Por Carlos Mario Alvarado/Oserí
—Chihuahua—Con una tardanza de más de 8 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones a las autoridades locales de Chihuahua: una, por la responsabilidad de los funcionarios públicos locales al afectar la salud de mil familias que fueron contaminadas por plomo en sangre en la zona de Ávalos, de la ciudad de Chihuahua. Y otra, por las negligencias en la impartición de justicia y atención a cerca de 200 desplazados por la violencia en la región de Delicias entre los años de 2010 a 2013.
Poco antes del nombramiento de Rosario Piedra Ibarra para sustituir en la presidencia de la CNDH a Luis Raúl González Pérez, la institución emitió estos dos dictámenes, que implican miles de millones de pesos para reparar daños a las víctimas de la contaminación de Avalos entre los años de 2004 a 2010, así como de las omisiones en la procuración e impartición de justicia y protección a las víctimas, ocurridas entre 2010-2013.
Cada uno de los nuevos dictámenes, que están sustentados en documentos de 200 a 300 cuartillas de extensión, se muestra la responsabilidad que tienen los gobernantes actuales de investigar y sancionar a los responsables de haber violado los derechos de la víctimas; de repararles los daños causados, y de tomar medidas a favor de las víctimas — independientemente si hayan ocurrido en su administración– para que no se vuelvan a repetir.
La recomendación 91/2019[1] sobre el caso “Avalos”, fechada el 10 de octubre pasado, implica: uno: la reubicación de más de mil viviendas del Fraccionamiento Rinconada los Nogales, lo que requiere una inversión multimillonaria de pesos. Dos: la liberación de la información oficial sobre la forma en que se vendieron y fraccionaron las tierras contaminadas, pertenecientes a la otrora planta minera Avalos, y posteriormente los permisos que avalaron la construcción de mil viviendas en esa zona de la capital. Y tres: costos millonarios en obras de remediación y elaboración de atlas de riesgo.
Además, se obliga, al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Chihuahua, abrir toda información oficial sobre la forma en que fueron vendidos los terrenos de la Planta Ávalos, la forma en que fueron fraccionados para que el propio gobierno, a través del Instituto de Vivienda del Estado, construyera en casas en suelo contaminado con plomo.
Por su parte, la recomendación 94/2019[2] fechada el día 14 de octubre de 2019, se refiere al desplazamiento forzado interno de 80 personas de un grupo familiar producido a partir de actos de atentados y homicidios perpetrados en su contra entre 2010’ a 2013 en la región de Delicias y Saucillo, por violaciones graves al derecho a la justicia, omisiones la protección de las víctimas y su derecho a la verdad.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, esclarecer hechos violentos en contra de 10 familias, así como la responsabilidad de los servidores públicos que habrían cometido irregularidades en la procuración de Justicia durante el lapso de 2010 a 2013.
Entre otros puntos recomendatorios al ejecutivo estatal, a la comisión nacional y estatal de atención a las víctimas y a los alcaldes de Delicias, Saucillo, se señala la responsabilidad de elaborar un diagnóstico que permita conocer la situación actual de inseguridad en dichos municipios, para luego establecer un protocolo de seguridad que tenga como objetivo principal disminuir los índices de inseguridad; y otro más, para la investigación de los casos de desplazamiento forzado interno de personas, mediante el cual se investiguen los hechos y delitos relacionados con el desplazamiento en dichos municipios, así como la atención integral de las víctimas.
El documento del caso “Avalos” es dirigido a las autoridades federales, particularmente al Dr. Víctor Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a La Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, por los daños causados debido a la negligencia en verificar y erradicar la contaminación urbana, así como por su complicidad con las autoridades locales, como el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Chihuahua.
La CNDH pide al gobierno del
Estado realizar una consulta previa e informada a las víctimas de contaminación
sobre una estrategia de reubicación de las más de mil viviendas del
Fraccionamiento Rinconadas los Nogales, titulares de créditos para la vivienda
otorgados por el Instituto de Vivienda de Chihuahua y del asentamiento
irregular ubicado en la futura Etapa IV de ese conjunto inmobiliario,
estableciendo o promoviendo la adopción inmediata de las medidas de seguridad
necesarias para el respeto y protección de las personas involucradas, y se
remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
[1]https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec_2019_091.pdf
[2]https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/REC_2019_94.pdf