Por Jaime García Chávez
Parece que el tema tabú, al menos para los medios, pero la actual presencia de militares estadounidenses en territorio mexicano no es ninguna novedad. La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado, y este concedió de manera servil, autorizar el ingreso de 139 elementos del Ejército de Estados Unidos en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Gertrudis, sede de la Quinta Zona Aérea Militar en el municipio de Saucillo, Chihuahua.
Por una vía corre el discurso soberanista y no injerencista de la Presidenta de la República, y por otro se impone lo que sólo en principio se puede tener como una relación bilateral equitativa entre nuestro país y la potencia militar de los Estados Unidos.
La Constitución General de la República en su artículo 76, fracción III, faculta al Ejecutivo federal, en su calidad de Jefe supremo de las fuerzas armadas, a gestionar ante la Cámara de Senadores la autorización correspondiente; y es facultad exclusiva de esta autorizar “el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional”. Obsérvese que se habla de una operación de tránsito, no de estancias temporales y mucho menos de ejercicios compartidos de manera asimétrica, pues nunca los recursos con que cuentan los Estados Unidos se podrán comparar con los nuestros.
Pero el trámite se ha cumplido rigurosamente, sustentado en el predominio que actualmente ejerce Claudia Sheinbaum. Se sigue con la práctica de obedecer ciegamente los deseos presidenciales, y a su vez de esta con las pulsiones de la administración Trump en esta coyuntura.
No hubo un debate consistente sobre el momento que vive el país para la resolución sancionada en la llamada Cámara alta. A un asunto tan importante se le dio el trato de mero trámite y el tema no ha sido agenda pública, explicable como actitud en el oficialismo y obsequiosidad de las llamadas oposiciones.
En otra esfera, no hay que perder de vista que la presencia norteamericana forma parte de todo un tinglado mediante el cual la administración Trump orquesta para tratar a México en términos de subordinación.
Para nadie es desconocido el racismo, las agresiones a los connacionales por las agencias antiinmigrantes, la exigencia norteamericana de estos días para que México opere e invierta más en materia de seguridad en lo concerniente al narcotráfico, el regateo que hay en relación al T-MEC, y la puesta en escena, con otro nombre, de una supuesta “certificación antidrogas” del país por la vecina potencia, que de sobra está decir, nos tienen ubicados en el lado oscuro de la realidad. Exigen mucho y dan poco.
La asimetría es tal que los Estados Unidos marcan el rumbo y tienen el poderío para que el Gobierno mexicano obedezca y baile al son que Trump le toca.
Entiendo que es una situación de fuerza y además que no es fácil de resolver desde nuestro país. Empero, el lenguaje oficial transita por otra vía y retóricamente postula un discurso favorable a una soberanía casi insular que contrasta con acuerdos como el de permitir el ingreso de 139 militares en territorio nacional.
Siendo realistas, los militares norteamericanos vendrán por lo suyo y por lo que les interesa, y con instrumentos de tal sofisticación que no están al alcance de nuestras fuerzas armadas.
Quien crea que vienen a compartir en condiciones de igualdad, es un ingenuo y se miente a sí mismo, y el gobierno actual está en esa condición.
Desde el balcón chihuahuense esto se ve a la luz del reciente escándalo por la intervención de agentes de la CIA, fallecidos en un supuesto accidente, posterior al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. La diferencia, se dirá, es que hay un conocimiento y autorización oficiales, lo que en esencia sí dice mucho, pero no todo lo que desde el discurso presidencial se sostiene.
Que hay un matiz, es cierto. Pero es un matiz que permite empezar a valorar la certidumbre de la soberanía de la que nos habla la narrativa oficial.
Como chihuahuense repudio esta presencia militar.
Finalmente quiero compartirles un texto de Maquiavelo, citado libremente, que el académico Elisur Arteaga Nava tomó para comentar el artículo 97 de la Constitución, que arroja esta enseñanza: vale más dar permiso, aunque no se tenga la fuerza para impedirlo, que pasar la vergüenza de negarlo a quien puede hacerlo, teniendo toda la fuerza, pero no lo hace por voluntad propia.
No está de más, pero el discurso soberanista, puesto en la realidad, sólo tiene oídos entre la propia clientela del oficialismo. Hoy más que nunca, y lo he reiterado en esta columna, hay que redefinir nuestra política exterior, porque hemos llegado a un punto inadmisible.
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