Desde los feminicidios de Rubí y Marisela Escobedo hace más de una década, hasta el de Danna Muñoz este 2025, casi nada ha cambiado con respecto a la violencia que viven las mujeres en Chihuahua, aseguraron activistas y organizaciones de derechos humanos durante una jornada de dos días para conmemorar la lucha y vida de la activista asesinada frente a Palacio de Gobierno.
Sin embargo, el expediente sigue bajo la lupa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantiene vigente la esperanza de alcanzar una justicia que las autoridades locales estatales y federales no han garantizado en 15 años.
Por Óscar Rosales y Karla Quintana / Raíchali
A quince años del feminicidio de Marisela Escobedo, ocurrido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, su caso sigue impune, luego de que el Estado mexicano incumpliera las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Conciencia, declararon organizaciones, representantes de la iglesia y activistas durante una jornada de conmemoración de la lucha de la activista originaria de Ciudad Juárez.
La jornada comenzó el pasado lunes 15 de diciembre en la tarde, en el centro cultural Armónico, con la proyección del documental de Netflix “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, que narra la búsqueda de justicia por Marisela ante el asesinato de su hija de 16 años, Rubí Marisol Frayre Escobedo, a manos de Sergio Barraza Bocanegra, alias “El Piwi”.
Las personas asistentes tuvieron la oportunidad de conversar con el director del documental, Carlos Pérez Osorio, quien compartió sus experiencias e ideas durante la realización del mismo.
Al día siguiente, durante la mañana del martes 16, un grupo de activistas, organizaciones civiles y representantes de la iglesia, se reunieron en torno a la placa de Marisela Escobedo, ubicada a un lado de Palacio de Gobierno y donde fue asesinada en 2010. Ahí mismo, compartieron algunas palabras de admiración hacia su lucha, resanaron con cemento las grietas alrededor de la placa, dejaron un arreglo floral y colocaron algunas velas.
“Defendió el amor entre nosotros, los seres humanos en esta tierra, defendió la dignidad humana y además su palabra iluminó muchas conciencias. Pobres de quienes hicieron lo que hicieron con Marisela queriendo apagar su su voz, lo único que hicieron es hacer llegar su voz mucho más allá de las fronteras de México, mucho más allá de las fronteras de este continente”, expresó el Fray José Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo.
En la Cruz de Clavos de la Plaza Hidalgo, colocaron un tendedero con fotografías de Marisela, sus diversas protestas en Chihuahua y otras ciudades del país, así como otros aniversarios luctuosos de su feminicidio.
Madres buscadoras, incómodas para criminales y gobierno
Para Ruth Fierro, directora del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y abogada de la familia Escobedo durante el caso, la violencia contra las mujeres en Chihuahua y el resto del país no ha cambiado mucho en los últimos 16 años. Aseguró que actualmente los retos a los que se hubiera enfrentado Marisela para obtener justicia por el feminicidio de Rubí, serían prácticamente los mismos.
Para hacer una comparativa, Ruth recordó el reciente feminicidio de Danna Angelina Muñoz Rayón, de 21 años, desaparecida el 17 de agosto de este 2025 y que fue localizada sin vida en una casa que fue señalada con tiempo por familiares y amistades de la joven, en el fraccionamiento Romanza, rumbo al municipio de Aldama.
“Los retos seguirían siendo muy parecidos, sobre todo también hoy por en índices de impunidad estamos igual (…) Hemos visto muchos casos de madres buscadoras que han sido asesinadas buscando esta justicia. Entonces, desafortunadamente creo que que las cosas no serían muy distintas, hay un avance sobre todo en el tema de legislación, de normativas, de cosas así, pero no necesariamente de cambios institucionales que lo hagan una realidad”, explicó Fierro.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al día de hoy Chihuahua es el cuarto estado con más feminicidios, con 41 casos de enero a octubre del 2025.
Para el CEDEHM, el caso de Marisela ya no es aislado. Al crimen organizado y al gobierno de México, las madres buscadoras les resultan incómodas porque evidencian las fallas de las autoridades y su complicidad con los grupos criminales, por lo que entonces las agresiones, amenazas y asesinatos se dan contra ellas de manera sistemática, con total impunidad, explicó la abogada del CEDEHM.
“Cuando las madres buscadoras como Marisela van poniendo de relieve las deficiencias del Estado, las complicidades entre grupos del crimen organizado y autoridades, pues ahora se sienten con ese con ese poder, con ese derecho (de asesinar) porque han visto que no ha pasado nada”, señaló Ruth Fierro.
Aún con ese contexto, las madres buscadoras en Chihuahua exigen involucrarse en los rastreos y búsquedas que realizan las autoridades locales, pero sus demandas en su mayoría son ignoradas, afirmó Gabino Gómez, abogado y uno de los fundadores del CEDEHM.
