Por John M. Ackerman
—La metáfora del huachicoleo se aplica no solamente al robo de combustibles, sino también a la sangría de recursos públicos a lo largo y ancho de la administración pública federal. El neoliberalismo no se ha limitado a la abierta privatización de los recursos naturales y las empresas del Estado sino que también ha implicado la sangría y el saqueo desde adentro de las instituciones gubernamentales. Con la abdicación de la rectoría del Estado durante los últimos sexenios se generó una rebatiña sin control de los intereses particulares y privados por el botín del presupuesto público.
Los recursos para la investigación científica no han sido la excepción. La nueva Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buyllá, ha denunciado que solamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se transfirieron entre 35 y 65 mil millones de pesos a empresas privadas para sus proyectos de “investigación”. Uno de los programas estrella que se utilizó para este fin fue el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) por medio del cual se canalizaron recursos a más de 500 empresas durante los últimos dos sexenios, entre las cuales se incluyen corporaciones transnacionales como IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto, Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México.
El propósito de este programa era supuestamente incentivar nuevas investigaciones de punta desde el sector privado en México. Sin embargo, los resultados han sido magros. En general, los recursos fueron utilizados para cubrir proyectos de investigación que estas empresas multimillonarias hubieran realizado de todas formas con sus propios recursos pero que ahora fueron subsidiados por el dinero de los impuestos de todos los mexicanos.
Otro programa donde se han encontrado abusos millonarios es el de Fondos Mixtos (Fomix), el cual funcionaba en las 32 entidades federativas, así como en tres municipios, incluyendo la ciudad de Puebla. Estos fondos originalmente tenían la intención de generar sinergias entre los diferentes niveles federativos a favor de la investigación. Sin embargo, la nueva Directora General del Conacyt ha denunciado que con el tiempo estos fondos se fueron convirtiendo en “las cajas chicas de los gobernadores” y se echaba mano de sus recursos para “proyectos especiales” que poco o nada tenían que ver con el desarrollo científico o tecnológico del país.
Otro saqueo fue la tendencia a subcontratar despachos externos para que realizaran actividades sustantivas de Conacyt. Por ejemplo, las labores de comunicación social fueron encomendadas a una “Agencia Conacyt” que dependía de una empresa de outsourcing. Y muchos dictámenes académicos y financieros, por ejemplo con respecto a la calidad y la gestión de las revistas científicas, fueron encomendados a consultores externos. En general, se estima un gasto de unos 363 millones por año por concepto de outsourcing durante la administración pasada.
Pero los intereses privados y particulares no solamente han recibido cuantiosos recursos públicos, sino que también se han metido hasta la cocina para imponer la política del Estado en materia de ciencia y tecnología. Por ejemplo, la actual Ley de Ciencia y Tecnología subordina la política nacional a un Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el cual participan tres representantes del sector privado con el mismo rango que los Secretarios de Estado. De manera extraña e inverosímil, los redactores de la ley colocaron este “Consejo General” por encima del “Consejo Nacional”, o Conacyt, cuya directora funge apenas como secretaria ejecutiva de esta otra instancia, parcialmente privatizada.
La actual ley también establece un Foro Consultivo Científico y Tecnológico financiado mediante recursos públicos y con una fuerte presencia del sector privado como “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Adicionalmente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se creó una nueva Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la Oficina de la Presidencia de la República con sus propias facultades y relaciones con el sector privado y grupos políticos del país.
Esta duplicidad de funciones e infiltración de intereses privados y políticas ha generado una compleja telaraña burocrática que ha maniatado al Conacyt, desarticulado la política del Estado en la materia y abierto amplios espacios para el manejo discrecional y opaco de los recursos públicos. Tal y como señala la importante iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología presentada recientemente por la Senadora Ana Lilia Rivera: “resulta indispensable que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología impidan que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas.” Urge que el Congreso de la Unión avance con celeridad con la discusión y la aprobación de las necesarias modificaciones legales.
La intensa guerra sucia en contra de la Doctora Álvarez-Buyllá responde al hecho de que las nuevas autoridades pretenden una transformación de raíz en el Conacyt que acabaría con el huachicoleo, de bajo y alto nivel, de los recursos para la investigación científica. Se busca recuperar la rectoría del Estado en general, y del Conacyt en particular, con respecto a la política nacional de ciencia y tecnología. También se busca fortalecer las investigaciones dirigidas hacia la resolución de los grandes problemas de la Nación, dando una prioridad a la participación de la sociedad civil por encima de los intereses privados. El nuevo proyecto también busca fortalecer la soberanía nacional y la innovación tecnológica nacional. Y hay un nuevo énfasis en las humanidades y las ciencias sociales.
Con razón han empezado a ladrar con tanta furia quienes lucraban con el viejo sistema de neoliberalismo científico. Los cambios no siempre son fáciles, y los cambios profundos suelen generar grandes resistencias, pero cuando se presenta la oportunidad histórica para la transformación habría que aprovecharla al máximo.
Publicado originalmente en Proceso No. 2207, 17 de febrero, 2019.