Por Francisco Ortiz Pinchetti
La demagogia populista –ya sea de izquierda o de derecha–, rinde a menudo buenos frutos electorales. Las promesas que tocan fibras íntimas de las personas crean expectativas favorables que se convierten en votos. Sobran ejemplos. Lo que no se vale es usar los sentimientos, y menos el sufrimiento humano, para obtener esos resultados… y para colmo incumplir las promesas porque en realidad desde un principio eran inalcanzables.
El tema viene a cuento ante lo ocurrido con el drama de los padres de los 43 normalistas asesinados en Iguala hace nueve años. A su tragedia se han sumado a lo largo de los años una serie de engaños, manipulaciones, trampas, sospechas y expectativas incumplidas una y otra vez.
Para ganar votos en 2018, Andrés Manuel descalificó la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre lo ocurrido aquella noche fatal sólo para prometer una historia diferente que inevitablemente creó ilusiones en quienes por razones obvias quisieran que no fuera cierta la llamada verdad histórica, que por cierto no fue ningún invento mañoso sino que es un término jurídico usual, común.
La dramática realidad, la única que ha sido sustentada, es que los muchachos fueron detenidos por policías municipales de Iguala y entregados a esbirros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, los cremaron y los desaparecieron, presumiblemente arrojando sus restos calcinados a las aguas del Río San Juan. Todo lo demás es pura especulación o engaño deliberado.
Tal canallada se atribuyó en su momento lo mismo a una confusión que a una venganza o a un acto de abrumadora corrupción en el que habrían participado los sicarios de la mano de autoridades locales. De cualquier manera, una infamia sin nombre, de la cual deberían haber pagado de manera ejemplar tanto los autores materiales como quienes dieron la orden de ejecutar a los estudiantes indefensos.
A final de cuentas no ha sido así.
Apenas llegó a Palacio Nacional, López Obrador cometió contra esos padres una nueva infamia: ofrecerles, prometerles, engañarles con el cuento de que su gobierno esclarecería la verdad de los hechos y, peor aún, encontraría a sus hijos. Le creyeron, evidentemente. “Nosotros no somos iguales”, diría una y otra vez el tabasqueño para crear confianza de que, efectivamente, los hechos serían esclarecidos a cabalidad.
Pero el tiempo transcurrió sin que la “nueva y verdadera investigación” del caso arrojara resultado alguno. Pasó un año, dos, tres, cuatro. Y en 2022, el encargado de la indagatoria, Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Gobernación y encargado de la investigación, rindió un informe en el que aseguró, sin probarlo, que lo ocurrido en aquel paraje guerrerense fue un “crimen de Estado”, que como tal involucraría tanto al gobierno anterior como a las Fuerzas Armadas. No aportó ninguna evidencia concreta, una sola, pero cumplió con la línea dictada desde la Presidencia de la República. Lo que presentó fue un mal refrito sancochado de la única versión que a lo largo de casi una década ha resultado verosímil.
Hoy tenemos preso al ex procurador Jesús Murillo Karam, al que se acusa de ser “autor” de la llamada verdad histórica y de haber dirigido torturas a los detenidos, pero contra quien no existe cargo alguno sobre su presunta participación en el múltiple asesinato. También hay media docena de militares presos, todos sin cargos penales hasta ahora, también sin pruebas Y quienes son ahora los principales delatores e informadores, fuentes oficiales para sustentar la “otra” verdad histórica, ¡son los propios asesinos!, convertidos en testigos protegidos al servicio obviamente de la autoridad que les devolvió la libertad y les otorga toda clase de canonjías.
Por supuesto que la versión del crimen de Estado, sin ser probada fehacientemente como debiera en caso de existir, no satisfizo a los padres de los 43 ni a sus seguidores. Exigieron entonces que se diera a conocer toda la información que supuestamente atesora el Ejército mexicano, para sustentar en ella la versión esgrimida por el régimen. Al no ocurrir así, aquel ardid de propaganda demagógica de la campaña del tabasqueño por la Presidencia ha terminado por revertírsele.
Hace unos días, en un segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, Encinas no aportó un solo elemento nuevo o distinto. Usó ahora documentos de la DEA para repetir básicamente la misma historia. Hoy, los deudos de los normalistas muertos le gritan al Presidente en su cara “farsante” y le reclaman frente a su balcón de Palacio Nacional haberlos engañado también él. Porque resulta que no hay más verdad que la de que los estudiantes fueron detenidos por municipales y entregados a los sicarios que los ejecutaron, incineraron sus cuerpos y desaparecieron sus cenizas. Lo mismo, pues.
“López Obrador dice que es diferente, que no lo echáramos en el mismo saco, pero creo que él sólo se está echando”, dijo Mario César González, durante la marcha del pasado martes. En la reunión les habían presentado un nuevo relato que, según el declarante, retoma la versión de la “verdad histórica” del anterior sexenio, aquella que López Obrador prometió desmontar.
Lejos de aceptarlo, López Obrador acusó a los abogados de los padres de “exagerar” en sus reclamos y a los propios familiares de “necios” por insistir en que no se ha dado a conocer toda la información en poder de las Fuerzas Armadas, a quienes evidente y reiterativamente defiende.
La mentira se le revierte ahora, a un año de concluir su mandato. No se puede engañar eternamente al pueblo. ¿O sí? “Tenemos el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante: saber dónde están los jóvenes (sic). Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos a hacerlo”, respondió otra vez AMLO ante el reclamo de las familias, apenas este miércoles. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
“¡NO AL POZO!” Justificada preocupación la de las autoridades de Ciudad de México ante los efectos electorales que puede tener la aguda sequía que se prevé afectará a la capital en el crucial 2024. De ahí los afanes del Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex) por conseguir nuevas fuentes de abastecimiento, como la criminal perforación de nuevos pozos de extracción en una ciudad cuyo acuífero se encuentra en crisis por sobre explotación. El tema ha permeado a gran parte de la población, que cada vez se opone más radicalmente a esa manera de conseguir el líquido, en lugar de captar agua de lluvia, renovar la red de distribución para evitar fugas en las que se pierde el 40 por ciento del caudal, multar el desperdicio y construir de pozos pero de infiltración para recargar el acuífero. En sólo una semana, Sacmex se ha visto obligado por los vecinos a cancelar obras hidráulicas en las alcaldías Xochimilco, Coyoacán y Benito Juárez. En ésta última tuvo que suspender la perforación de pozos de extracción en la glorieta de la SCOP, en Narvarte, y en el Parque de San Lorenzo, en Tlacoquemécatl, un jardín protegido por la Ley de Patrimonio, donde existe además una capilla colonial del siglo XVI que es una auténtica reliquia. A pesar de mentiras y amenazas, la gente dijo “¡no al pozo!”. Algo está pasando. Aguas.
@fopinchetti