Por VERÓNICA MARTÍNEZ / LA VERDAD
Ciudad Juárez– Chihuahua está en los principales estados con mayor cantidad de investigaciones abiertas por tortura y el municipio de Juárez lidera a nivel estatal en denuncias por este delito, alertaron organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
La tortura es una práctica generalizada en el estado, pero también la falta de investigaciones y sanciones de este delito se han convertido en las principales razones que impulsan el desplazamiento forzado y afectan de manera significativa a la población en movilidad, denunciaron en conferencia de prensa este viernes, en marco del Día Internacional de Apoyo a Sobrevivientes de Tortura.
“Hoy nos pronunciamos para recordar al estado mexicano, especialmente al estado de Chihuahua, su deber de atender la grave crisis en materia de derechos humanos a la que se enfrenta”, expusieron en un pronunciamiento conjunto el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
“Recordando que la permisión y normalización de la tortura impacta al estado de derecho, disminuye la confianza de la población en las instituciones públicas y pervierte el sistema de justicia penal”, se comentó.
La tortura se entiende como cualquier tipo de daño físico o psicológico hacia personas que están siendo sometidas a proceso y cometido por las autoridades, explicó Carla Palacios, coordinadora general de CDHPN. Esta fecha proclamada por las Naciones Unidas se ha conmemorado por 26 años en apoyo a los sobrevivientes que continúan exigiendo justicia.
“Es importante este día para externar nuestro apoyo a las víctimas, pero también un recordatorio a los estados que no se ha acatado la legislación en la materia y los tratados internacionales, por lo que la tortura sigue existiendo”, dijo Palacios.
Chihuahua es el segundo estado con la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por el crimen de tortura, según cifras del Registro Nacional de Tortura. Con mil 392 carpetas en el periodo entre el 2018 y 3 marzo del 2023, el estado concentra el 10.7 por ciento de las investigaciones por este delito abiertas en el país. La Ciudad de México se ubica en primer lugar.
Cifras de la Fiscalía General del Estado señalan que entre el 2010 a mayo del 2023, 2 mil 665 personas han denunciado tortura en Chihuahua, y Ciudad Juárez es el municipio con más denuncias.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua reportó haber realizado 197 dictámenes médicos-psicológicos, basados en el protocolo de Estambul, desde el 2016 a mayo del 2022, de los cuales el 83 por ciento resultaron positivos.
Desde el 2012 hasta la fecha solo se han emitido cuatro sentencias condenatorias por tortura se informó.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte denunció que a pesar de que todas las víctimas acompañadas por la organización han recibido recomendaciones por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y aceptadas por la FGE, actualmente no se han obtenido las medidas de reparación de daño solicitadas.
Esta organización declaró que agentes municipales son los principales actores señalados como generadores de tortura. También se señaló a agentes de la unidad de Extorsión y Secuestro de la FGE así como autoridades federales y militares.
TORTURA, OTRO MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO
La organización Derechos Humanos Integrales en Acción señaló que la tortura no es solo una de las razones que impulsan el desplazamiento forzado sino que también que es un daño que personas en movilidad llegan a experimentar durante su tránsito por territorio mexicano.
“No hemos identificado como tal si afecta más a una población (nacional o extranjera)”, dijo Diana Solís de DHIA que trabaja en la sección de incidencias. “Es una constante para todas las personas que vienen en tránsito”.
Uno de los grandes obstáculos en la documentación de este tema es que un gran porcentaje de personas que han sufrido este tipo de delitos durante su tránsito no desean denunciar a las autoridades pues estas son las que los han hostigado, torturado y detenido, dijo Solís.
Otro obstáculo es el poco acceso a mecanismos de apoyo exterior a través de redes consulares y a protección internacional dejando a la mayor parte de las personas en movilidad en entornos donde se violan sus derechos humanos.
En el caso de población mexicana que son desplazados internos, un estudio reciente realizado por la Organización Internacional para las Migraciones buscó conocer las características de esta población que se ha visto forzada a salir de sus lugares de origen e identificar las principales razones de este desplazamiento.
La encuesta realizada en 12 localidades de la frontera norte de México identificó que las principales causales del desplazamiento interno es haber sido víctima directa o indirecta de una agresión y la violencia generada por el crimen organizado.
