Por Víctor M. Quintana S.
Hace mucho no coincidían, ni siquiera se reunieron, las organizaciones rurales de Chihuahua. Ahora lo están haciendo: las de los campesinos temporaleros, los productores de riego, los lecheros, los ganaderos de carne, los fruticultores. Ejidatarios, pequeños propietarios, medianos e incluso algunos grandes. El Barzón, Agrodinámica Nacional, el Frente Democrático Campesino, la Unión Campesina Democrática, la Liga de Comunidades Agrarias, la Unión de Fruticultores, el Frente Campesino Chihuahuense, los productores del sistema de abasto social de leche de Liconsa. Frijoleros, manzaneros, maiceros, lecheros, criadores de becerros, chileros, algodoneros… ¿Qué une a tan variopinta confluencia de actores rurales?
Dos cuestiones: la falta de políticas de fomento para impulsar la producción para lograr la soberanía alimentaria de la nación. Chihuahua es de los principales proveedores nacionales de frijol, leche, maíz forrajero, manzana, cebolla y chile, entre otros productos. Y la urgencia de sentir que su problemática y demandas no son debidamente atendidas, ni respondidas por los órdenes de gobierno. Seis son los focos de sus preocupaciones y exigencias.
Acceso al crédito: los productores rurales pequeños y medianos de todo el país fueron excluidos del crédito de la banca de desarrollo por los gobiernos neoliberales. No se les ha vuelto a integrar. Aunque Chihuahua en 2018 era la tercera entidad en volumen de créditos de FIRA, éste se concentra en empresas proveedoras de insumos y en financieras dispersoras de crédito, como la Ucacsa, de los productores menonitas. Esto hace mucho más vulnerables a la mayoría de los productores, pues dependen del financiamiento de proveedores o de compradores a futuro y esto encarece los costos de producción. Por esto exigen la puesta en marcha de un nuevo sistema de crédito rural, a tasas preferenciales, enfocado a pequeños y medianos productores.
Programa para disminuir el precio de fertilizantes: no se puede seguir dependiendo del mercado internacional o de países altamente productores como Rusia y Ucrania, hoy en guerra. Tampoco de las grandes importadoras. Por ello se demanda a los gobiernos federal y estatal que apoyen la construcción de mecanismos de compras consolidadas para bajar los costos de los fertilizantes al productor. Para ello se requiere un fondo tripartito gobiernos federal, del estado y asociaciones de productores que apoye las compras en común y suprima intermediarios. Demandan que se reactive la planta petroquímica de Pemex en Ciudad Camargo, cerrada por los gobiernos neoliberales.
Energéticos a precios preferenciales: en 2001, productores chihuahuenses iniciaron una intensa lucha por obtener precios preferenciales a los energéticos agropecuarios que propició la Ley de Energía para el Campo, que ordena establecer precios y tarifas preferenciales para el diésel y la energía eléctrica para uso agrícola y pesquero para reducir los costos de producción y lograr la rentabilidad del productor de alimentos. Esa ley no se ha implementado, por lo que se demanda aplicarla rediseñando y operando un programa de energéticos agropecuarios, con la participación federal, el Congreso de la Unión y las organizaciones de productores.
Precios justos al productor: las lluvias erráticas, la mala semilla suministrada por el gobierno y los altos precios de los insumos redujeron la producción de frijol. Para no descapitalizar más al campesino y que deje de sembrar es necesario que Segalmex evite fijar precios por debajo del costo de producción. Es urgente revisar el precio de garantía de la leche que Liconsa compra a los productores del sector social que han sido rebasados por el aumento por encima de la inflación de insumos, equipo, por encima de la inflación y por las exigencias del SAT.
Ordenamiento del mercado: el desorden del mercado agroalimentario propicia que se paguen precios bajos a productores y que los consumidores paguen caro. Ejemplo: el litro de leche fresca se compra al productor a 10 pesos y se expende a 26 pesos. Las organizaciones exigen el diseño y operación de una política, instituciones y mecanismos eficaces para ordenar el mercado y evitar el intermediarismo.
Vigilancia fitozoosanitaria. Chihuahua ha avanzado mucho en el estatus sanitario para seguir exportando becerros, además, la manzana local está libre de la mosca de la fruta. Por esto preocupa a los productores el acuerdo de apertura para combatir la inflación y la carestía. Exigen que Senasica garantice sanidad, inocuidad y calidad de las importaciones de alimentos y se responsabilice a dichas empresas de daños causados por plagas, enfermedades y tóxicos.
Estos seis puntos marcan asignaturas pendientes de la política agroalimentaria. Hasta hoy las organizaciones rurales chihuahuenses han limitado su protesta a diálogos con legisladores. Si no hay respuesta adecuada y suficiente, el otoño será caliente a pesar de que las heladas ya llegaron.