Quienes más defienden el agua en este país –y en casi todo el planeta– no son los estados, sino muy diversas organizaciones y movimientos de base. No es extraño: quienes más sufren de la escasez o de la contaminación del vital líquido son las comunidades rurales, los usuarios urbanos, los pueblos indígenas y los pequeños y medianos agricultores.
En toda nuestra geografía bullen los movimientos en defensa del agua: en la Huasteca, comunidades indígenas y mestizas, así como organizaciones del noreste del país, se oponen al fracking y exigen un blindaje presidencial, porque reducirá y contaminará el agua de todas y de todos; el colectivo Tierra Mestiza lucha contra la apropiación del agua por parte de embotelladoras y empresas privadas en la región de Cholula, Puebla; las y los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara luchan contra la privatización del líquido y por tener agua verdaderamente potable; en Ascensión, Chihuahua, las y los ejidatarios se oponen a los pozos clandestinos y al tendido de líneas que los electrifican, porque están abatiendo sus acuíferos y los niveles freáticos se contaminan de metales pesados. En varias lenguas indígenas, en castellano, con acentos del sur, del centro y del norte del país, el grito es el mismo: “Agua para todas y para todos, agua para la vida”.
Para todos ellos ha abierto una brecha importante el triunfo esculpido a pulso por las organizaciones ciudadanas de la Comarca Lagunera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de rechazar el intento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Consejería Jurídica de la Presidencia por modificar la sentencia número 543 que protege el acuífero principal de la Comarca Lagunera. La ejecutoria del amparo en revisión 543/2022 ordenó cesar las acciones que agravan la sobrexplotación del acuífero mencionado, y al dejar sin materia el recurso de Conagua y la Consejería Jurídica, la Corte determina que la resolución del amparo sigue vigente, firme y con plena fuerza ejecutoria.
Ya habíamos relatado en estas mismas páginas la saga de las organizaciones sociales de la comarca: Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, que en 2019 interpusieron un amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conagua, porque sus acciones y omisiones incidían en la sobrexplotación del acuífero y no garantizaban el derecho humano al agua de la población. Cuatro años después, el 1º de marzo de 2023, la primera sala de la SCJN emitió la sentencia 543, en la que aprueba por unanimidad otorgar el amparo de la justicia federal contra la sobrexplotación del acuífero Principal Región Lagunera y ordena a la Conagua, la Semarnat y al organismo Cuencas Centrales del Norte que paren de dar concesiones de nuevos pozos y que hagan programas que reparen el nivel del acuífero.
A la lentitud por parte de las tres dependencias para poner en marcha el acuerdo judicial se sumó el recurso legal interpuesto por 29 concesionarios del agua subterránea, sobre todo lecheros, para anular la sentencia 543. Las organizaciones se manifestaron y lograron que el 12 de marzo pasado, un tribunal colegiado rechazara el recurso de los concesionarios.
El conflicto escaló, pero también la terquedad ciudadana lagunera: ante la presión de las empresas concesionarias, hizo que la Consejería Jurídica de la Presidencia, en representación expresa, presentó ante la Corte el oficio 100.CJEF.06053, pidiendo delimitar y modificar los alcances de la sentencia, estableciendo que no podía limitarse la actuación de la Conagua en materia de derechos de los concesionarios sobre el agua subterránea, incluidas las prórrogas de concesión. Las organizaciones laguneras denunciaron públicamente este hecho como injerencia del Ejecutivo en el Judicial de poderes, y con toda la argumentación jurídica en la mano, hablaron con el presidente de la SCJN y la ministra ponente, la licenciada Lenia Batres Guaderrama. Así lograron que la Corte declare firme y vigente la sentencia 543, que protege el acuífero principal de la Comarca Lagunera.
El triunfo de la ciudadanía se logró con base en la continua denuncia e información al público, una sólida defensa jurídica llevada a cabo por abogados jóvenes y competentes y una inquebrantable voluntad de lucha. Gracias a eso se logró preservar el derecho humano al agua para más de un millón de habitantes de la comarca, se impidió una violación a la división de poderes, se acotaron las atribuciones de la Conagua y la Semarnat y se ponen límites muy claros a la concentración de concesiones y sobrexplotación de los acuíferos por unas cuantas empresas.
Pero tal vez lo más importante es que la lucha de estas organizaciones laguneras (que, por cierto, aún tienen algunas batallas legales por delante), como todos los movimientos sociales, abre un inédito viable, es decir, muestra que es posible hacer uso de las instancias e instrumentos legales, sobre todo del juicio de amparo, para proteger los bienes comunes y derechos de todas y de todos.
Eso les agradecen todas las comunidades, personas y organizaciones que luchan por el agua y el territorio en nuestro México.