La disputa por la madera en la sierra Tarahumara

Por Patricia Dávila/ Proceso

En Chihuahua, una de las tres entidades que forman el Triángulo Dorado del Narcotráfico, los cárteles de Juárez y Sinaloa, con sus respectivos aliados, se disputan el negocio de la tala de árboles. Llevan meses haciéndolo, sobre todo desde que la mariguana dejó de ser su principal fuente de ingresos. En entrevista con Proceso el fiscal del estado, César Augusto Peniche, relata cómo las organizaciones criminales diversificaron sus actividades –con millonarias ganancias– y tienen sometidas a las comunidades indígenas.

— El cultivo de mariguana se reduce paulatinamente en los estados del Triángulo Dorado del Narcotráfico: Sinaloa, Durango y Chihuahua. Hoy, la producción y comercialización de estupefacientes resultan menos rentables para los cárteles de Juárez y el de Sinaloa debido a la formalización de la industria de esa droga en varias entidades de Estados Unidos.

Arrasan con el bosque en la sierra Tarahumara. Foto: Benjamín Flores

Y aun cuando algunos adictos aún consumen mariguana, sobre todo de Chihuahua, la fuerte incursión de la droga sintética como el cristal le resta clientes a los cárteles, cuyos integrantes llevan dos años disputándose el control de la tala de árboles y el comercio ilegal de madera.

De manera informal, las organizaciones criminales instalaron sus propios aserraderos y, bajo amenazas de muerte, obligan a ejidatarios a entregarles la madera en rollo, al tiempo que cooptan a los dueños de aserraderos establecidos para obtener ganancias millonarias que las autoridades de Chihuahua no han logrado calcular.

De acuerdo con peritajes oficiales, un camión que traslada 60 troncos deja a la delincuencia organizada más de 300 mil pesos. Por lo general ellos no invierten nada porque los vehículos son robados.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGECH), César Augusto Peniche, revela a Proceso que el acaparamiento del mercado de la madera es uno de los factores que incrementó los enfrentamientos entre los dos cárteles, que ha dejado cientos de muertos y heridos en los últimos meses.

En junio de 2018 se registró un primer indicio de lo que venía: A la una de la mañana del 24 de ese mes, en el pueblo La Gloria, habitado por rarámuris, se escuchó el sonido de motosierras, acompañado por disparos que venían del bosque. Nadie se acercó a la zona por miedo. Los lugareños sabían que el causante de ese alboroto era Jesús Proaño, quien desde un mes atrás entraba durante la noche a talar árboles al predio Río Verde, propiedad de la familia Cruz Cruz. Lo hacía sin permiso.

A la mañana siguiente Proaño se presentó en la casa de los Cruz y los amenazó con “matar a la familia” si presentaba una denuncia contra él, señala una de las hermanas Cruz en la querella presentada ante la FGECH.

Otro vecino declaró: “Andaba en la siembra cuando vi que Proaño, ayudado por varios hombres –uno de ellos era Alfredo Ayala Bustillos– talaban más árboles en el predio de los Cruz. Les dije que esos pinos tenían dueño. Proaño me amenazó: ‘Yo nomas sigo órdenes. Si la haces de pedo vamos a matar a todos los del pueblo’. Esa noche la gente de Proaño sacó otros seis camiones con madera.

Según el reporte del perito, los troncos median más de 22 metros y tenían hasta 70 centímetros de diámetro. Un camión con 30 troncos de madera de pino alcanza un precio de 150 mil pesos antes de llegar al aserradero.

La región rarámuri pertenece a la sección municipal de Tonachi, municipio de Guachochi, Chihuahua, el estado con mayor riqueza forestal del país, seguido por Durango. Ambas entidades son productoras tradicionales de mariguana y amapola.

Para Peniche, el cultivo de mariguana disminuye porque hay menos demanda en Estados Unidos, lo cual provoca la caída de los precios; y como la siembra ya no es tan rentable, cerca de mil productores del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, dejaron de sembrar. Lo mismo sucede en las regiones de Sinaloa y Durango colindantes con Chihuahua.

En los tres estados la amapola ha registrado un incremento, pues algunos de quienes sembraban mariguana dejaron de hacerlo y optaron por la amapola, pese a que ese cultivo es más delicado y depende mucho de las condiciones climáticas.

