“El desplazamiento forzado no es sólo criminal sino estructural (…) se ha generalizado en la Sierra Tarahumara, aunque algunos de los casos más preocupantes los hemos visto en Guadalupe y Calvo, que sufre una situación particular de disputa de territorial protagonizada por grupos criminales”, refirieron las organizaciones que acompañan a víctimas de desplazamiento forzado en Chihuahua
Karla Quintana y Patricia Mayorga/ Raíchali
Chihuahua- Organizaciones de la sociedad civil realizaron una misión civil de observación por los municipios de Parral, Delicias y Chihuahua, para documentar las condiciones que enfrentan familias en situación de desplazamiento forzado interno, provenientes de comunidades ubicadas en la región conocida como el Triángulo Dorado, zona limítrofe entre Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Como parte de las actividades, las organizaciones sostuvieron encuentros el miércoles pasado con familias desplazadas en el municipio de Parral, donde acudieron personas originarias de distintas rancherías de las tres entidades, quienes se han visto obligadas a abandonar sus comunidades debido a contextos de violencia e inseguridad.
Los grupos fueron reunidos por región, por género y uno con niñez. Niñas y niños expresaron los motivos por los que han dejado sus casas por la “guerra”, porque han asesinado a familiares y recorrieron un éxodo con lágrimas, pero están empeñadas y empeñados en seguir estudiando.
Durante la reunión, las familias fueron divididas en distintos grupos de diálogo para compartir con las organizaciones sus historias de desplazamiento, así como las principales necesidades que enfrentan actualmente tras dejar sus lugares de origen.
Entre los temas expuestos se encontraron las dificultades para acceder a vivienda, alimentación, atención médica, educación y empleo, además de las afectaciones emocionales y comunitarias derivadas del desplazamiento.
Sin embargo, a algunas mamás les han pedido cuotas escolares y uniformes para aceptar el ingreso de las niñas y niños. No tienen el dinero.
“El desplazamiento forzado no es sólo criminal sino estructural (…) se ha generalizado en la Sierra Tarahumara, aunque algunos de los casos más preocupantes los hemos visto en Guadalupe y Calvo, que sufre una situación particular de disputa de territorial protagonizada por grupos criminales”, refirieron las organizaciones que acompañan a víctimas de desplazamiento forzado en la entidad.
Denunciaron la ausencia de estrategias claras, coordinadas y efectivas entre las instituciones públicas, para atender a la población desplazada, que queda desprotegida y abandonada.
Las organizaciones señalaron que estos espacios buscan recopilar testimonios directos de las personas afectadas para visibilizar la situación que enfrentan cientos de familias desplazadas en la región serrana y fortalecer las acciones de acompañamiento y exigencia hacia las autoridades.
Al Centro Comunitario de Parral, que fue sede de la reunión, llegó el presidente municipal, Salvador Calderón Aguirre, quien escuchó a las organizaciones y a las familias desplazadas. Se comprometió a otorgarles uniformes completos sin costo y gestionar en las escuelas que no les cobren las cuotas al no ser obligatorias.
Durante el encuentro, las personas expusieron diversas necesidades relacionadas con apoyos básicos, atención institucional y acceso a servicios, mientras que el alcalde manifestó disposición para convocar a autoridades competentes del gobierno estatal y a homólogos de municipios donde se ha desatado el desplazamiento forzado, para atender algunos de los planteamientos realizados.
A su vez, las organizaciones realizarán gestiones para que funcionarios del gobierno federal estén presentes en la reunión, que tenga como fin encontrar soluciones a la crisis de desplazamiento forzado interno en la región.
Por la tarde del mismo miércoles, la misión llegó al municipio de Delicias, donde actualmente habitan familias desplazadas originarias de comunidades ódami.
En el lugar, las organizaciones escucharon testimonios y vieron las condiciones de hacinamiento, falta de aire para enfrentar las altas temperaturas, en las que viven actualmente las familias ódami, así como las dificultades que enfrentan tras haber sido forzadas a abandonar sus territorios.
Su anhelo, como el de todas las personas desplazadas, es regresar a su comunidad pero no hay condiciones. Ahora sus casas están quemadas o destruidas de otras formas. No hay seguridad ni libertad para vivir ni para trabajar allá.
El jueves se reunieron con familias desplazadas que viven en la ciudad de Chihuahua. Son comunidades que tienen entre 15 y 8 años desplazadas en la capital. Ahí denunciaron situaciones de omisión del Mecanismo federal de protección de personas defensoras y periodistas, así como las dificultades para arraigarse en la ciudad.
Las comunidades indígenas además, han solicitado espacios donde puedan cosechar, donde puedan realizar sus fiestas tradicionales y luchar por defender sus respectivas culturas, pero no han encontrado eco a sus peticiones.
La misión civil continuó ayer y continuará este viernes, con reuniones con autoridades de distintos niveles de gobierno con el propósito de transmitir las necesidades expresadas por las familias desplazadas y solicitar acciones de atención integral, protección y acceso a derechos para las personas afectadas por el desplazamiento forzado interno.
Las organizaciones que participaron son Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Colectivo Nuevo Amanecer de Parral, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.