Por Víctor M. Quintana S.
Al grito de “¡Textos sí, caprichos no!”, la oleada magisterial se desplegó en 17 municipios de Chihuahua el 29 de septiembre. Los docentes expresaron su entusiasta protesta por medio de caravanas de automóviles, marchas y tomas de oficinas.
En Juárez, millar y medio de vehículos se alinearon desde el kilómetro 20 de la carretera 45 hasta uno de los puentes internacionales y luego tomaron las oficinas de la representación del gobierno del estado. A 832 kilómetros al suroeste, en Guadalupe y Calvo, más de 400 docentes de educación básica y de educación indígena se manifestaron en las oficinas de las autoridades educativas; otro tanto hizo en Guachochi. Hasta en los municipios más remotos de la sierra hubo protestas. En la capital la larga caravana de autos culminó en las oficinas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, (Seech) que por miedo estuvieron cerradas desde temprano. Destaca la inconformidad magisterial encabezada por los jefes de sector en dos regiones: Madera, Babícora y toda la sierra, Delicias, Camargo y todo el centro sur.
Pocas veces había tenido tanto éxito una movilización convocada desde las bases magisteriales, independiente, sin el concurso del sindicato y con el rechazo del gobierno del estado. Las acciones también contaron con la participación de padres de familia, intelectuales, activistas sociales, artistas, ciudadanía en general.
El movimiento dio a conocer su pliego petitorio: 1) que se entreguen de forma inmediata los libros de texto gratuitos (LTG) en los diferentes grados y niveles de educación básica; 2) que se detenga la producción de cuadernillos y otros materiales elaborados por el gobierno del estado; 3) que se realicen las investigaciones en torno a los funcionarios presuntamente implicados en la adjudicación directa para la impresión de dichos cuadernillos; 4) que la organización de los consejos técnicos escolares agendados mensualmente se sujete a los lineamientos de la SEP sobre el modelo de la Nueva Escuela Mexicana; 5) que se detengan los hostigamientos y amenazas de autoridades educativas del estado contra los docentes que se han movilizado, y 6) que se retire de sus puestos laborales a las autoridades que con su actuación arbitraria han lesionado los derechos de los niños y adolescentes y la materia de trabajo de los maestros.
El núcleo del pliego no está en cuestiones meramente gremiales o laborales del magisterio. Defienden su materia de trabajo, pero sobre todo el derecho a la educación de los niños y adolescentes; denuncian la impunidad, amenazas y corrupción en el gobierno del estado. Sin pretenderlo, devienen en epresentantes de toda la sociedad chihuahuense, su vanguardia, diríamos, si esa palabra no tuviera reminiscencias negativas en el gremio. Por eso y por la participación local de las bases están ganando las batallas.
La primera batalla que ya perdió el gobierno del estado es la moral.
La impresión de las “sopas de letras” que pretenden sustituir a los LTG a un costo de 40 millones de pesos, adjudicada una imprenta supuestamente propiedad de un funcionario estatal ha sido develada una y otra vez. Tan es así que la bancada de Morena ya denunció los hechos ante la Auditoría Superior del estado. Es uno de los temas que más se ha viralizado en las redes sociales ante el silencio de los medios comprados por la gobernadora. Otra vez se documenta que en la derecha mexicana la ideología conservadora obra como coartada para perseguir sus intereses económicos, follow the money.
De ahí su derrota moral. “¡Nosotros también somos la sociedad civil!”, gritó una maestra en el mitin del viernes en Chihuahua, “No sólo los empresarios, no sólo la Coparmex y las organizaciones que atacan los libros”. Pero la sociedad civil que, según el gobierno estatal rechaza los libros, se ha callado, la “alta sociedad civil”. En cambio, ha surgido esa otra sociedad civil de maestros, padres de familia, trabajadores, que se está manifestando bronca por todo el estado, la “baja sociedad civil”, la que no tiene como referente a Claudio X. González y sus membretes. La que todos los días pasa frente a palacio de gobierno y pide firmar cartas para exigir a la gobernadora la entrega de los LTG. Ya superan las 100 mil y el gobierno no ha recibido ni la décima parte. Esta es la segunda derrota del PRIAN en Chihuahua: la derrota social, el rechazo mayoritario de la sociedad.
Y la tercera derrota es la jurídica política. Al desechar la SCJN el 3 de octubre la controversia constitucional y ordenar la entrega de los LTG a los niños y adolescentes de Chihuahua, la gobernadora Campos no tendrá más que disfrazar su debacle como obediencia a la Corte. No era posible que la máxima institución juzgadora del país resolviera contra los derechos de la niñez y la juventud chihuahuenses y contra la voluntad mayoritaria de la sociedad. Las calles y las comunidades escolares triunfaron.