Este viernes, la presidenta entregará títulos de propiedad de parte de su territorio, a dos comunidades rarámuri: Bosques San Elías Repechique y Guasachique y lo hará en otra comunidad que se defiende jurídicamente contra empresarios y políticos ligados al PRI y al PAN
Por Patricia Mayorga / Raíchali
Chihuahua – Los pueblos indígenas que han habitado ancestralmente la Sierra Tarahumara nunca han tenido reconocimiento de su territorio, a diferencia de otros pueblos indígenas del país, debido a que las tierras indígenas en Chihuahua fueron acaparadas por particulares, por los gobiernos que repartieron su tierra en ejidatarios o simplemente fueron declarados como terrenos nacionales sin escrituras para los dueños ancestrales.
Este viernes estará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en la comunidad rarámuri de Mogótavo, en el municipio de Urique, que tienen una lucha abierta en juzgados penal y civil porque un grupo de cinco empresarios-políticos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Los denunciantes contra Mogótavo son: Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal, exlegislador local y recién nombrado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ( Conalep); Ricardo Orviz Blake, exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Delicias; Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, exlegislador por Sonora. Los cinco se ostentan como propietarios de las tierras donde se asienta ancestralmente la comunidad.
Foto: Patricia Mayorga
Claudia Sheinbaum entregará títulos de propiedad de 693 hectáreas de más 10,400 que pelea la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique, ubicada entre una zona turística importante del municipio de Bocoyna. Además entregará títulos de propiedad a la comunidad de Guasachique del municipio de Guadalupe y Calvo. Estos procesos los realizaron dentro del Plan Justicia en Chihuahua.
Bosques San Elías Repechique ha luchado por su territorio desde hace décadas. En 2014 su historia se hizo pública por la defensa de su territorio contra la falta de consulta por la construcción del aeropuerto de Creel, por el gasoducto Encino-Topolobampo y por la tala ilegal que enfrentan en sus tierras. Han ganado la mayoría de sus luchas y continúan en resistencia.
Ese territorio está en manos de doce empresarios, uno de ellos accedió vender su parte al gobierno federal y luego de emitir la declaratoria como terreno nacional, logró escriturar esas hectáreas a la comunidad. Los otro once empresarios y empresarias no han accedido a vender.
Foto: Patricia Mayorga
“Ya se hizo la firma y todo el documento ante la notaría pública y sólo faltaba el documento en el que gobierno de la República otorga esas tierras en carácter comunitario en este caso a Repechique”, dio a conocer Víctor Martínez Juárez, jefe de la oficina de representación Chihuahua del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Foto: cortesía
Dentro del programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) como medida alternativa al conflicto territorial, las autoridades tradicionales de Bosques San Elías Repechique e integrantes de la comisión negociadora de dicho programa, firmaron la escritura el mes pasado ante una notaría de Chihuahua, que corresponde a 693-44-96 hectáreas del predio llamado Agizaina, fracción del predio Batuybo.
De los doce predios particulares en los que dividieron a Bosques San Elías Repechique, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal de forma constante y de manera irregular, aparte de la tala ilegal que ha denunciado la comunidad.
Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuyvo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenso Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predio San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado)
En el caso de Guasachique, que se encuentra en Guadalupe y Calvo que limita con el estado de Sinaloa, hace años el gobierno federal declaró que era terreno nacional y hace dos años, dentro del Plan Justicia, iniciaron el proceso para que se le adjudique como propiedad colectivas a la comunidad, cuyas escrituras se entregarán este viernes también, explicó Martínez Juárez.
“Una parte la estaba ejerciendo un ejido. Lo estaban habitando la comunidad, pero no tenían la certeza del territorio (…) Son más de 1,480 hectáreas las que se le reconoce”.
Asimismo, hay otro proceso que va avanzado porque declararon como terreno nacional más de 502 hectáreas, en donde habitan (algunos pobladores han sido desplazados de manera forzada desde hace alrededor de un grupo de rancherías que pertenecen al pueblo ódami: Tepozán, Mesa Coloradas, Suspene, Tuaripa y Cordón de la Cruz, o conocido como rancho Las Agujas.
Un particular fue quien pidió el reconocimiento de esas tierras, ya que ha pretendido quedarse con ese territorio desde hace alrededor de una década, de acuerdo con testimonios que Raíchali ha recabado los últimos años.
foto: Patricia Mayorga
“En el caso de ellos ya se tuvo una reunión la titular la representante de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) recibió a la representación de estas rancherías que pertenecen a la comunidad ódami de Baborigame. Los recibió para comunicarles que ya salió la declaratoria que es terrreno nacional, que es un primer paso después de los estudiso que se hicieron, definir que es un terreno nacional. Si bien fue solicitado por un particular, la declaratoria no manifiesta que sea entregado al particular sino sólo se constata que es un terreno nacional. Lo que sigue a continuación es recibir la solicitud de quienes han habitado ahí por generaciones y revisar la solicitud del particular para que sobre eso, se haga el análisis de a quién le corresponde la propiedad que es del predio de Las Agujas.
Foto: cortesía
“Al ser terreno nacional quiere decir que ya se hicieron todas las investigaciones para que no haya ningún particular o alguna propiedad social que lo pelee, para evitar alguna controversia o demanda, o amparo. El terreno nacional le corresponde al gobierno federal. Lo que sigue es hacer el análisis de las solicitudes del particular y las familias. Obviamente al ser dentro de la visión del Plan de Justicia dan prioridad a la condición ancestral, pero la representante se comprometió a analizar e informar a particular y a las comunidades lo que corresponde.
“Nosotros, como representantes del Plan de Justicia, aspiramos a poder documentarle a la Sedatu que, quien ha tenido la posesión desde hace varias generaciones, donde hay constancia en los asentamientos, que hay derecho ancestral, es el pueblo ódami, para que lo valore”, agregó Víctor Martíenez.
Esas rancherías se ubican en el límite del ejido de Baborigame, quien solicitó la escritura a su nombre es José Alderete Urtusúastegui, quien ha sido acusado por personas ódami por desojo, amenazas, entre otros delitos.
Dentro del programa COSOMER, también tienen procesos las comunidades de Mogótavo, donde estará Claudia Sheinbaum, así como Coloradas de la Virgen y Choréachi o Pino Gordo, del municipio de Guadalupe y Calvo.
La gira de la presidenta inicia en Urique, continúa en Ciudad Juárez para inaugurar un hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Posteriormente viajará a la comunidad del pueblo yaqui de Vícam, del estado de Sonora y de ahí viajará a Mazatlán, Sinaloa.
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