Por Ernesto Camou Healy
Esta semana Perú vivió una nueva crisis política: En una confrontación entre el Congreso y el presidente Castillo, cuando éste intentó disolverlo, los legisladores se le adelantaron, lo removieron del cargo y lo arrestaron.
Dina Boluarte, su vicepresidenta, lo reemplazó, con lo que se convirtió en la primera mujer en presidir Perú; también es el sexto gobernante en los últimos cuatro años…
El suceso presenta complicaciones que conviene entender. Se trata del primer presidente de origen campesino. Es originario de Cajamarca, una región que sobrepasa los 3 mil 500 metros (s. n. m.) y ahí fue profesor por más de dos décadas. Hace un lustro encabezó una huelga general que obligó al Gobierno a subir los sueldos del magisterio, por mucho tiempo deprimidos.
Este episodio lo catapultó a la escena nacional y fue candidato presidencial en 2021, pasó a segunda ronda como contrincante de Keiko Fujimori, hija de su padre y tan desprestigiada como él. La venció y asumió la presidencia en Julio de 2021. Un funcionario del anterior régimen lo acusó de estar involucrado con Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que tuvo acciones terroristas en varias regiones del país. Castillo demostró que había participado en su caserío en una autodefensa contra Sendero, que llaman los “Ronderos”. Él se afirma católico tradicional, está en contra del matrimonio gay y del aborto, y es respetuoso de las tradiciones de su pueblo. En su comunidad posee una hectárea de tierra de labor donde cultiva maíz y camotes, tiene gallinas y alguna vaca. Cuando iba a tomar posesión de la residencia presidencial bromeó al preguntar dónde podía resguardar sus gallinas y la vaca…
Castillo arribó a la presidencia postulado por un partido pequeño y pasó a segunda ronda porque había tal cantidad de candidatos que la votación se diluyó y le permitió entrar a la siguiente vuelta electoral.
Pero arribó al Gobierno con varios puntos en su contra: Tenía muy poca experiencia; su apoyo es una frágil minoría campesina; el Congreso es muy heterogéneo, y no tenía legisladores afines a su Gobierno. Su condición pueblerina provocó un repudio clasista entre las elites y muchos funcionarios. Muy pronto comenzaron a acusarlo de corrupción, y la fiscal general procedió a investigar lo que llamó una red de corrupción; no sobra mencionar que la misma fiscal se hizo la desentendida cuando se acusó a una hermana suya de una fechoría similar.
Es probable que se hayan generado actos de corrupción durante su Gobierno, parece difícil que estuviera implicado, y afirmar que encabezara una red nacional que lo enriqueció resulta desmesurado, sobre todo cuando su estilo de vida siguió siendo sobrio y modesto. Pero se mostró muy poco preparado y sin oficio político, y se enfrentó a un Congreso hostil en defensa de sus canonjías, y a la suspicacia generalizada de las clases favorecidas desde siempre por otros gobiernos.
Su mayor obstáculo fue una reforma constitucional de 1993 que permite al Congreso declarar vacante la presidencia por “incapacidad temporal o permanente del presidente”. Eso explica la rápida sucesión de mandatarios, desechados por el Congreso en los últimos años.
El presidente, por su parte, tiene la facultad de disolver al Congreso si éste le retira su confianza al menos dos veces. Castillo consideró que esa condición se cumplía, y cuando lo intentó, el Congreso lo destituyó por “incompetencia moral” que, según un jurista peruano, es una ley del siglo 19 para conceptuar una enfermedad mental de un mandatario: “Cada vez que los congresistas consideran que el presidente es un inmoral, lo pueden destituir discrecionalmente con solo la fuerza de los votos, y ese término de inmoral es algo muy gaseoso hoy día”.
De inmediato los legisladores y sus cómplices procedieron a culparlo y llamar “dictador” a quien no habían dejado gobernar. Preocupa, además, el coro de falacias y calumnias repetido por todo el continente: Son una justificación del desaguisado y un aviso…