La mayoría eran personas defensoras del territorio, la tierra, el medio ambiente y de derechos civiles. Oaxaca ocupa el deshonroso primer lugar con 58 personas defensoras asesinadas. Los datos confirman que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional, aunado a omisiones, complicidades o que las autoridades lo permiten o inducen.
La defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos civiles han convertido a México en un cementerio, ya que en los últimos seis años fueron asesinadas 225 personas defensoras en el país.
La grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos también se reflejó en la desaparición forzada de 27 personas defensoras
Así lo revela el monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas“, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, que realizó la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
En el contexto de la celebración del Día de Muertos se presentó este monitoreo para honrar la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos.
Así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos.
En el análisis, EDUCA resalta que “la información que aquí se presenta es apenas la punta del iceberg de las agresiones a personas defensoras.
“Es sólo una parte de la violencia que alcanza a ser visible, pero bajo este témpano se encuentra un entramado de relaciones de poder y dominación, violencia cultural y estructural, racismo y discriminación, pobreza y exclusión, en suma, un complejo mapa de la violencia que azota al país”.
Los datos también arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional y de aplicación de la justicia porque no hay investigaciones exhaustivas ni sentencias condenatorias, por el contrario, hay omisiones, complicidades o aquiescencia (que lo permiten o lo inducen).
Oaxaca ocupa el primer lugar en personas defensoras asesinadas en el país con 58 casos, le siguen:
- Guerrero con 39,
- Michoacán 21;
- Chiapas 17,
- Chihuahua con 10,
- Morelos 10,
- Puebla 10,
- Jalisco 8,
- Sonora 8, Veracruz 7,
- Estado de México 6,
- Baja California Norte 5,
- Guanajuato 5,
- Hidalgo 5,
- Ciudad de México 4,
- Zacatecas 3,
- Sinaloa 2 y
- con 1 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala.
Cabe destacar que el estudio abarca el periodo comprendido de diciembre de 2018 a octubre de 2024; durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras.
Esos casos de violencia letal incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.
Una de las primeras cosas que llama la atención es que durante seis años (2018-2024), periodo también denominado de la Cuarta Transformación, 225 personas defensoras fueron asesinadas. En 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial.
El informe revela que las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles: 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio y a un medio ambiente sano; y otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación. Estas luchas representan el 80% de los asesinatos de personas defensoras (179 de 225).
Un hallazgo importante del monitoreo es que los defensores indígenas y campesinos enfrentan racismo y violencia, ya que del total de 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas, una afromexicana; el 62 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y 57 % eran campesinas.
La conclusión que se desprende es que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos.
También detectaron casos de feminicidios y transfobia:
De los 252 atentados a la vida (homicidios y desapariciones forzadas), 20% se cometieron contra mujeres y personas de la diversidad sexual.
El informe hace hincapié que estos datos contrastan con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras.
Ahora en 2 de cada 3 casos, los poderes fácticos y las autoridades locales han sido señaladas como presuntas responsables de estos asesinatos.
Respecto a la desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos.
En total de los 252 casos:
- 51 personas defensoras fueron víctimas una desaparición forzada.
- 23 personas defensoras permanecen en condición de desaparecidas.
- 24 personas defensoras fueron asesinadas.
- 4 personas defensoras aparecieron con vida.