En Durango y Sinaloa la situación no es perceptible porque en ambos domina el Cártel de Sinaloa; en Chihuahua, por el contrario, el de Juárez disputa el territorio a su rival. A la denuncia de la familia Cruz Cruz ante la FGECH, consultada por Proceso, le siguieron otras dos también en 2018.

En 2019 se elevó el número de quejas. En marzo la fiscalía ejecutó nueve órdenes de cateo contra aserraderos clandestinos en los poblados de San Juanito, El Guajolote y Sehuérachi. En los operativos los agentes aseguraron 13 tractocamiones para transportar madera, así como maquinaria especial para cortar y cepillar madera, rollos y vigas de diferente grosor, y se desataron los enfrentamientos, las masacres, los desaparecidos, desplazados y torturados en esos municipios donde, según medios locales, han muerto 840 personas.

De acuerdo con una de las carpetas de investigación, el 15 de agosto de 2019 hubo otro operativo conjunto de las policías militar, federal y estatal en el que fueron capturados 15 agentes municipales de Ciudad Madera, incluido el director operativo de la policía local, José Luis M. M. Y aunque los detenidos fueron acusados de obstruir un operativo contra el grupo criminal de Francisco Arvizu, El Jaguar, líder criminal del Cártel de Sinaloa que opera en esa zona, 14 de los uniformados fueron liberados “por falta de pruebas”; sólo continúa preso el mando policiaco.

Proceso consultó 30 documentos oficiales, entre denuncias, puestas a disposición y carpetas de investigación que reflejan el interés del crimen organizado por controlar el manejo de la madera. Uno de los documentos indica:

“El 10 de octubre de 2019 realizábamos recorridos de prevención y vigilancia en Creel, municipio de Bocoyna; a las 17:15 horas se recibió un reporte al sistema de emergencia 911, que indica que pasando el poblado de San Juanito, rumbo a Basaseachi, unas 20 personas del grupo delictivo que opera en la localidad traían tala ilegal, y de inmediato nos trasladamos al lugar. “Llegamos al lugar cerca de las 21:10 horas e iniciamos un recorrido sobre la avenida Gran Visión; en la calle Tercera vimos un tractocamión blanco (que) transportaba madera en rollo (51 troncos). Circulaba con las luces apagadas. Al pasar frente a nuestra unidad observamos que la madera no se encontraba debidamente marcada. Le hicimos el alto, pero aceleró”. Los uniformados iniciaron la persecución hasta un aserradero: “Ingresamos para darles alcance pero intentaron huir nuevamente. Allí logramos detenerlos. El conductor se identificó como Júnior Banda, de 41 años, y Manuel Antonio Fierro, de 22, el copiloto”; se incautaron los 51 troncos.

La hipótesis del fiscal

En la zona de la sierra son más marcadas las regiones de los grupos, tanto el de La Línea como el Cártel de Sinaloa. En otras, como Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Chínipas y Moris hay presencia del Cártel de Sinaloa; en cambio en Galeana, Buenaventura, Casas Grandes, Aldama, Ojinaga y Jiménez domina el Nuevo Cártel de Juárez, formado por gente perteneciente a La Línea.

Los cárteles pagan a la gente por talar los bosques; son ellos quienes hacen el acopio de la madera y la llevan, por lo general, a los aserraderos ilegales; o a los legales con cuyos dueños tienen “tienen arreglos” desde hace tiempo, y en 2019 las querellas por la tala se dispararon. Ese año, el número de denuncias tipificadas como “delitos contra el medio ambiente” en la zona occidente de esa región boscosa se elevó a 45, mientras que en 2017 hubo 22 y en 2018 fueron 20.

Por lo que atañe a la tala clandestina en el municipio de Bocoyna, en 2019 se abrieron 11 carpetas de investigación, mientras que en 2017 fueron seis, y al año siguiente, cinco. En 2017 las quejas tipificadas como “tala clandestina y transporte indebido de madera” en Bocoyna fueron nueve; al año siguiente, 12, y en 2019 la cifra se elevó a 33. En los municipios de Guachochi y Ocampo ese tipo de delitos comenzaron a registrarse en 2019, con seis y cuatro casos, respectivamente. Hay que agregar las 22 carpetas abiertas en 2019 en Bocoyna por “robo o transporte indebido de madera”, así como las 13 investigaciones abiertas ese mismo año respecto de los “camiones asegurados a la delincuencia organizada”.

