Por Armando G. Tejeda, corresponsal | La Jornada
— Madrid. Más de 30 años después de uno de los asesinatos políticos más crueles y despiadado en Centroamérica, en la Audiencia Nacional de España se pretende establecer el “relato histórico” de la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.
El principal acusado, el coronel y ex viceministro de Seguridad, Orlando Montano, se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados por el asesinato, aquel día, de seis sacerdotes jesuítas, entre ellos uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y dos mujeres que trabajaban con ellos.
En los años más cruentos de la Guerra Civil en El Salvador, uno de los hombres más comprometidos con la paz y con la justicia social era el teólogo de la liberación Ignacio Ellacuría, un sacerdote vasco que se nacionalizó salvadoreño y a la postre se convirtió en uno de los filósofos más admirados de su época, por su compromiso irrenunciable con la justicia y en contra de la desigualdad. Su discurso pacifista inquietó a las fuerzas vivas del régimen dictatorial en El Salvador, lo que desató a su vez la furia de los numerosos comandos de la muerte que ajusticiaban con severidad a los opositores, sobre todo a cualquier militante o dirigente próximo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Uno de esos crímenes fue el que se perpetró en la UCA el 16 de noviembre de 1989, cuando fueron acribillados, entre otros, el entonces rector de la UCA, Ellacuría; el vicerrector académico, Ignacio Martín-Baró; el director del Instituto de Derechos Humanos de la universidad, Segundo Montes; el director de la biblioteca de Teología, Juan Ramón Moreno y el profesor de Filosofía Amando López, todos ellos sacerdotes jesuitas españoles. Junto con ellos fueron asesinados también el jesuita salvadoreño fundador de la universidad, Joaquín López y López, y las empleadas domésticas Elba Ramos y su hija de 16 años Celina Ramos.
Los hechos quedaron impunes y desde entonces tanto familiares como agrupaciones de defensa de los derechos humanos han buscado justicia. Y finalmente la encontraron con la admisión a trámite de la denuncia por parte de la Audiencia Nacional de España, que de forma paralela a la instrucción solicitó la extradición a España de Orlando Montano, quien vivía en Estado Unidos y que finalmente fue trasladado al país ibérico en el 2017, cuando un tribunal estadunidense admitió la petición de extradición. Desde entonces ha permanecido encarcelado en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, a la espera del inicio del juicio, que finalmente empezó hoy.
En la primera sesión se resolvieron dos cuestiones importantes de cara al desarrollo del juicio: la primera fue el sobreseimiento de las acusaciones en contra del otro imputado, René Yusshy Mendoza, quien fue teniente del Ejército de El Salvador en aquellos años y también habría participado en la masacre. La legislación establece una prescripción de 20 años de los delitos imputados, que en su caso se cumplieron ya que la primera diligencia en su contra se realizó una vez superado ese plazo con creces, con lo que ni la Fiscalía, ni los abogados de la defensa y de la acusación se opusieron a su sobreseimiento, al tiempo que solicitaron su comparecencia en calidad de testigo, ya que su testimonio, confesión y colaboración con la justicia ha sido clave en el caso. La Sala admitió el sobreseimiento de la causa con Mendoza y le citó a declarar, de forma presencial -actualmente se encuentra en El Salvador- el próximo 7 de julio.
La seguda cuestión que se decidió en la sesión de hoy fue la confirmación de la comparecencia para declarar como acusado de Orlando Montano, que deberá responder a las preguntas de las partes el próximo miércoles.
El abogado de la acusación particular, Manuel Ollé, que representa a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, explicó durante su intervención que “Los delitos no preescriben en esencia o deontológicamente hablando.Asumimos la prescripción formal del delito. Además considerado que el señor Mendoza está reinsertado, tiene trabajo, no ha vuelto a delinquir, mostró su arrepentimiento, colaboró y gracias a eso hoy tenemos con un acervo de material probatorio. Además sufrió cuatro años de prisión por estos hechos y sobre todo pidió perdón. Así que la prescripción es un imperativo ético”.
Ollé también explicó que “lo que va a hacer esta Sala a lo largo de estas sesiones es establecer un relato histórico sometido a las garantías de un proceso penal y establecer el relato de los hechos de lo que se produjo. Y se va contribuir a la reconciliación y a la paz en El Salvador”.