En cuanto a los principales actores que causaron el desplazamiento forzado están los narcotraficantes, pero los encuestados también señalaron a las autoridades municipales, estatales y federales como causales.
De quienes señalaron a autoridades estatales como causantes de su desplazamiento, el 44 por ciento reportó haber sufrido agresiones por parte de esta autoridad. En el caso de autoridades federales un 46 por ciento reportó haber sido agredido y en el caso de autoridades municipales solo el 28 por ciento reportó agresiones.
En Ciudad Juárez, DHIA ha identificado que son las autoridades migratorias y fuerzas de seguridad estatal y municipal quienes abusan de su poder y caen en prácticas de tortura hacia personas en movilidad. Estos abusos se replican en los centros de detención migratorios conocidos como estancias provisionales.
“Hemos documentado que es justo la policía municipal quien toma labores de verificación migratoria. En este sentido hemos documentado que se genera un trabajo que no es adecuado y generalmente termina en actos de extorsión”, detalló Solís agregando que aquellos que testificaron haber buscado defenderse son sometidos con el uso de la fuerza física.
En septiembre del 2022, Organizaciones del Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM) realizó una visita al centro de detención de Ciudad Juárez. A través de esta visita y testimonios, se detectaron condiciones de hacinamiento, maltrato psicológico, negación de servicios básicos como agua, alimento en buen estado y servicios médicos “reflejando un entorno torturante”, dijeron durante la conferencia de este viernes.
En su pronunciamiento, DHIA detalló cómo estas condiciones abren paso a situaciones como fue el incendio del 27 de marzo de este año en donde 40 personas fallecieron.
“De lo que poco se habla es de las condiciones en las que se encontraban, mismas que habían sido señaladas durante una visita in situ organizada por el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, donde se hizo una invitación a integrantes del Senado de la República para que conocieran las condiciones que enfrentan la personas en movilidad. No hubo respuesta”, dijeron.
Testimonios por parte de personas que han estado en detención también señalan el uso de instrumentos de descargas eléctricas como forma de tortura en los centros de detención.
A través de redes de trabajo con organizaciones en los Estados Unidos, que personas en movilidad reportan haber sobrevivido actos de tortura al ser privados de su libertad y secuestrados en México.
El CDHPN presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo por el incendio de la estación migratoria, sino también por los constantes desalojos que el municipio ha realizado en la zona centro considerándolos un ataque generalizado y acciones de tortura, detalló Palacios.
Las organizaciones hacen un llamado a las autoridades correspondientes a no generar discursos que excusan los abusos hacia la población en movilidad, pero también a la ciudadanía a no permitir estas prácticas y exigir justicia.
“Hay un discurso de ataque, de discriminación y de repudio hacia las personas en movilidad. Es evidente que esto va a pernear en la actuación de los policías y esto es justo lo que queremos denunciar. Los discursos importan”, dijo Palacios.
PIDEN ACCIÓN DE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte señala que uno de los principales retos es prevenir la tortura, pero no hay un esfuerzo por parte de las autoridades para capacitarse y promover discursos de cero tolerancias hacia este delito.
En consecuencia, los estados continúan careciendo políticas públicas que atiendan la gran cantidad de denuncias ni las condiciones mínimas para permitir la investigación de estos casos y alcanzando altos niveles de impunidad.
“Es decir, en Chihuahua se acepta que haya tortura”, dijo Alejandro Duran, acompañante de sobrevivientes en el CDHPN.
Las consecuencias que llegan a sufrir los sobrevivientes de tortura son tanto emocionales como físicas y sociales. Pueden presentar enfermedades crónico degenerativas, trastorno de estrés postraumático, depresión y quiebre en las relaciones interpersonales. Estas afectaciones les da el derecho a recibir una reparación del daño que incluyen atención médica, indemnizaciones, disculpas públicas y medidas de rehabilitación.
No solo se les pide a las autoridades cumplir con estas reparaciones de daños si no también implementar cursos de capacitación para prevenir y sancionar la tortura.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos cuenta con una unidad encargada en investigación de tortura, señala el CDHPN, pero esta opera bajo criterios de priorización que limita la atención de los casos. En marzo de este año la organización impulso una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual continua en proceso de revisión en la Comisión de Justicia, para eliminar estos criterios.
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