Por John M. Ackerman
La contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto jamás tuvo el propósito de mejorar la calidad educativa o apoyar a la infancia. La intención era estrictamente política desde el principio hasta el final. Se buscó destruir al sindicalismo democrático magisterial y despedir a los maestros más conscientes y participativos, sobre todo en los estados del sur, con el fin de empoderar a las burocracias gubernamentales y poner el sistema educativo nacional al servicio del sector privado y las grandes empresas trasnacionales.
Hoy las nuevas leyes en materia educativa recuperan la rectoría del Estado y devuelven a los maestros y las maestras su papel central en el desarrollo del sistema educativo nacional.
La nueva Ley General de Educación asienta que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación y que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros parte de reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Y la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación tiene el objetivo de garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares.
Es mentira que la nueva normativa elimina la evaluación docente, permite la venta de plazas o garantiza el pase automático a los egresados de las escuelas normales. Eso sí, se les dará prioridad a quienes hayan estudiado en estas escuelas especializadas en las técnicas más avanzadas de pedagogía y enseñanza. Simultáneamente, se establece un sistema estricto de evaluación y de capacitación permanente, ya no con un carácter punitivo, sino de acompañamiento y de mejora continua de la docencia.
Y se garantizará la representación sindical en las decisiones de personal, como en cualquier país desarrollado, con el fin de proteger los derechos laborales del magisterio, así como hacer presente la voz del proceso pedagógico frente a los criterios burocráticos de la SEP. Las decisiones de ingreso, promoción y separación serán siempre tripartitas, entre sindicato, gobiernos local y federal, sin que ninguna de las partes pueda imponer su verdad.
Fue un grave error del gobierno anterior intentar culpar al magisterio de las deficiencias educativas del país. Los profesores de escuelas públicas son héroes invisibles que laboran largas horas por modestos salarios y con gran amor por sus alumnos. Los docentes en las zonas más marginadas muchas veces tienen que comprar su propio material didáctico, organizar colectas para arreglar sus escuelas y fungir simultáneamente como enfermeros, sicólogos y trabajadores sociales para sus alumnos y sus familias.
El mito del maestro huevón, ignorante y grillo es una fabricación de organizaciones como Mexicanos Primero y periodistas como Carlos Loret, cuyo único interés es privatizar el sistema educativo. Los problemas con el rendimiento escolar de los niños y las niñas mexicanas no son culpa de los docentes, sino de las condiciones en que están obligados a trabajar, frente a grupos de más de 30 alumnos desnutridos, sin la capacitación o el apoyo necesarios, y dentro de escuelas sin servicios básicos o infraestructura adecuada.
El sistema neoliberal abandonó al sistema educativo nacional, dejando al desamparo tanto a niños como a maestros. Así que el rescate del sistema pasa por revalorar y apoyar tanto a los educadores como a los educandos, ambos elementos igualmente importantes en el proceso educativo.
Ahora bien, queda claro que este gran logro no se hubiera materializado sin la movilización del magisterio nacional, y en particular de los maestros agrupados dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Fue la dignidad de los líderes de la CNTE lo que logró deshacer los pactos cupulares corruptos entre los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno de Peña Nieto. Fueron las valientes protestas de la CNTE que pararon en seco el intento de despido masivo de docentes promovido por Aurelio Nuño. Y fue la conciencia social del magisterio democrático que permitió romper con la lógica neoliberal de represión y de control social en materia educativa impulsada por el gobierno anterior.
La exitosa reversión de la contrarreforma educativa se debe en partes iguales a Morena y a la CNTE, demostrando que cuando los partidos y los movimientos sociales logran caminar juntos se pueden lograr grandes transformaciones.