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Es una indolencia criminal. Cada veinticuatro horas, las carreteras del país operan como una maquinaria implacable donde el peso, la velocidad y la impunidad se confabulan para cobrar vidas inocentes.
Las estadísticas oficiales son lapidarias y desnudan la magnitud de la tragedia. En México se registran anualmente alrededor de 16 mil muertes por hechos de tránsito. De esa cifra, una porción devastadora tiene como protagonista al autotransporte de carga en la red federal de carreteras. Según cifras del INEGI, en más de mil 800 de esos descensos se ve involucrado algún tráiler, especialmente de doble remolque. Esto significa un promedio de al menos cinco víctimas mortales cada día.
Con un parque vehicular que supera el millón de unidades registradas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes —de las cuales cientos de miles corresponden a tractocamiones y configuraciones articuladas que cruzan el territorio nacional—, hablar de tráileres no es referirse a incidentes fortuitos, sino a una amenaza sistemática respaldada por datos contundentes.
El Instituto Mexicano del Transporte confirma que en el 69 por ciento de los percances donde participan unidades pesadas, el autotransporte de carga resulta ser el directo responsable. Esto es impulsado por el factor humano, la fatiga crónica, el exceso de velocidad y una flota obsoleta con nulo mantenimiento que circula sin restricciones reales.
Esto no es nuevo, por supuesto. Lo más grave es que siga siendo actual.
A lo largo de los últimos cinco o seis años, me he referido al tema en este espacio al menos en tres ocasiones. Nada ha mejorado en ese tiempo. Por el contrario, el problema se ha agravado ante una indiferencia criminal del Gobierno de México. Transitar por las carreteras federales, autopistas o libres, no implica un simple riesgo: es una apuesta mortal.
Todos hemos visto cómo los traileros invaden los carriles de alta, rebasan por la derecha y circulan a exceso de velocidad sin ser detenidos o sancionados por la autoridad, que raras veces se hace presente… y sólo para extorsionar.
Digámoslo sin eufemismos: hablamos de una tragedia cotidiana que los noticieros consignan de manera indefectible prácticamente todos los días, al reportar al menos un accidente grave con un tráiler involucrado. Sólo en las últimas semanas, varias de las vías que conectan al Valle de México han registrado siniestros de gravedad. Apenas el pasado lunes17 de agosto, un tráiler volcó en el kilómetro 38 de la carretera México-Toluca, a la altura de Ocoyoacac, tras tomar una pendiente y una curva pronunciada que provocó derrame de combustible y un colapso vial. Semanas antes, el 3 de agosto, dos incidentes paralelos colapsaron las salidas a Puebla y Pachuca con volcaduras y plataformas partidas por la mitad. Días antes, el 15 de agosto, un choque entre unidades pesadas en la autopista México-Querétaro dejó dos personas muertas en Tepeji del Río. Y obviamente sólo son una minoría de los percances ocurridos en todo el país que aparecen en los medios nacionales.
Esos sucesos responden a un patrón de riesgo donde los vehículos de doble semirremolque, los llamados fulles, representan el extremo más letal debido a sus hasta ochenta toneladas de peso, su dimensión excesiva, su inestabilidad crónica y sus deficientes distancias de frenado. Como ya lo he señalado en mis entregas previas, hubo un intento legislativo en el Congreso de la Unión durante 2022 para prohibir la circulación de estos remolques dobles, que están absolutamente prohibidos en naciones con estándares estrictos de seguridad vial. Sin embargo, esa iniciativa se paró inexplicable y sospechosamente en la Cámara de Diputados, congelada por el tremendo poderío económico y el cabildeo implacable de los grandes transportistas.
Y es que el fondo de esta crisis descansa en factores estructurales que el Estado ha preferido ignorar durante años, sin una sola acción contundente para corregirla. La problemática abarca al autotransporte en general, impulsado por una indolencia operativa, la violación sistemática de los límites de velocidad y la carencia absoluta de revisiones físico-mecánicas rigurosas. Pero en el centro de esta cadena de responsabilidades figuran los propietarios de las empresas transportistas y la corrupción.
Los dueños del transporte tienen por supuesto toda la razón al exigir seguridad para sus vehículos y conductores ante la escalada de asaltos en las carreteras del país. Sin embargo, a la par de esa justa demanda, tienen la ineludible responsabilidad de garantizar condiciones óptimas de seguridad mecánica en sus flotas, cesar la explotación laboral y las jornadas extenuantes que imponen a los choferes, y someterse a una regulación estricta que ponga fin a la impunidad. Exigen salvaguarda para su patrimonio mientras las condiciones de sus unidades representan una amenaza mortal para el resto de los automovilistas.
Es claro que la resistencia a poner orden en el transporte federal de carga responde a una red de complicidades entre los grandes corporativos y las instancias encargadas de regular el sector. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes posee los registros detallados de los tramos con mayores índices de siniestralidad, conoce las deficiencias operativas y sabe perfectamente que los centros de verificación operan frecuentemente bajo esquemas de corrupción donde la seguridad se negocia a cambio de un soborno.
A pesar de ello, sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo predominantemente reactiva y superficial, limitándose a emitir condolencias institucionales en lugar de implementar reformas estructurales de fondo.
Es imperativo asimismo vincular este fenómeno con la crisis de inseguridad que azota las autopistas. Los asaltos a camiones de carga en estados como Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz o el Estado de México se han convertido en una industria criminal tolerada por la ineficacia de las fiscalías y la escasa presencia de una Guardia Nacional rebasada. Ante este escenario de violencia, los transportistas exigen protección para sus mercancías, pero se niegan rotundamente a rendir cuentas sobre las condiciones de fatiga, sobrepeso y mal estado en el que circulan sus unidades, trasladando todo el riesgo al ciudadano común.
Frente a este panorama desolador, urge que el Gobierno federal y el Poder Legislativo actúen con energía y dejen atrás la simulación. Se requiere una nueva legislación profunda y severa que prohíba definitivamente la circulación de los llamados fulles y obligue a una revisión real de las condiciones de los vehículos pesados, sancione drásticamente la explotación laboral de los conductores y ponga coto definitivo a la impunidad en las autopistas.
La seguridad en las vías generales de comunicación no puede ni debe subordinarse a los intereses mercantiles de los grandes corporativos del transporte. O el Estado –Gobierno y Congreso– recupera la rectoría de los caminos y legisla con auténtica valentía y sentido social, o seguirá siendo cómplice directo de una indolencia oficial que todos los días enluta y derrama sangre inocente en el asfalto mexicano. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
MÉRITOS EN CAMPAÑA. Es obvio que para la Presidenta Sheinbaum Pardo, la renunciante magistrada Mónica Soto Fregoso “hizo muy buen papel” como presidenta que fue del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): validó la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que permitió la mayoría gandalla con la que cuenta el oficialismo cuatroteísta para destrozar a este país. Su ignominia merece el reconocimiento presidencial, claro.
@fopinchetti