Por Desinformémonos
Artículo 19 condenó las amenazas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA en Tijuana, Baja California, que comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información sobre una narcofosa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la información de A19, Navarro recibió ocho llamadas telefónicas entre el 29 de abril y el 16 de mayo, en las que una voz masculina repite el mensaje «Dile a Adela Navarro que se cuide». Las llamadas han sido tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que por décadas ha cubierto temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.
Las amenazas tras la publicación de la nota sobre las narcofosas, explicó la organización, se intensificaron luego de «revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal». Posteriormente, el semanario publicó un reportaje sobre la revocación de visas e investigaciones a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.
Tras recibir las llamadas, Navarro informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, «sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva», precisó Artículo 19. «La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público», agregó.
La organización exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que inicie «de forma urgente» una investigación «diligente, imparcial y con enfoque de género» para identificar a los responsables de las amenazas, así como llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas de protección inmediatas para Navarro y el equipo de Semanario ZETA, «considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones».
De acuerdo con A19, tan sólo en 2024 se documentaron 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.
A continuación el comunicado completo:
ARTICLE 19 – Oficina regional para México y Centroamérica condena las amenazas dirigidas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA, medio con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.
La periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato. Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer el origen de éstas.
De acuerdo con el testimonio de la periodista compartido con ARTICLE 19, en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía. En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta. Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples.
Cabe mencionar que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en torno a una narcofosa y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal. Entre otras publicaciones recientes del semanario ZETA se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.
Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva. La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público.
A lo largo de 2024, ARTICLE 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales, la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.
De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha señalado que estas acciones provocan un efecto de autocensura que obstaculiza el ejercicio periodístico y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a obtener y difundir información e ideas de cualquier tipo.
Ante ello, ARTICLE 19 exige:
– A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables.
– Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario ZETA, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones.