Por La Jornada
Más de 700 mil estudiantes de educación básica del estado de Chihuahua finalmente podrán asistir a clases con los libros de texto gratuitos preparados para ellos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este feliz desenlace se da luego de que la Asociación Estatal de Padres de Familia, la organización civil Clínica de Derechos Humanos y el abogado particular Gabriel Vidaña Manjarrez se desistieron de los amparos que distintos juzgados les otorgaron para frenar la distribución de las obras.
Para que estos grupos y personajes conservadores cesaran su ataque contra el derecho de los niños a recibir los materiales educativos, fue necesario que los maestros adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emprendieran un paro de labores en el que exigieron al gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván y a los integrantes del Poder Judicial la entrega de los libros, sin los cuales no pueden llevar adelante sus labores en términos óptimos.
Debe recordarse que los alumnos de primaria de la entidad norteña se han visto privados del material didáctico elemental desde el inicio del presente ciclo escolar el pasado 28 de agosto, debido a que Campos Galván interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar su distribución, y el ministro Luis María Aguilar Morales cometió la falta ética y legal de aceptarlo. Pese a que desde el 5 de octubre el máximo tribunal enmendó el sinsentido de su ex presidente y desechó la controver- sia del gobierno blanquiazul, seis días después la Secretaría de Educación y Deporte (SED) volvió a retener los libros debido a los amparos concedidos en tribunales menores.
Desde el primer momento, ha sido evidente que el objetivo de la administración panista nada tiene qué ver con una presunta inquietud por las fallas (unas reales; otras, inventadas) de los libros de texto gratuitos diseñados para poner en marcha el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana. La intención no ha sido otra que el golpeteo contra el gobierno federal y el afán de inducir pánico entre los ciudadanos a través de una narrativa sobre conspiraciones comunistas y adoctrinamiento del Estado.
El Partido Acción Nacional llevó tan lejos su cruzada neocristera que su líder nacional, Marko Cortés, llamó a desechar los libros, o al menos
arrancarles las hojas cuyo contenido no coincida con las visiones de la ultraderecha. Apenas el lunes 16 se filtró una grabación en la que la titular de la SED, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, exhorta a sus subordinados a amedrentar a los docentes para que no participaran en el paro de labores, revela la estrategia gubernamental para estigmatizar al magisterio organizado, y exhibe su desprecio hacia los niños de la entidad al remarcar que los funcionarios deben lealtad a la gobernadora Campos Galván.
Cabe congratularse por que la movilización magisterial haya puesto fin a la insensatez desatada por las autoridades panistas y membretes retrógrados de la sociedad y sostenida por la complicidad o la irresponsabilidad de los miembros del Poder Judicial que otorgaron amparos carentes de cualquier sustento jurídico.
Sin embargo, en el ínterin cientos de miles de niños recibieron una instrucción mutilada por la falta de los materiales adecuados al plan de estudios vigente, con lo que se les causó un daño irremediable. Asimismo, es imperativo que el gobierno de Campos Galván aclare qué tan lejos llegó y cuánto dinero público desperdició en su plan, anunciado el 15 de agosto, de reimprimir ejemplares de los libros de texto de la generación 2019.
Según declaró entonces el secretario de Hacienda de Chihuahua, José de Jesús Granillo Vázquez, una parte sustancial de esa producción se encargaría a empresas privadas, por lo que la sociedad debe ser informada acerca de los recursos que hayan podido dilapidarse en el transcurso de lo que no fue sino una costosísima e irracional campaña de golpeteo.