Por Jaime García Chávez
Con una exitosa convocatoria se instaló en la Ciudad de México la Alianza Democrática, un esfuerzo ciudadano y plural, el pasado jueves 10 de septiembre. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática hizo el gran esfuerzo para congregar, personal y virtualmente, a cientos de ciudadanos y ciudadanas para vertebrar la observación electoral en el conjunto de elecciones locales y la federal de diputados que se realizarán el próximo año 2027.
El diagnóstico que justifica y legitima esta oportuna iniciativa está contenido en un breve documento en el que se afirman una serie de ominosas circunstancias por las que atraviesa el país, a saber:
“México está perdiendo su democracia. Paso a paso, se han ido desmantelando las instituciones creadas para ejercer y garantizar derechos y desplegar libertades. El INAI se extinguió, la CNDH abdicó de sus fines, el Poder Judicial se puso a disposición del partido-gobierno, el Legislativo sufrió un fraude que entregó la mayoría calificada a la coalición gobernante, y las instituciones electorales: el INE y el Tribunal Electoral, están capturadas y sometidas al interés del partido hegemónico.
La creciente presencia del crimen organizado en amplias zonas del país no sólo ha puesto en riesgo la vida y la seguridad en la mayor parte del territorio de México, sino que ha puesto en peligro el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y la legitimidad de los procesos electorales. El miedo ha inhibido la participación ciudadana y la corrupción se ha ido expandiendo en la vida pública del país.
La concentración abusiva de los poderes públicos ha agravado esos problemas, ha clausurado el diálogo con quienes no se someten a sus decisiones, ha difamado, estigmatizado y aun amenazado las disidencias y ha usado los recursos públicos como si le pertenecieran para pagar estructuras masivas de movilización clientelar.
Durante años hemos visto la operación política de los llamados ‘siervos de la nación’ y hoy estamos atestiguando actos anticipados de campaña apenas disimulados, cuyos costos se están pagando con dinero opaco e ilícito que ya están desequilibrando y convirtiendo a las elecciones mexicanas, una vez más, en un espectáculo de ilegalidad, avalado por autoridades electorales entregadas al oficialismo”.
Este dictamen político está respaldado en hechos, no son ni remotamente meras ocurrencias o el simple intento de oponerse por oponerse a la hegemonía de la autollamada “cuarta transformación”. El poder presidencial que se intentó acotar en el pasado, incluso por quienes hoy ocupan espacios de poder, ahora no tiene contrapesos. Los poderes judiciales están sometidos y las instituciones garantes de elecciones libres, competitivas y confiables están dentro de la servidumbre que les impone el oficialismo, a la vez que el Congreso de la Unión, en su estructura actual, usurpa una representación que no obtuvo en las urnas.
El círculo lo cierra el cruce de los programas sociales del Bienestar con la actividad pertinaz de los “siervos de la nación” que hoy ya no duermen y están apoyados en el presupuesto público para realizar las futuras elecciones, fuera del marco de los principios y de la Ley en estricto sentido que se reclama como objetivo central a cumplir en forma y fondo por la nueva Alianza Democrática.
Es sensible, como ya se ha dicho de mil formas, la confusión de delincuencia y política, lo que hace previsible que las futuras elecciones se tiñan de sangre, como ya ocurre desde hace algunos años, por la disputa de las redes de poder que están en juego y que el mismo crimen organizado necesita para su operación sin trabas e impunidad.
En este marco, la convocatoria a una observación electoral es una tarea, aparte de ingente y difícil, de resistencia, y se acrecienta el reto que se tiene enfrente con una elección muy grande en todos los sentidos. Esta observación electoral, que es una defensa de la legalidad, se puede convertir en un factor disuasorio y contribuir a retomar la ruta burocrática frente a la autocracia creciente.
En la instalación de la Alianza Democrática los ponentes principales recordaron las experiencias de los años 90 del siglo pasado, y no sin nostalgias hablaron de sus limitaciones y bondades, pero sobre todo de la gran contribución que fue para avanzar en la construcción de un sistema democrático hoy amenazado de manera más peligrosa que en aquellos años.
Si bien la definición del régimen político actual deambula de una interpretación a otra, en ocasiones disimiles, la realidad es que la implantación de una política de adversarios, inaugurada por la Cuatroté, se pinta en ocasiones con tonalidades totalitarias, fanáticas, policiacas, militaristas, intolerantes y agresivas con el disenso creciente que hay en el país por el rumbo que ha tomado a lo largo de los últimos años.
Hoy vemos cómo notorias figuras en este presente, hombres y mujeres con un gran conocimiento de lo que ha significado el establecimiento de un sistema electoral democrático, están dispuestas a involucrarse en primera línea en la futura batalla planteada por la Alianza. Hay una valiosa memoria no menor a la experiencia acumulada que hoy puede jugar un jugar papel estratégico, subrayando que hay un compromiso de esta Alianza de no pactar o ponerse al servicio de partido político alguno.
La tarea es limpia, necesaria y genuina. Me sumo y les deseo éxito.