El pasado viernes 5 de abril las fuerzas policiales de la República de Ecuador sitiaron la Embajada de México en el intento de arrestar al ingeniero Jorge Glas que fue vicepresidente de Ecuador cuando Rafael Correa fue mandatario, y luego fue reelegido en el cargo en 2017, con Lenin Moreno como presidente.
Jorge Glas fue acusado de peculado y corrupción por el caso Odebrecht, en una maniobra judicial que no ha parecido ser totalmente transparente. Fue condenado a ocho años de prisión de los cuales cumplió seis y salió en libertad provisional que le fue revocada en un intento de mantenerlo aislado. Fue entonces que solicitó asilo político en la Embajada de México en Quito. Él se considera perseguido político.
El actual presidente de Ecuador es Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, de 36 años de edad; es un administrador, empresario y político nacido en Miami y ciudadano ecuatoriano. Se desempeña como presidente constitucional de la República del Ecuador desde noviembre de 2023. Es hijo de uno de los empresarios más conocidos del país, Álvaro Noboa, que alguna vez buscó la presidencia en contra de Rafael Correa.
Esa noche del viernes 5 de abril, la Policía ecuatoriana saltó la cerca de la embajada mexicana y entró a la fuerza para arrestar a Jorge Glas que había recibido asilo político apenas unas horas antes. Antes de eso la embajadora Raquel Surur fue declarada persona non grata y obligada a salir de Ecuador. En la Embajada de Quito permanecía Roberto Canseco como encargado de la Embajada.
Los elementos de seguridad derribaron la entrada principal y permitieron el acceso a dos vehículos, luego ingresaron a la fuerza a la representación diplomática, agredieron a Roberto Canseco, lo tiraron al suelo y sacaron cargando al ex vicepresidente.
No se puede ignorar que en el derecho internacional la sede de una embajada es considerada territorio del país ahí representado. Al invadir ese recinto violaron el territorio mexicano, como si hubieran atacado Nogales, Matamoros o El Sásabe, que es cruce fronterizo y con escasa población, pero es México, sin duda.
Cuando Pinochet dio el golpe sangriento y bárbaro contra Salvador Allende en 1973 no se atrevió invadir la Embajada mexicana donde estaba la familia de Allende; cuando Estados Unidos invadió Panamá respetó la sede diplomática del Vaticano donde estaba Manuel Noriega. No querían aparecer como invasores de un país con quien mantenían relaciones.
Pero a Noboa, representante de la extrema derecha de su país, no le importó atacar nuestra representación, quizá no midió las consecuencias. La reacción del gobierno mexicano, y del presidente López Obrador, fue digna y justa: Evacuó al personal de la Embajada para evitar nuevas agresiones, y logró que 29 naciones americanas condenaran el asalto a la Embajada, sólo el Gobierno de Bukele en El Salvador se abstuvo de respaldar la condena, a la que incluso el Gobierno de los Estados Unidos se sumó.
Ahora, además, el Gobierno mexicano ha presentado una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, para que se enjuicie y juzgue al actual Gobierno de Ecuador por su conducta hostil en territorio soberano mexicano. Se trata, afirmó el mandatario mexicano, de que no se deje pasar la invasión y violación del territorio de una Nación soberana. Que se dé una sentencia y haya consecuencias para el Gobierno agresor.
El incidente fue una invasión hostil por parte de un país supuestamente amigo. Un ataque como este debe mover a la unión y concordia nacional, incluso en tiempo de elecciones.
Querer aprovechar este suceso para sacar ventajas partidistas o particulares muestra oportunismos mezquinos, lejanía del sentir de de las mayorías y una supeditación de lo nacional a metas y sentires particulares.
Aprovecharlo para llevar agua a molinos electorales muestra severas limitaciones de criterio y cierta incapacidad para sentir con México y entender nuestra historia.
Parecen poco preparados para las responsabilidades a las que dicen aspirar…