Por Ernesto Camou
—Esta semana que pasó, algunos grupos de consumidores reaccionaron y se organizaron para castigar a una compañía importante en el sector empresarial, por el anuncio de que no iban a invertir de manera significativa porque no estaban de acuerdo con las políticas del actual Gobierno.
Hace unos días, el director general de Kimberly-Clark de México (KCM), Pablo González Guajardo, afirmó en una entrevista que “La economía se ha desacelerado significativamente y el consumo interno sólo está creciendo un poco, y desafortunadamente continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del Gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”.
Es obvio que cualquier empresa tiene el derecho de invertir de acuerdo a las perspectivas que conoce y estima como favorables para la economía y, sobre todo, para su propio bienestar mercantil. Sin embargo, en este caso hay algunas variables que se deben de tomar en cuenta para entender lo dicho por el directivo de Kimberly, y la reacción que suscitó.
En primer lugar hay que constatar que fue en una declaración a los medios en la que don Pablo anunció el recorte porque “no les gustan las nuevas políticas del Gobierno”. Salir a la palestra pública así, es un acto político en el que subrayó su desacuerdo con lo que el Gobierno actual y sus decisiones. Muy en su derecho, pero no le debe extrañar que haya habido una reacción política a sus dichos.
También conviene saber que el director es hijo de Claudio X. González L., presidente del Consejo de administración de la empresa, y que se ha distinguido como opositor permanente al actual Presidente de México, lo que concede a la decisión un mayor cariz político.
Por otra parte, un hermano del mismo director general, Claudio X. González Guajardo, es presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de las organizaciones promotoras de los amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, organismo que no se distinguió, en el pasado reciente, por su ojo crítico para escrutinar los desórdenes económicos y administrativos que afloraron en torno a los trabajos y la construcción del aeropuerto de Texcoco.
De alguna manera el trío formado por padre y sus hijos se manifestó en desacuerdo con la política del actual Presidente. Fue una crítica de grueso calibre; nadie les puede negar su derecho a hacerlo, y tampoco el de emitir sus opiniones como ciudadanos y empresarios.
Lo que llamó la atención fue la reacción de muchos ciudadanos en contra de dicha compañía: En las redes sociales se puso en marcha una campaña para convocar a los mexicanos: cito, a “no comprar productos Kimberly Clark tras su anuncio de no invertir en México. Los dueños son Claudio X. González, asesor y beneficiario de Carlos Salinas, y su hijo Claudio. Ellos tienen derecho a no invertir y los consumidores a no comprarles estos productos” -se repetía en las redes.
En unas horas esta iniciativa se volvió consenso en los medios electrónicos y muchos repitieron la consigna de no consumir los productos de una empresa que se negaba a invertir en México, donde tuvo ventas, el año pasado, por más de 37 mil millones de pesos, y una utilidad bruta por trece mil millones.
La respuesta de los consumidores en las redes preocupó al Consejo Directivo al grado que dio marcha atrás y comunicó que “durante 2019 la empresa invertirá alrededor de tres mil millones de pesos”. No es exagerado afirmar que la reacción de los clientes alarmó a los accionistas que reconsideraron la decisión de no invertir en México.
El fenómeno rebasa la anécdota y a la empresa: Parece un despertar de los compradores que encontraron una manera de expresar su descontento e influir en el mercado. ¿Veremos en el futuro campañas similares para reprobar malos manejos en la ecología, injusticias laborales, engaños a los clientes…?
El panorama es amplio.