Por Francisco Ortiz Pinchetti
A la memoria de Jorge Meléndez Preciado, colega solidario,
defensor de la libertad.
Seguro te ha pasado: estás atrapado en el nudo de tránsito de cada tarde, la calzada de Tlalpan digamos, en ese estancamiento desesperante que es ya habitual en la Ciudad de México. De pronto, un zumbido agudo te pasa a milímetros del espejo lateral: es una motocicleta que aparece de la nada, serpentea entre los coches con una audacia que raya en lo suicida, sube a la banqueta si es necesario y desaparece en un parpadeo. En ese instante, entre el susto y el coraje, uno no puede evitar acaso preguntarse: ¿quién va ahí? ¿Un repartidor con prisa por entregar un pedido, un joven que busca ganarle unos minutos al reloj para llegar a su casa o alguien que está usando esa agilidad para algo mucho más oscuro?
Como, por ejemplo, asesinar a alguien.
Esa es la nueva y terrible realidad de nuestra metrópoli. La motocicleta, que nació como una bendición para la movilidad urbana y una herramienta de supervivencia económica para miles de familias, se nos ha transformado en el vehículo predilecto de la anomia, es decir, de la ausencia total de leyes y normas.
Según los registros más recientes, en la Ciudad de México circulan ya más de 750 mil motocicletas registradas, una cifra que se ha triplicado en la última década y que, sumada a las unidades con placas de otras entidades, desborda cualquier intento de regulación.
Hoy, la proliferación anárquica de estos vehículos es el escenario perfecto para la impunidad. Porque bajo el anonimato que otorga un casco —obligatorio por ley, pero convertido en máscara por conveniencia— y la falta de placas reales o vigentes, se ha consolidado una figura que ya es parte de nuestra geografía del miedo: el “motosicario”.
No, no se trata de una percepción de café o de una rabieta de automovilista. Los datos oficiales al inicio de este 2026 son, sencillamente, de espanto. El uso de motocicletas para cometer delitos de alto impacto ha crecido un 80 por ciento en los últimos años. Es la herramienta de precisión del crimen organizado y común por una razón puramente física: permite el acecho discreto, la ejecución fulminante y una huida que ninguna patrulla de cuatro ruedas puede frustrar en una ciudad que, por definición, no se mueve.
La realidad estadística es contundente: en seis de cada 10 robos con violencia en la capital ya participa al menos una motocicleta, convirtiéndose en el factor que desequilibra cualquier operativo de reacción inmediata.
Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de la capital. El motosicariato se ha extendido como un cáncer por todo el territorio nacional, consolidándose como el modus operandi predilecto en estados como Sinaloa, Guanajuato, Guerrero o Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Tabasco. En todo el país, la motocicleta ha pasado de ser un vehículo de transporte a convertirse en la pieza clave de una táctica del crimen que aprovecha la vulnerabilidad de las vías públicas y la incapacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Lo que hoy padecemos en la capital es el reflejo de una herida abierta en todo México.
Ahí están los casos que han marcado esta ruta de sangre y que no debemos olvidar, porque son la prueba de nuestra vulnerabilidad. El atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, en diciembre de 2022, es un ejemplo claro de este modus operandi gracias al seguimiento puntual que las autoridades pudieron darle tras el evento. Aunque fue un caso afortunadamente fallido gracias al blindaje de la camioneta en la que el periodista viajaba, el trabajo de inteligencia y el análisis de las cámaras del C5 revelaron una logística compleja donde las motocicletas no actúan solas, sino coordinadas con vehículos “muro” y una vigilancia previa de varios días. Ese blindaje no sólo salvó una vida, sino que permitió que quedara expuesto ante la opinión pública el papel de la moto como el arma que ejecuta y desaparece en la porosidad de la ciudad, escapando hacia los límites del Estado de México en cuestión de minutos.
O el asesinato de los funcionarios del gobierno local precisamente en la calzada de Tlalpan, en mayo de 2025; un ataque directo y letal en la colonia Moderna donde los ejecutores simplemente se “evaporaron” entre los coches a plena luz del día, dejando a las autoridades con grabaciones de cámaras que sólo muestran figuras anónimas sobre motores rugientes.
Incluso en golpes de alta logística, como el robo a la joyería en Plaza Antara, las motos fueron la pieza clave para que los delincuentes burlaran los cercos policiales de Polanco. La estrategia es siempre la misma: la moto no es sólo el transporte, es el arma de escape; pero el problema no empieza con el gatillo. Empieza mucho antes, en el desorden total y absoluto de nuestras vialidades, donde impera la irresponsabilidad más cínica.
Es una jungla donde conductores sin casco, sin pericia y sin la más mínima intención de respetar el reglamento, circulan con total libertad frente a la mirada, a veces indiferente y otras veces cómplice, de la policía de tránsito.
El mercado negro de estas unidades es el motor que alimenta la violencia. Tan sólo en 2024 se alcanzó un máximo histórico de tres mil 248 investigaciones por robo de motocicletas en la CdMx. Lo alarmante es que la mayoría de estas unidades no se roban para ser revendidas íntegras, sino para ser utilizadas como vehículos “desechables” para cometer asaltos o ejecuciones. Una vez cumplido el encargo, la moto es abandonada en un callejón o desmantelada, rompiendo cualquier hilo conductor que permita a la Fiscalía dar con los responsables. Es un ciclo de criminalidad que se renueva cada hora.
A esto se suma una tragedia civil que no podemos ignorar: la de los propios motociclistas que mueren en el pavimento. Hoy concentran casi la mitad de las víctimas mortales en accidentes de tránsito en la ciudad. En las primeras semanas de este 2026, las cifras ya son rojas. Muchos de estos fallecidos son víctimas de su propia temeridad, circulando a velocidades prohibidas o sin el equipo de protección básico, pero su muerte es también síntoma de un sistema que permitió que cualquiera, por unos cuantos pesos de enganche, se hiciera de un vehículo potente sin pasar por un filtro real de capacitación o registro.
La administración actual de Clara Brugada ha heredado una crisis de gobernanza vial. Se habla de chips de rastreo vinculados al REPUVE y de la obligatoriedad de portar el número de placa en cascos y chalecos. Sin embargo, la resistencia de ciertos colectivos de motociclistas, que alegan una supuesta “estigmatización”, sumada a la lentitud de una burocracia que no entiende la urgencia del tema, ha dejado estas medidas en el papel. Mientras la autoridad discute reglamentos en oficinas alfombradas, los delincuentes aceleran a fondo en las calles.
Para colmo, como decíamos antes, el casco –que debería ser un implemento para salvar vidas–, se ha vuelto la máscara reglamentaria que protege la identidad del asesino ante las lentes del C5. El anonimato es el caldo de cultivo de la impunidad. Si no sabemos quién conduce, si no podemos rastrear el vehículo y si permitimos que la motocicleta sea una zona de excepción legal, estamos entregando la ciudad a quienes han hecho del zumbido de un motor el preámbulo de una tragedia.
La motocicleta no puede seguir siendo el salvoconducto para el crimen. No se trata de criminalizar a los miles de trabajadores honestos que se parten el lomo entregando mercancías o trasladándose a sus empleos; al contrario, ellos mismos son víctimas frecuentes de este desorden. Se trata de entender que, en una metrópoli de más de nueve millones de habitantes, el orden vial es seguridad nacional. Porque en esta Ciudad de México, mientras el ciudadano de a pie y el automovilista siguen atrapados en el tráfico de la inseguridad, los motosicarios hace mucho que encontraron la salida de emergencia y, lo que es peor, la llave de la impunidad total. Válgame