La justicia no es un privilegio

Por Jaime García Chávez

Que hay resentimientos y resquemores, ni quién lo dude. Cuántos dolientes no existen en el país y en Chihuahua que han pasado por la tragedia de la muerte violenta a manos del crimen que se ha enseñoreado entre nosotros. Pareciera que para el gobierno, quienes no tienen notoriedad social valen menos o nada a la hora de reclamar justicia, restauración, en la medida de lo posible, y seguridad para desenvolver todas las actividades vitales, precisamente sin menoscabo de la vida y la integridad de las personas.

A estos últimos, sobre todo cuando salen a la calle, hay la tendencia a tildarlos de “resentidos”, de egoístas en su presencia colectiva, porque sufrieron un hecho grave y doloroso. Pero a pesar de ese padecimiento, la tendencia es a ignorarlos, y en el mejor de los casos, a convertirlos en parte de una estadística que por presentarse de muy diversas maneras, terminan por ser inútiles.

La política de medios impuesta por el nuevo gobierno, tiende también a presentar a los inconformes moviéndose estrictamente como un resentimiento, como algo negativo que los anima, haciendo a un lado la causa real.

A veces la resiliencia misma que se recomienda, escala al más burdo nivel de proponer un conformismo social, un sugerir que la vida es así y hay qué aguantarla. La religión misma, que ofrece un mundo más allá, tiende a desacreditarse entre las feligresías.

Pareciera que las vidas se tasan o miden de una manera discriminatoria, y eso, obviamente, genera un profundo malestar cuando, ante un hecho criminal dramático, las víctimas no tienen una palanca social que los lance a la notoriedad frente al gobierno.

Bajo esta premisa, lo que algunos ven como resentimiento, es un desasosiego porque no se es gran empresario, político, periodista, ni cura.

Se impone como alternativa dejar de lado todo tipo de discriminación. Víctima es víctima, y se demanda del estado un trato igualitario a profundidad, más allá de renombres y distinciones personales.

Se debe concluir con esa idea de que si la víctima es un personaje distinguido, su caso se va a privilegiar para el mejor esclarecimiento y eventualmente castigo a los responsables.

En la vida cotidiana, particularmente en el ejercicio de la profesión, me entero, por la información de no pocas personas, del malestar que padecen, ya sea porque el esposo, el hijo, el hermano ultimado, al no tener sobre él una luz especial, va a quedar como un hecho más, negligido y prácticamente abandonado. La comprensión de este fenómeno recibe un buen apoyo cuando uno se entera de que ya el aparato de investigación, como la fiscalía, o la rama judicial, ni siquiera da el tamaño para entender los cerros enormes de expedientes que no tienen más desarrollo que las incipientes diligencias que levantan quienes se encargan del aspecto forense. Hasta el talante personal de los ministeriales ilustra este hecho, por su desdén para atender, que es más que evidente.

Y entonces lo que surge son exigencias de crear fiscalías especializadas para investigar crímenes, por ejemplo, de periodistas, de profesionales de la medicina, o de la prestación de servicios religiosos, porque en estos tres casos emblemáticos se espinan los gobernantes si no tienen un comportamiento más allá de lo usual, aunque no logren esclarecerse a fondo esos hechos, como ha sucedido en el caso de Miroslava Breach, la búsqueda inconclusa de “El Chueco”, o la muerte de los religiosos y un prestador de servicios en Cerocahui.

Ante resultados iguales en materia de delincuencia, tenemos tratamientos desiguales para el que reclama justicia. Y eso no es, de ninguna manera, correcto, porque se edifican escenarios inadecuados para subrayar el estatus de la víctima con un tufo de privilegio. Es el caso de la inédita reunión que hubo recientemente en las privadas y resguardadas instalaciones de La Norteñita, propiedad de un manzanero cuauhtemense, con religiosos de diversos brazos de la iglesia católica, que contrasta con las inexistentes mesas de seguridad para los barrios de Juárez, Chihuahua y otros lugares.

Para ellos, atención de primer nivel; para los otros, nada. Y expresiones tales como que estos religiosos “sí saben lo que está pasando”, como si los maestros de escuela, los médicos, estuvieran aparte, fueran ignorantes, y por ello indignos de ser escuchados en audiencia pública para diagnosticar lo que está pasando.

Es algo que se debe resolver, porque todos somos iguales ante la ley, y eso obliga a una conducta indeclinable de los gobernantes. Pero en el caso que me ocupa, hay un ingrediente más: llevar a sus últimas consecuencias por una parte la secularización de la justicia, porque no todos tenemos un Papa que nos recomiende y defienda, o un caudal de dinero que nos represente y mueva la balanza de la justicia.

Toda contribución, venga de donde venga, para entender la violencia criminal y su combate, es bienvenida. Pero hay que desterrar el privilegio, precisamente para que los sinnombre que salen a la calle a gritar las injusticias, no tengan que cargar sobre sus hombros, además, el estigma de que son resentidos. Y es que, no vivimos en el paraíso.

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