Por Francisco Ortiz Pinchetti
La corrupción en México no es un fenómeno espontáneo ni una fatalidad cultural, como algunos han pretendido vendernos desde las cúpulas del poder para justificar su propia inacción o complicidad. Tampoco es una característica genética del ser mexicano ni un mal inevitable del ejercicio público. Es, en realidad, una estructura perfectamente aceitada, un ecosistema que se sostiene sobre un pilar que parece inamovible: la impunidad.
Sin ella, digo yo, la corrupción se secaría por falta de oxígeno en cuestión de meses; con ella, también digo yo, se convierte en el motor que degrada la vida nacional, carcome las instituciones desde sus cimientos y anula cualquier intento de progreso democrático real.
Y es que la corrupción no tiene la capacidad de sostenerse por sí sola. Necesita forzosamente de la impunidad como su combustible vital. Cuando quienes cometen actos de rapiña contra el erario o traicionan la confianza ciudadana tienen la certeza absoluta de que no habrá consecuencias, el sistema entero entra en una fase de degradación irreversible.
Para entender por qué no cedemos en los índices de percepción de transparencia, pienso es necesario diseccionar los ángulos de esta impunidad que hoy nos asfixia y que ha encontrado nuevas y sofisticadas formas de manifestarse en los más altos niveles de la administración pública.
Antes que nada, me parece que debemos distinguir entre los niveles de esta gangrena. Por un lado está lo que podríamos llamar la “corrupción de ventanilla”: el dinero que aceita los trámites, la extorsión burocrática y el pequeño cohecho cotidiano que agota al ciudadano. Sin embargo, por encima de esa superficie, opera lo que los especialistas denominan la Gran Corrupción: toda una red de alta escala que se incrusta en el corazón de las grandes obras gubernamentales y que, tanto en el sexenio anterior como en el actual, se ha caracterizado por una práctica que ya parece norma y no excepción: las asignaciones directas, eludiendo cualquier licitación competitiva que garantice el mejor precio y calidad para el Estado… y los dineros del ciudadano, finalmente.
La entrega de contratos multimillonarios sin mediar concurso público es la máxima expresión de la discrecionalidad. Bajo el pretexto de la urgencia o la seguridad nacional, se ha institucionalizado el reparto de la riqueza pública a grupos selectos. Un ejemplo documentado que por cierto causó gran indignación fue la red de contratos otorgados a amigos cercanos de los hijos del entonces Presidente para el suministro de balasto en la construcción del Tren Maya. A pesar de los audios y evidencias de tráfico de influencias, el caso transitó hacia la nada jurídica, dejando claro que el parentesco y la cercanía personal valen más que el cumplimiento de la ley.
Por supuesto que esta impunidad no sólo tiene un costo económico, sino también humano y operativo. Lo vimos con el caso del “supervisor” de la construcción del Tren Interoceánico, un personaje que, sin contar con la experiencia técnica necesaria pero sí con las conexiones políticas adecuadas, se vio envuelto en un accidente que evidenció la falta de rigor en la vigilancia de las obras. Cuando el cargo de supervisor se otorga como una prebenda y no como una responsabilidad técnica, la infraestructura misma se pone en riesgo. La impunidad aquí es doble: se perdona el conflicto de interés en la contratación y se ignora la responsabilidad por las fallas en la obra. Bonita cosa.
Y es que el sistema de justicia en México se ha convertido en una aduana donde el influyentismo decide quién es castigado y quién no. La justicia que llega tarde no es justicia. Lo vemos en el reciclaje de personajes: funcionarios señalados por negligencia criminal que, en lugar de ser llamados a cuentas, son premiados con nuevos cargos, a veces mejor pagados que los anteriores. Ese “reciclaje” es la forma más cínica de la impunidad política; es el mensaje oficial de que la lealtad al grupo en el poder pesa más que la honestidad o la eficiencia en el cargo, como lo dijo con cinismo inaudito el mismísimo Andrés Manuel.
En este terreno es donde la impunidad ha sido plena en casos como Segalmex, donde el desfalco millonario ha sido enfrentado con una lentitud que parece diseñada para el olvido sistemático.
Pero, ojo, hay una tercera arista: la impunidad social. Es el proceso mediante el cual hemos terminado por normalizar el abuso. Esta aceptación de la corruptela convierte el delito en costumbre y erosiona la capacidad de indignación. Cuando el ciudadano deja de sorprenderse ante el enriquecimiento de quienes manejan las grandes obras o el favoritismo hacia los amigos del poder, la batalla parece definitivamente perdida.
La normalización es en efecto el mayor triunfo de los corruptos, pues convierte el reclamo de integridad en una voz que clama en el desierto, tachada de idealista por quienes ya no esperan nada del servicio público.
El resultado de todo eso es un círculo vicioso. La corrupción de las altas esferas genera una desconfianza total en las instituciones; esa desconfianza debilita la voluntad de la ciudadanía para exigir cuentas. Al no haber una exigencia social vigorosa, la impunidad se refuerza y vuelve a alimentar la corrupción en un bucle infinito. Es una espiral de silencio que sólo beneficia a quienes ven el presupuesto como un botín de guerra personal para repartir entre sus círculos de confianza.
Desde nuestro oficio periodístico, la responsabilidad es fundamental. Si la corrupción florece en la oscuridad de las asignaciones directas y los acuerdos bajo la mesa, nuestra labor es arrojar luz constante sobre cada contrato. La impunidad sólo puede quebrarse cuando el escándalo deja de ser una nota de un día para convertirse en un expediente abierto en la memoria colectiva. La visibilidad es la única herramienta para generar la presión pública necesaria que obligue a los engranajes de la justicia a moverse, aunque sea por mero instinto de supervivencia ante la crítica.
No basta sin embargo con señalar el robo; hay que desmantelar el mecanismo que lo permite. La verdadera transformación de México vendrá del día en que el primer gran pacto de impunidad sobre la obra pública sea roto por la fuerza de la ley. Un país donde el manejo discrecional de miles de millones de pesos no tiene consecuencia es un país que invita al despojo sistemático y a la degradación de su propia democracia.
Como informadores, la insistencia es nuestra mejor arma. Hay que seguir preguntando por las licitaciones directas, por los contratos a los amigos y por las fortunas que no cuadran con el servicio público. No cejar. Sólo así, manteniendo el foco encendido, lograremos que el costo de ser corrupto sea finalmente más alto que el beneficio de la impunidad. La luz es el mejor desinfectante para un sistema que se pudre en las sombras del cinismo. Es hora de dejar de ver la corrupción como un problema de moral individual para entenderlo como un desafío de arquitectura institucional. La impunidad es el combustible de la ignominia, y es tiempo de cerrarle la llave de manera definitiva y valiente. ¿Se podrá? Válgame.
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