Por Jaime García Chávez
El Gobierno de Claudia Sheinbaum, si continúa con su pretensión de reformar la legislación electoral, sólo contribuirá a polarizar más al país. Como herencia del anterior Gobierno, hasta ahora se ha empeñado en sacar adelante un legado que le perjudica a su Gobierno, pero parece no entenderlo y, en el peor de los casos, está sujeta a una obediencia lesiva a las relaciones políticas en un México de hostilidades.
Sea cual sea el desenlace de esto, tiene pertinencia continuar ahondando en los porqués del oficialismo para la transformación electoral que pretende. En primer lugar sería una reforma en contra de la experiencia política de los últimos cuarenta años; no son los ciudadanos ni las oposiciones quienes la están reclamando, viene de las alturas y, en tal sentido, se quiere convertir esta legislación en la piedra angular para consolidar la hegemonía del actual grupo gobernante por un buen número de años.
Este hecho, al diseccionarlo cuidadosamente, sólo repite la práctica de los autoritarismos que han habido en el país. Don Pablo González Casanova, cuando examinó espléndidamente al PRI como partido de Estado, nos recordó que fue “el Gobierno porfirista el primero en convertir todo acto electoral en acto administrativo”. Durante esa dictadura la burocracia y los caciques regionales fueron quienes asumieron la tarea electoral, o mejor dicho, la selección de los cuadros adictos al régimen.
Es algo similar a lo que ya vemos en México a la luz de las elecciones que hemos tenido de 1918 hasta este momento, con una falange de burócratas y “servidores de la Nación” en la búsqueda del voto y la coacción del mismo de manera sesgada y agresiva a la libertad política. Basta tener como referencia la pasada elección judicial para darnos cuenta que esto es así, y a quien lo dude le recomiendo que lea la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón mediante la que propuso la anulación de todo ese proceso, porque se violentó el conjunto de los principios constitucionales que rigen una genuina elección libre y competitiva. Por la víspera, los días.
En la misma línea, con obvios matices, durante los últimos años del Gobierno del Presidente Ávila Camacho (1940-1946) se reformó todo lo concerniente a la Ley Federal Electoral para garantizar la larga hegemonía que ejerció el PRI naciente con ese nombre y que llega hasta nuestros días, luego de más de 70 años de ejercicio del poder.
En una democracia de fachada, una Ley Electoral que garantiza el predominio es fundamental; y por ahí va la pretensión de la iniciativa presidencial que pretende imponerse durante el primer trimestre de 2026, y a partir de ahí encorsetar los procesos electorales, en claro beneficio del actual grupo en el poder.
En este puñado de experiencias encaja lo que dijo Gilberto Rincón Gallardo, teniendo a la vista la reforma que convocó Jesús Reyes Heroles durante el Gobierno de López Portillo. Enfático señaló que en 1946 se estableció una legislación para asegurar la hegemonía del partido gobernante, iniciándose un largo proceso de alienación de las libertades políticas.
A su vez, y prometo que esta es la última referencia, el pensador progresista Jorge Carreón sostuvo por aquellos tiempos que el PRI “no actúa como un partido en el poder, sino como un aparato fundamentalmente electoral e ideológico del poder”.
Si tenemos en cuenta esta historia que, cambiando lo que haya qué cambiar, se quiere traer a escena para una nueva Ley Electoral centralista como la que se pretende a partir de 2026, me queda claro que la transformación que busca el oficialismo es aquella que le garantice “ganar” con holgura todas y cada una de las elecciones, como sucedió durante 30 años de dictadura con el porfiriato y casi 80 en la era del PRI.
La historia se quiere repetir y vender, mediante engaños, como la pieza central del llamado “segundo piso de la transformación” que a empujones, resistencias y dificultades, quiere sacar adelante la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El proceso legislativo y político, de cualquier manera, ya ha iniciado. Veremos cuál es la conclusión, pero de antemano sabemos que no es política la que se hace desde la Presidencia, sino la obsesión de construir una hegemonía que se empieza a ver perniciosa para un país que no cabe en un solo partido y necesita del sistema democrático para procesar los intereses contrapuestos sin ahondar en la descomposición actual, evidenciada en el zafarrancho Noroña-“Alito” y las grescas que llevan a violencia más alta y encarar todos los retos que asoman en el horizonte mexicano en la era Trump.
El oficialismo debiera tener en cuenta que no va a gobernar cientos de años, que hoy podrá ser mayoritario, pero no lo será siempre, y con esta iniciativa de Reforma Electoral facciosa, si cuaja, cuando aparezca en el escenario una figura providencialista y carismática de derecha, lo primero que hará será darle gracias al obradorismo y a Claudia Sheinbaum por haberle dejado un edificio con dos o tres pisos más en el que la dictadura será más que posible.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.