Por John M. Ackerman
Los nuevos aranceles comerciales que Donald Trump amenaza imponer a México a partir del 10 de junio son a todas luces ilegales, tanto de acuerdo con el marco jurídico de Estados Unidos como con los tratados internacionales de los cuales Washington forma parte. Si el presidente estadunidense cumple con su amenaza, generaría un daño irreparable tanto al estado de derecho internacional como a la economía estadunidense. Ello hundiría las posibilidades del magnate neoyorquino de relegirse el próximo año, en noviembre de 2020, y terminaría de desbaratar y arruinar el legado histórico de su breve paso por la Casa Blanca.
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el Congreso, no el Poder Ejecutivo, cuenta con la facultad originaria y exclusiva de regular comercio con naciones extranjeras. Cualquier excepción a esta regla debe ser rigurosamente justificada y debidamente fundamentada en las leyes correspondientes. Igualmente, tanto la Organización Mundial del Comercio (OMC) como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíben la implementación de nuevos aranceles de manera unilateral.
Si los aranceles de Washington fueran en respuesta a alguna agresión comercial de México podrían ser plenamente justificados, de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional. Implicaría una acción de legítima defensa frente a una acción ilegal de una nación extranjera. Pero el reclamo de Trump contra México se encuentra exclusivamente en el terreno político y fantasioso. Su amenaza responde a un supuesto apoyo de López Obrador a una inexistente invasión de migrantes centroamericanos hacia el territorio estadunidense, sin referencia a algún incumplimiento de México a los acuerdos económicos entre los dos países.
Ahora bien, Estados Unidos importó 347 mil millones de dólares en bienes de México durante 2018, incluyendo tractores, computadoras, coches, aguacates, lavadoras y mangos, entre muchos productos más. Un arancel de 25 por ciento sobre estos productos implicaría un impuesto de 87 mil millones adicionales a los consumidores estadunidenses, algo que dañaría significativamente la economía de aquel país.
Y si México respondiera con aranceles similares a los anunciados por Trump, se generaría una fuerte crisis entre los productores estadunidenses que venden sus productos acá. México importó 299 mil millones de bienes y servicios desde Estados Unidos durante 2018.
En suma, Trump y Estados Unidos tienen aún más que perder en una guerra comercial con México que López Obrador y los mexicanos.
Para los mexicanos, el dolor sería agudo pero breve. El impacto a mediano plazo del nuevo arancel sería obligarnos a diversificar los mercados internacionales y a fortalecer la economía nacional, dos estrategias que el nuevo gobierno ya impulsa con gran ahínco y convicción. Al final de cuentas, el arancel de Trump nos ayudaría a reorientar la economía nacional hacia las necesidades de México y los mexicanos, tal como tendríamos que haber hecho desde hace décadas.
López Obrador hace muy bien en no caer en la provocación de Trump. Si el Presidente mexicano hubiera respondido con palabras o acciones agresivas o altisonantesle hubiera dado la razón jurídica al ocupante de la Casa Blanca. Trump busca justificar los nuevos aranceles con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), que desde 1977 permite al mandatario intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de la existencia de una amenaza internacional inusual y extraordinaria.
En otras palabras, es una ley que permite al presidente actuar en materia económica en contra de países considerados enemigos o adversarios de Washington. Por ejemplo, se utilizó esta ley para imponer sanciones económicas a Irán en 1979 en respuesta a la toma de rehenes en la embajada estadunidense por el nuevo gobierno de Teherán. Y hoy se utiliza la misma ley para intentar justificar legalmente las sanciones y los ataques económicos a Venezuela. Si López Obrador hubiera utilizado un lenguaje bélico en su carta a Trump, ello podría haber sido utilizado por los tribunales estadunidenses para avalar y dar legitimidad a las acciones de la Casa Blanca.
Seguir una política migratoria humanista que busca proteger los derechos de los centroamericanos que pasan por México, así como generar el desarrollo económico que les garantice el derecho a no migrar a un país lejano, no viola ninguna ley o acuerdo internacional, sino todo lo contrario. Como en tantas otras ocasiones, López Obrador camina por la senda de la legalidad y el estado de derecho, y merece todo el apoyo de la sociedad mexicana en este nuevo ataque a su gobierno y a la nación.