Por Carlos Soledad | El Salto | Desinformémonos.org
El Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, con sede en San Cristóbal de las Casas, acompaña desde hace 32 años a familiares y víctimas de actos de tortura. Durante todo este tiempo, gobiernos de todos los colores han tenido el poder, se han desarrollado reformas constitucionales y legales, pero las detenciones ilegales acompañadas con actos de tortura, continúan siendo, según el Frayba “el método de investigación principal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas”, simulando así “la justicia y llenando las cárceles de víctimas de violaciones a los derechos humanos”(1). Este trabajo de denuncia de torturas por parte del Estado mexicano a personas indígenas han representado para el equipo del Frayba incluso amenazas de muerte.
Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va de este año, el Centro de Derechos Humanos, ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de jueces del Estado de Chiapas. Así mismo, durante 5 años, del 2014 hasta enero del 2019, registró otras 55 solicitudes para la aplicación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul. Estas solicitudes de aplicación del manual, por parte de jueces de Chiapas al Frayba, se deben a la falta de capacitación y contratación de peritos y peritas especializadas en la aplicación del dictamen en las instituciones oficiales.
Chiapas es uno de los Estados donde menos se respeta el Estado de Derecho. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 existe un fuerte deterioro del sistema de justicia
En 2019, la Fiscalía contra la Tortura del Estado de Chiapas ejerció un presupuesto de ocho millones de pesos, sin demostrar resultados para su erradicación. Por el contrario, “la impunidad contra los servidores públicos que participan y cometen detenciones ilegales y actos de tortura estuvo garantizada”. Del 2006 al 2019 no se registró ninguna sentencia condenatoria en el Estado de Chiapas en contra de ningún responsable del delito de tortura. En el mismo periodo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, CEDH, recibió 674 quejas por tortura física y psicológica.
Chiapas es uno de los Estados donde menos se respeta el Estado de Derecho. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 existe un fuerte deterioro del sistema de justicia. “Ausencia de contrapesos institucionales, un estancamiento en la lucha contra la corrupción, además de una inseguridad creciente, lo que genera que haya una tendencia hacia la detención arbitraria de la población más vulnerable”.
Recientemente, el Frayba presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la que elevaron dos casos que ejemplifican cabalmente que en Chiapas existe también un patrón de criminalización a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.
El primero de los casos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad, PAL, desde diciembre de 2020. “Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente” explica el Frayba en la denuncia, amparándose en sus propias averiguaciones.
En el documento se señala, que de acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén, la acusación en su contra fue un acto de criminalización debido a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención, continúa mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establece un límite de dos años.
Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, el Frayba busca que se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica
El segundo caso, denunciado ante la ONU son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. Cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Según el boletín de la denuncia “se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio”. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados “por un homicidio que no cometieron”. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar “un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”.
Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado. El Frayba ha presentado la denuncia ante la ONU para exigir justicia y por la libertad absolutoria para los seis mayas tseltales, con el objetivo de que se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales. Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, la ONG busca que se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica.
El patrón de criminalización que ha denunciado el Centro de Derechos Humanos incluye “participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indígena”, utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios; “acusaciones falsas; tortura; uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos; participación de autoridades comunitarias; Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL); detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y un Poder Judicial cómplice, sin acción judicial en su conjunto”. Se trata de un patrón con detenciones arbitrarias que buscan, según el Frayba “castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio”.
La criminalización a defensores comunitarios “no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad”, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un “estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad como pueblos originarios” concluye el Frayba en el documento.