Peniche tiene una hipótesis: “El conflicto por el control de esta zona entre El Jaguar -con su gente del Cártel de Sinaloa que viene de Sonora- y La Línea -cuyos integrantes anteriormente controlaban Ciudad Madera por medio de José Roberto González Montes, El 32 o El Mudo-, es la tala ilegal y el acopio de la madera legal. Ambas organizaciones la llevan a los aserraderos y la comercializan. Entonces se pierde el rastro de la tala legal y la ilegal.

Ellos disputan los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías y Zaragoza. En Bocoyna dos organizaciones criminales también se disputan el negocio: el Cártel de Sinaloa tiene al Zafiro, personaje con influencia en la zona de Creel, región boscosa donde antes ingresaban los talamontes, quienes fueron absorbidos por ese cártel. En la zona de Guerrero y en San Juanito de Bocoyna, son los hermanos H2 y H9, de La Línea, quienes controlan el entorno. Hay un tercero que estaría tratando de disputar al Cártel de Sinaloa la región de Creel, un sujeto a quien le apodan El Chueca, de La Línea. Su zona de influencia abarca San Rafael y Urique, también boscosa. Él presuntamente está metiéndose a Bocoyna, del lado de Creel, territorio controlado por El Zafiro.

Por eso, dice Peniche, “hemos aumentado la actividad de las instituciones de seguridad pública en esas regiones, especialmente en Bocoyna. Del 1 de abril al 22 de mayo de este 2020 ha habido 12 aseguramientos, cada uno de hasta 600 troncos. Esto nos va a permitir medir de qué tamaño es este negocio. “Se supone que los aserraderos sólo pueden recibir madera que viene marcada por la Semarnat con guías autorizadas, porque una vez que entra se pierde el control, se mezcla la madera buena con la clandestina.

Hace falta mayor presencia de la Semarnat y de la Profepa para controlar el número de aserraderos y vigilar la madera que reciben. “Hace seis meses hicimos un operativo, aseguramos maquinaria y nueve aserraderos que no acreditaban su legal funcionamiento, pero buscan la forma de instalar nuevos y lo logran, pues la sierra es grande.”

Nuevos controles

En Chihuahua, dice Peniche, el Código Penal local prevé algún tipo de sanción en contra de la tala ilegal. Y aunque aclara que en estricto sentido corresponde a la Semarnat y a la Profepa investigar y formular las denuncias, ante la limitación de sus recursos, es el estado el que actúa.

En Durango, autoridades de seguridad y judiciales comentan a Proceso que no tienen conocimiento de ese problema y aclaran que no cuentan con ningún tipo de sanción penal para encuadrar el delito … que le compete a la federación.

Peniche continúa: “El saqueo de la riqueza forestal crece por la ambición de los grupos criminales, pero viene acompañada de gran violencia. Someten a taladores, a ejidatarios, transportistas y dueños de aserraderos que trabajan lícitamente, matan y hieren personas”. Y aun cuando en el mercado estatal se sigue consumiendo mariguana, la fuerte incursión de la droga sintética le ha restado mercado a la planta y su siembra ya no resulta tan rentable, por lo que muchos campesinos rarámuri han optado por el cultivo de la amapola. Donde no hay madera que talar, los integrantes de La Línea y del Cártel de Sinaloa han obligado a los lugareños a sembrar amapola. El problema es que compran la goma de opio muy barata: a 15 mil o 16 mil pesos el kilo, y tardan en pagarles. Y cuando llega gente del grupo contrario a comprarles a mejor precio, matan a quien venda su cosecha.

Esta es la compleja realidad que viven las etnias en la sierra, comenta el fiscal de Chihuahua.

Y añade: “No tenemos cuantificado cuánto ha disminuido el cultivo de la mariguana, porque eso es materia federal. Nos enteramos cuando detenemos a narcotraficantes que están inmiscuidos en esta actividad y es lo que nos refieren”.

Otro municipio con alta incidencia delictiva asociada al crimen organizado es Cuauhtémoc, el cuarto más importante en actividad comercial, donde confluye la gente que quiere vender o comprar productos. Ese entorno es importante en la disputa por el narcomenudeo entre los cárteles: La célula del Tigre, con El ll a la cabe-za, y La Línea, con El 32, el mismo que pelea Ciudad Madera.

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