Por Ernesto Camou Healy
Perú es una nación compleja, que consta de una franja costera en el Pacífico, una región selvática amazónica y una meseta de altura, El Puno, donde habita la mayoría indígena del país, heredera de una de las grandes civilizaciones americanas, los incas, y por muchos años sometida por las elites gobernantes, mestizos y criollos, sobre todo.
En julio del 2021 llegó a la presidencia, Pedro Castillo, un maestro de origen indígena que unos años antes lideró una huelga general que luchó con éxito para que aumentaran los sueldos del magisterio, por mucho tiempo deprimidos. Eso le dio reconocimiento y popularidad entre la población campirana y le permitió competir por la presidencia de su país. Castillo obtuvo el 19% de los votos en la primera vuelta, el sufragio más nutrido de la lista de 18 aspirantes. En la segunda vuelta electoral, contra Keiko Fujimori, la superó por menos de 0.4% en las urnas, y fue declarado Presidente electo. En junio de 2021 asumió la presidencia.
Su Gobierno pretendió ser algo que podríamos llamar de izquierda moderada, pero aún así muy pronto se enemistó con la legislatura que desde tiempos de Alberto Fujimori, padre de Keiko, adquirió un poder que parece desmesurado: Tiene la facultad, un tanto arbitraria, de declarar al Presidente “incapacitado moralmente”; y la ha usado en los últimos seis años para defenestrar a cinco ejecutivos, y ahora amenaza a quien lo sustituyó, Dina Boularte, que era su vicepresidenta y que enfrenta protestas populares por parte de la población rural que se consideró maltratada por la expulsión de Castillo.
Llama la atención la retórica de algunos medios de comunicación que no han dudado en declarar la maniobra fallida de Castillo, disolver a un Congreso que le impedía gobernar, como “antidemocrática” y no les parece desatinado que los legisladores hayan defenestrado sucesivamente a cinco mandatarios elegidos en votaciones reconocidas como legítimas.
Dina Boularte, la vicepresidenta, asumió la presidencia y cambió un discurso que se aproximaba a la izquierda por otro más temperado, y construyó alianzas con partidos moderados e incluso conservadores para intentar conseguir los apoyos para terminar el periodo para el que fueron electos, hasta el 2026. Inmediatamente después de la caída de Castillo se desataron muchas manifestaciones contra el Congreso y la Presidenta sustituta. En la meseta andina se sucedieron los actos de protesta que llegaron a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y causaron varias muertes entre los campesinos y etnias. Boularte eligió, al principio, responder con la fuerza a los que se oponían a su Gobierno, con lo cual avivó el descontento entre la población.
Sus respuestas, más represivas que políticas, le han provocado serias dificultades, y parecen haber puesto en su contra a la población que originalmente los apoyó y que formó el núcleo de votantes originales por la dupla Castillo-Boularte; ahora Dina tiene la amenaza de que el mismo Congreso que la encumbró, da la impresión de estar diagnosticando que la flamante ejecutiva padece algún tipo de discapacidad moral…
Ha habido movimientos de protesta en las principales ciudades del país, y esta semana se trasladaron a Lima amplios contingentes provenientes del Puno, sobre todo, para participar en una marcha contra el Gobierno y exigir elecciones anticipadas este mismo año; demandan, además de que se renueve el Congreso y se redacta una nueva Constitución.
Las peticiones no suenan desatinadas: Son una reacción a una serie de eventos, la caída de Castillo es el más reciente, que apuntan a un cuerpo legislativo que se ha constituido en vigilante de la “moral” política, defensor a ultranza de sus privilegios y en un auténtico estorbo para quienes han intentado gobernar el país: Desde 2016 hasta la fecha se han sucedido seis presidentes, algunos no han logrado gobernar ni un año, sin que los destituyan.
La crisis no la provocó Castillo: Es añeja y requiere mucho más que cambios en la presidencia.