“Batallamos, ocultan en general la información. Nos enteramos de las búsquedas rastreos una vez que ya efectuado la entrega, un poco para ocultar que para impedir que se haga la petición de acompañamiento”, aseguró.
Las negativas hacia las madres y familias buscadoras también está relacionada con la falta de equipos y vehículos adecuados que faciliten las tareas de rastreo.
De acuerdo con el informe “En Búsqueda del Rastreo“, de las organizaciones Fundar. Elementa DDHH y Política Colectiva, Chihuahua destinó en 2024 alrededor de 17 millones 806 mil pesos en las comisiones locales de búsqueda del estado. Lo anterior convierte a Chihuahua en la décima entidad federativa con menor presupuesto, a pesar de que somos el doceavo estado con más personas desaparecidas, con 4 mil 52 casos contabilizados el año pasado.
De acuerdo con el documento, en México existen más de 120 mil personas desaparecidas y 79 mil cuerpos sin identificar, el gobierno federal y los estados solo destinaron el 0.036% del presupuesto gastado en 2024 en estos temas. Afirman que, si todo el presupuesto federal y estatal fueran 100 pesos, los gobiernos no hubieran destinado ni un centavo a la crisis de desaparición.
“El Estado no ha cumplido”, Tribunal de Conciencia
Por la tarde del mismo martes 16, se realizó un homenaje religioso, un performance y la conmemoración donde se dirigieron palabras haciendo alusión a los elementos agua, tierra y viento.
“Estoy plenamente convencido de que la gente muere cuando se le deja de nombrar. ¿Cuándo vamos a dejar de nombrar a Marisela y a tantas y tantos que han dado su vida por la paz, la justicia, la fraternidad, la igualdad y la verdad?”, afirmó el sacerdote jesuita, Javier “El Pato” Ávila.
En representación del Tribunal de Conciencia, se leyó una actualización del fallo emitido tras el feminicidio de Marisela Escobedo. El pronunciamiento recordó que apenas un año después del crimen, cuando los hechos seguían presentes en expedientes y memoria pública, dicho tribunal documentó de forma rigurosa las omisiones y responsabilidades del Estado.
El texto subraya que, a 15 años, el tiempo no ha debilitado ese fallo, sino que lo ha confirmado. Señala que el Estado mexicano no ha cumplido de manera sustancial las recomendaciones emitidas, mantiene versiones contradictorias sobre la autoría del feminicidio y cerró de facto la posibilidad de investigar redes de complicidad y responsabilidades institucionales.
”La desaparición y el feminicidio de Rubí, Marisol Fra Escobedo, La justicia primero negada y luego tardíamente otorgada la lucha incansable de Marisela por la aprehensión de Sergio Rafael Barraza. Las amenazas que enfrentó y finalmente su asesinato frente a las puertas del palacio de gobierno” se expreso con la lectura.
Ante la falta de protección, la familia Escobedo se vio obligada a abandonar el país y, quince años después, continúa en autoexilio, sin condiciones reales para un retorno seguro.
Mujeres indígenas y campesinas se suman a denuncias
Durante el homenaje, Siria Solís, defensora de derechos humanos, campesina del ejido Benito Juárez e integrante de El Barzón Chihuahua, denunció amenazas por la posible reactivación de un proyecto minero de Canadá.
“Quiero denunciar que vivimos amenazados por la minera MAG Silver, que pretende regresar a nuestro ejido para abrir una mina a cielo abierto. Quienes defendemos el agua y el medio ambiente estamos en grave riesgo”, afirmó.
El Padre Pato recordó los asesinatos de los barzonistas Ismael Solorio y Manuela Solís, así como agresiones recientes contra integrantes del movimiento.
“Aquí, junto a la placa de Marisela y junto a las cruces de Ismael y Manuela, demandamos al Estado mexicano protección eficaz para las y los barzonistas y para las personas defensoras del agua. No queremos que nuestras advertencias caigan en el vacío como ocurrió con Marisela”.
También participó Amada Chávez, originaria de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, quien habló sobre el desplazamiento forzado en comunidades de la Sierra Tarahumara.
“Así como yo estoy desplazada, hay muchas compañeras desplazadas. No deberíamos andar en otros lugares mientras otras personas aprovechan lo que hay en nuestras comunidades”, expresó, y añadió que su exigencia es poder regresar algún día a su territorio.
El acto conmemorativo concluyó con una dramatización que recuperó, en voz, la historia de lucha y persecución que vivió Marisela Escobedo en su exigencia de justicia por el feminicidio de su hija. Frente al Palacio de Gobierno, las participantes realizaron un performance corporal en el que, con velas colocadas en el suelo, se escribió la frase “Marisela vive”, mientras que con los cuerpos se volvió a trazar el mismo mensaje.