Percy contra Goliath es una película canadiense de 2020 en la que narra la historia de una controversia legal entre un agricultor y una compañía productora de herbicidas, Monsanto. La película inicia cuando Percy recibe una demanda por parte de la trasnacional por utilizar sus semillas, genéticamente modificadas, en sus cultivos de colza, de donde se extrae el aceite de canola.
Monsanto alega que, en la propiedad del agricultor, una buena actuación de Christopher Walken, hay plantas provenientes de semillas patentadas por la compañía, que no fueron adquiridas por el sembrador: Se trata de un robo de propiedad intelectual y le exige una compensación económica. Percy se defiende, alega que él siempre ha elegido las semillas de su propia cosecha para sembrarlas en la siguiente temporada, y que esa práctica viene desde su abuelo: Nunca han utilizado otro tipo de semilla.
Sigue luego una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Canadá en la que Percy fue perdiendo juicios locales. Resulta interesante su argumento de que la razón de la compañía para modificar la semilla fue hacer resistentes a las plantas a un herbicida, y Percy afirma que él nunca usaría algo que está comprobado daña la salud de las personas que entran en contacto con él. Dice, literalmente, “la industria afirma que si hubiera rociado mi cultivo con su herbicida hubiera detectado las plantas resistentes modificadas genéticamente”, a lo que responde que “primero promueven en su entorno la siembra de colza transgénica, de polinización libre, y luego exigen que compre su herbicida para ver cuánto ha invadido su producto mis campos; y quieren hacerme responsable…”
La película nos narra esta lucha. Al final los jueces fallan a favor de Monsanto, sus abogados se especializan en defender lo indefendible y ganar, pero no imponen pena económica a Percy porque sus predios fueron invadidos y él nunca utilizó el Percy contra Goliath herbicida que le hubiera permitido aprovechar esa ventaja.
El tema es de gran actualidad: Trata cómo la industria ha hecho que lo que comemos y lo que se produce responda a intereses comerciales y financieros, y les preocupa muy poco la salud de la gente. En nuestro País tenemos una larga historia de desarrollos tecnológicos en la producción de alimentos que incurren en prácticas poco saludables y que atentan contra la naturaleza. Se lucha en contra de esas artimañas, pero hay mucho por hacer. Para muestra vean el siguiente comunicado:
“Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País realizamos un enérgico extrañamiento respecto a la resolución del amparo 313/2021, del pasado martes 12 de julio de 2022, por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, a través de la cual concedela protección a la empresa transnacional Monsanto, filial de Bayer, contra el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024, así como revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, prohibiendo su siembra en México.
Dicha resolución parece haber sido concedida a favor de los intereses de Bayer-Monsanto, empresa que ha afectado la salud de millones de personas. Se trata de una sentencia llena de argumentos formalistas con un deficiente manejo de estándares de derechos humanos y del medio ambiente.
Una de las obligaciones de cualquier órgano jurisdiccional es que las suspensiones de amparo que conceda no impliquen un perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público.
En este caso, suspender la aplicación del Decreto representa una vulneración a la salud de los mexicanos, pues numerosas investigaciones han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud, de humanos y algunas especies animales, y se le considera probable carcinogénico por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.
La soberanía y autosuficiencia alimentaria, prioridades para el Gobierno actual, se ven amenazadas con el amparo concedido a Bayer-Monsanto.
Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.
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