La gobernadora María Eugenia Campos, al interponer la controversia constitucional para trabar la distribución de los libros de texto gratuitos, exhibió dos aristas que a mi juicio no han sido valoradas suficientemente en la deliberación pública.
La primera tiene que ver con un comportamiento típico de la derecha política, en este caso de raíz católica y fascista. Se trata de que la gobernadora antepuso sus convicciones personales a la responsabilidad que tiene como funcionaria pública. O sea, trata de imponer lo que constituye el núcleo central de su pensamiento y sobre todo sus creencias, alejándose diametralmente de las responsabilidades que le atañen y de los resultados que está produciendo su accionar ante la Suprema Corte.
Ella, como gobernadora, puede pensar que sobre Chihuahua y el país se cierne la amenaza de un comunismo y el propósito devastador de un gobierno en materia educativa, porque de que es adversaria de la educación pública, no cabe la menor duda.
Maru personifica una larga historia que pone a las instituciones públicas por debajo de las instituciones religiosas, sus jerarquías y la derecha empresarial que la empujó a crear un conflicto, en lugar de evitar el daño que ya se está produciendo en contra de la niñez, afectada por la falta de materiales escolares, que se suman a la tragedia que produjo un retraso por la reciente pandemia.
El otro aspecto tiene que ver con el contenido de la controversia constitucional y el propósito de largo plazo que, de llegar a ganar en la Corte, lo único que produciría es un problema mayor.
¿Acaso pensó que ganando la controversia los maestros se van a acoger a sus cuadernillos caros y malhechos? Todo funcionario público puede tener las convicciones que quiera, pero debe entender que sus acciones producen consecuencias, y en el caso que me ocupa es obvio que resultará más caro el “remedio” que la “enfermedad”.
Hay una solución que no ha recibido la observación esmerada que requiere el movimiento magisterial que se expresará mañana en las calles: que la gobernadora se desista ya de su demanda de controversia constitucional.