Por Jaime García Chávez
El oficialismo está cayendo de manera veloz e incontenible en el consejo maquiavélico de que en la dirección de los asuntos públicos lo pertinente es que uno solo ejerza el mando supremo. En este caso, y por obligado sentido de género, estoy hablando de la presidenta del país.
En estos días se decretará el descanso eterno de los organismos autónomos y de otros que sin tener ese rango también se colocaron debajo de la guillotina de la Cuatroté.
La izquierda democrática en México buscó, a lo largo de varios decenios, establecerle controles y contrapesos al presidencialismo casi monárquico que hemos padecido en detrimento de una reforma del poder que se piensa depositado en los ciudadanos y para los ciudadanos, no sólo al momento de votar –cosa que se burló durante bastante tiempo–, sino en el día a día con la comprensión e información acerca de la cosa pública para construir ciudadanía, por ende, llegar a una democracia consolidada y progresiva.
Por eso luchó esa vieja izquierda, y la desembocadura que ahora tenemos ofrece el perfil de un presidencialismo extremo. Hoy los de la Cuatroté piensan que realizaron su revolución y que todo irá caminando por la tendencia que ellos marquen, pero que del país se apiaden y preocupen la generaciones venideras, porque se está construyendo un monstruo de poder que, en un momento dado, en manos de la derecha no tendrá grandes tareas qué realizar, porque esta podrá estar satisfecha de todo lo que se ha hecho hasta ahora y recibirá como herencia graciosa. Pero el oficialismo cree que es eterno, no obstante la devoción que tiene por la historia, que al final es su historia a modo.
Para acotar o establecerle contrapesos al poder presidencial, aquí se experimentó darle autonomía a ciertas tareas fundamentales y fueron los órganos constitucionales autónomos la herramienta. No fue la más ortodoxa solución conforme a la tradición jurídico-política del país, pero el proyecto funcionó y produjo alternancias cuando se creó, por ejemplo, el órgano electoral fuera del ámbito de la propia burocracia política, a donde es evidente que quieren regresarla para la consolidación largoplacista de una hegemonía como la que se vive en México.
Cierto es que el INE no está hoy en la picota, pero le ha de llegar su día, como hoy a organismos tan importantes como el INAI y el CONEVAL, lo que dejará a merced de los poderosos, dotados de la absoluta discrecionalidad, si permiten o no el acceso a la información, o si las políticas públicas son evaluables por un ente distinto al que las ejecuta, lo cual tiene una explicación que cae en la sencillez, si contrastamos esto con la siempre ambiciosa del presidencialismo, de engordar a costa del resto de los poderes.
No soy de los que hace una defensa a ultranza de estos organismos; sé que requieren reformas y ajustes, y de mucho tiempo a la fecha he dicho que para que haya autonomía se necesitan autonomistas, y además diseños institucionales que les den un rostro republicano que muestre una actitud de servicio a la sociedad más que desplegar un ejercicio de poder, que es precisamente al que se quiere controlar.
Ni los demócratas ni la izquierda democrática pueden hacer un balance certero de este momento que se pueda presumir como un progreso; al contrario, lo que tenemos en presencia es el crecimiento de un presidencialismo con mayores atributos de poder y discrecionalidad. Y eso no se puede llamar democracia ni Estado de derecho.