casos recientes de Ricardo Monreal Ávila viajando en primera clase y desayunando en el mejor hotel de Madrid; de Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, vacacionando a todo lujo en Tokio, en compañía del Diputado federal Daniel Asaf Manjarrez; del Secretario de Educación Pública (y expresidente nacional de Morena), Mario Delgado Carrillo, paseando por Lisboa y Madrid; del jefe de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández mirando la hora en relojes de tres millones de pesos, y del presidente saliente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, viajando a Europa en firts class y comprando una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán.
Esos escándalos se suman a la boda en octubre de 2024 del entonces Jefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martín Alonso Borrego Llorente, en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), la colección millonaria de relojes de lujo del director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez, y el ostentoso uso de ropa y accesorios de marca de gran lujo por parte de los legisladores del oficialismo, y esposos, Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras.
Y a nadie ha tronado la Presidenta.
Aunque eso sí, mientras mira para otro lado ante las evidencias, repite a cada rato declaraciones a favor de la austeridad, alusiones a Benito Juárez y frases-cliché el obradorato, como “por el bien de todos, primero los pobres”, “debemos vivir en la justa medianía” o “el poder es humildad”.
En todos los casos mencionados, los aludidos se defienden con el argumento que esos gastos han sido hechos con recursos propios, no del erario, y que tienen derecho a hacerlo. Andy llegó al extremo de asegurar que requería –y merecía– sus vacaciones en Japón luego de su “extenuante” trabajo en Morena. Ambas cosas pudieran ciertas, aceptemos. El problema no es en sí la ostentación ni el derroche: lo verdaderamente grave es la incongruencia entre el discurso y la realidad. La farsa, pues. Válgame.
@fopinchetti