Por Francisco Ortiz Pinchetti
El próximo lunes 6 de julio se cumplen justo 40 años de las elecciones estatales de 1986 en Chihuahua. Para ser más precisos, de la consumación de un fraude electoral cuyas consecuencias resultaron cruciales para el transición de México a la democracia. En esa jornada, que me tocó cubrir como enviado del semanario Proceso, el is y su partido, el PRI, agotaron todos los recursos de su amplio repertorio para burlar la voluntad de un pueblo ejemplar que sólo exigía respeto al sufragio efectivo.
Ese despojo, reconocido cínicamente por el oficialismo priista al disfrazarlo de “fraude patriótico”, fue diseñado y dirigido personalmente por el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, que así lo confesó tiempo después.
El PRI echó mano de todos sus vicios políticos y de todas sus trampas, que documenté en su momento: desde la modificación mañosa de la Ley Electoral, el control de los organismos electorales, el rasurado del padrón y la expulsión de representantes de la oposición en las casillas, hasta todas las maniobras que formaron parte del folclore fraudulento mexicano, como las urnas embarazadas, el acarreo de votantes, el Ratón Loco, el Taco, el Carrusel, la Operación Tamal, y hasta el robo de urnas y la adulteración de actas de escrutinio.
Todo ello, hay que decirlo, ante el silencio interesado y cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, particularmente las grandes cadenas de radio y televisión.
La resistencia ciudadana contra el atraco se prolongó durante más de tres meses, que cubrí de manera ininterrumpida para Proceso, revista que de manera insólita, única en su historia, dedicó al caso Chihuahua las portadas de siete ediciones consecutivas. (Números 496, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 y 511). Marchas, plantones, concentraciones multitudinarias, cadenas humanas, bloqueos de carreteras, toma de puentes internacionales, acciones sin cuento de resistencia civil se sumaron a la huelga de hambre que durante 41 días mantuvo en el kiosco del parque Lerdo el entonces Alcalde panista de Chihuahua capital, Luis H. Álvarez, mientras en Ciudad Juárez lo hacían el doctor Víctor Manuel Oropeza y el empresario Francisco Villarreal Torres.
Al PAN, el partido directamente agraviado por el despojo, se sumaron en la protesta por el atraco electoral sindicatos, organismos empresariales, movimientos campesinos, amas de casa, estudiantes, académicos, pobladores y la Iglesia Católica chihuahuense encabezada por los prelados de la capital (Adalberto Ameida y Merino), de la Tarahumara (José Llaguno Farías) y de Ciudad Juárez (Manuel Talamás Camandari), quienes emitieron la histórica exhortación pastoral Coherencia cristiana en la política. Y también el dirigente socialista y candidato del entonces PSUM a la gubernatura, Antonio Becerra Gaytán.
Vale recordar que el arzobispo Almeida y Merino decretó la suspensión del culto público (misas y celebraciones) en todos los templos de su arquidiócesis como protesta ante el fraude electoral, lo que no ocurría desde tiempos de la persecución religiosa de 1926-1929. Sin embargo, por intervención del nuncio Girolamo Prigione a petición de su amigo Bartlett Díaz, el Vaticano le ordenó no realizarla.
Histórico también fue el desplegado que firmaron 22 de los intelectuales más destacados del país en aquel momento, para pedir la anulación de las elecciones fraudulentas. Entre los firmantes destacaron Octavio Paz, Gabriel Zaid, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Héctor Aguilar Camín, Fernando Benitez, Lorenzo Meyer, Huberto Bátiz, José Luis Cuevas, Isabel Turrent, Enrique Krauze, Carlos Montemayor, Abelardo Villegas, Hugo Hiriart y Ramón Xirau, entre otros.
Nada hizo rectificar al Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y a su partido. El PRI impuso al costo que fuera a su candidato, Fernando Baeza Meléndez, que tomó posesión en una ciudad entregada al control militar el 10 de octubre de aquel 1986.
En una de las últimas entregas de mi cobertura escribí, a manera de colofón:
“Personaje principal de esta historia, el anhelo democrático convirtió a este estado del norte de México en escenario de una contienda nacional decisiva cuyo desenlace está bien lejos de ser conocido; la imposición del PRI no es el final, por supuesto; la oposición que se unifica y organiza para la resistencia considera que apenas se vive el verdadero sentido y principio de la lucha.
“En Chihuahua lo insólito se volvió lo cotidiano, muchas cosas ocurrieron aquí por primera vez en la historia reciente de México y por primera vez también las cosas quedaron claras: los mexicanos enfrentan a un gobierno incapaz de responder a un clamor tan elemental y tan trascendente como es la demanda del respeto al voto, esencia de la democracia. La cerrazón total se opuso al último resquicio de confianza.
“Ante esto, la mera lucha electoral queda atrás. No importa que sea Fernando Baeza o cualquier otro el Gobernador impuesto por el sistema, la contienda es otra, porque otro era el sentido de la singular participación del pueblo chihuahuense; la reacción de la gente fue de hartazgo frente a un sistema incapaz, corrupto, simulador, anquilosado, y en defensa de un valor que parecía olvidado: la dignidad”.
Al menos diez de los principales protagonistas de aquel “verano caliente” han fallecido: Luis H. Álvarez, Becerra Gaytán, el candidato del PAN a la gubernatura, Francisco Barrio Terrazas; el Alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Ramos Molina; el dirigente panista Guillermo Prieto Luján, los huelguistas juarenses Villareal Torres y Oropeza, éste asesinado a puñaladas, y los obispos Almeida, Llaguno y Talamás.
El caso Chihuahua fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA. La cobertura de Proceso fue básica en la documentación del fraude. Cuatro años después, el 17 de mayo de 1990, la CIDH emitió la histórica Resolución 01/90, en la que condenó al Estado mexicano por los comicios de 1986 en Chihuahua al determinar que, al no garantizar elecciones auténticas ni ofrecer recursos judiciales efectivos para proteger el voto, violó los derechos políticos consagrados en la Convención Americana. Este dictamen deslegitimó internacionalmente el sistema electoral mexicano de la época, al confirmar que “la falta de imparcialidad y la manipulación de resultados constituían una vulneración sistémica a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El “fraude patriótico” tendría un alto costo político para el PRI, lo que se hizo evidente en la cuestionada elección federal de 1988 primero, en la pérdida de su mayoría histórica en el Congreso, en 1997, y en su derrota del año 2000 que dio paso por fin a la alternancia.
Me parece que es importante no sólo recordar la efeméride, lo que es justo, sino sobre todo revalorar la trascendencia histórica de aquel episodio, a la luz del lamentable estado actual de nuestra costosa democracia. Válgame.
@fopinchetti