Por Francisco Ortiz Pinchetti
Debiera preocuparnos a todos la suspensión definitiva dictada por un Juez federal que frena la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Y no porque según juristas ello signifique un retraso de cuando menos dos años en el inicio de la obra, con las consecuencias que ello tendría, sino porque la determinación judicial se suma a un alud de razones sobre la inviabilidad de un proyecto basado evidentemente en el capricho.
Hace justamente un año, el 15 de agosto de 2018, el organismo especializado MITRE, máxima autoridad internacional en materia aeronáutica, advirtió en un informe al entonces Presidente electo de México que mantener en operación el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habilitar la Base Militar de Santa Lucía como una segunda terminal aérea, no solo pondría en riesgo la seguridad de las personas por el cruce en la ruta de descenso de las aeronaves, sino terminaría demorando aún más el tráfico aéreo en la capital del país.
A esa opinión su sumaron las de diversos expertos que coincidían en que la opción de Santa Lucía es inviable por varios factores: el uso ineficiente del espacio aéreo, la falta de permisos para operar ahí, el tamaño insuficiente en la base militar para construir las pistas necesarias y la complejidad en el control aéreo. Además, no serviría para solucionar el problema de la saturación, que es la razón principal por la que se plantea la necesidad de un nuevo aeropuerto.
Particularmente, un análisis realizado por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), bajo premisas como seguridad, eficiencia y conectividad, concluyó que las mejores condiciones técnicas estaban en el Nuevo Aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, aun antes de tomar posesión, el Presidente electo decidió la cancelación del a NAICM tras una “consulta” gansito, absolutamente ilegal.
Ahora nos enteramos, además, que el costo previsto del proyecto aeroportuario que involucra a de Santa Lucía, el viejo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca, se asemeja cada vez más al de Texcoco, cancelado supuestamente por “oneroso”.
Resulta que la suma de cifras publicadas hasta ahora, recopilada por el diario Reforma, indica que el sistema planeado por el Gobierno actual ya tiene costos en ejercicio o proyectados por 174 mil 594 millones de pesos. Y que el último monto oficial del proyecto de inversión para el NAIM registrado ante la Secretaría de Hacienda fue de 202 mil 527 millones de pesos.
La diferencia entonces es ya de apenas 28 mil millones, aunque hay que aclarar que la cifra de 174 mil millones para el complejo aeroportuario previsto es preliminar y que inevitablemente va a crecer, pues no incluye todavía el costo de obras importantes que aún no tienen estudios, como la Terminal 3 del AICM, las vías de comunicación a Santa Lucía y los 53 kilómetros de posibles extensiones del Sistema Mexibús para conectar los tres aeropuertos.
Por otro lado, el pasado 14 de agosto un Juez federal suspendió por tiempo indefinido la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) hasta que se dicte sentencia que aclare si fue legal la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. La suspensión también ordena conservar las obras de Texcoco en el estado en que se encuentran, por lo que no pueden ser inundadas, como se ha planteado para el proyecto de un parque ecológico.
El propio Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo no tener idea de cuándo iniciará la construcción del aeropuerto “General Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, Estado de México. De acuerdo con la agencia Notimex, el funcionario federal aseveró que tal incertidumbre se debe a que está pendiente la resolución judicial de los casi 80 amparos interpuestos contra su edificación. Interrogado sobre cuánto tiempo se estima que esté detenida la construcción del AISL, el funcionario federal respondió: “No tengo idea”.
Viene ahora la determinación del Juez Décimo de Distrito del Estado de México que concede una suspensión definitiva solicitada por el colectivo #NoMásDerroches en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al proyecto del AISL. La resolución indica que la propia Semarnat reconoció que la construcción de la terminal aérea ocasionaría daños y afectación al ecosistema de la región.
Frente a ello, como era previsible, el Presidente arremetió de nuevo contra el poder judicial y las organizaciones civiles y aseguró sin mayores argumentos que se trata de un “sabotaje legal” para hacerlo quedar mal, urdido por de sus adversarios, que “muestran resistencia al cambio de impulsamos”. Dijo que están ahí todos los abogados opositores, “todos los abogados del conservadurismo, hasta una asociación de Claudio X. González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros, desde el tiempo de (Carlos) Salinas, porque el señor Claudio X González, con todo respeto, el papá, fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones”.
No alude siquiera a los motivos de la suspensión ni rebate su validez, sino que vuelve por el camino de la descalificación, como hace frente a la prensa independiente, para evadir el fondo del problema: la inviabilidad del proyecto de Santa Lucía, una ocurrencia sin sentido, en el que ha involucrado inclusive al Ejército en su afán de sacarlo adelante a como dé lugar.
Lo más preocupante es eso: la tozudez del tabasqueño aún en contra de todas las evidencias. La circunstancia que ahora se plantea, sin embargo, vuelve a traernos un rayito de esperanza, como él dijera de sí mismo. La contundencia de ese cúmulo de evidencias debiera al menos hacerlo reflexionar sobre la conveniencia de dar marcha atrás y enmendar el peor y más costoso error –económica y políticamente hablando– de su todavía breve mandato. Como dice el clásico musical de Miguel Ríos, me devora la impaciencia. Válgame.
@fopinchetti