Por Desinformémonos.
A siete años del asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez, su familia permanece desplazada de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, sin garantías de seguridad ni reparación integral. Mientras tanto, el despojo del territorio y la tala ilegal del bosque continúan bajo control del crimen organizado.
Carrillo fue comisario de bienes comunales y denunció durante años la explotación forestal y el despojo de su territorio por parte de mestizos y narcotraficantes. El 24 de octubre de 2018 fue asesinado después de múltiples amenazas y agresiones que también costaron la vida de su hijo, su yerno y dos sobrinos, todos víctimas de la misma violencia por la defensa del bosque y el territorio.
El colectivo Alianza Sierra Madre, que acompaña a la esposa, hijos, nietos y nietas del defensor, recordó que pese a las denuncias y a las medidas de protección emitidas por el Mecanismo Federal, no existen condiciones para su retorno ni se ha cumplido con una reparación integral. “Su familia sigue viviendo lejos del territorio que Julián defendió, sin acceso pleno a sus derechos y con el peso de una justicia que no llega”, señaló.
Las y los habitantes desplazados de Coloradas de la Virgen continúan sin protección, mientras el bosque sigue talándose y las tierras comunales permanecen ocupadas por grupos armados. La falta de respuesta del Estado mexicano ha permitido que la violencia y la impunidad se mantengan como una constante en la Sierra Tarahumara.
El caso de Julián Carrillo representa el abandono institucional hacia las personas defensoras del medio ambiente y de los pueblos indígenas, quienes enfrentan persecución, criminalización y desplazamiento forzado. Siete años después, su asesinato continúa impune y su familia sigue esperando justicia.