El mito del fraude electoral, otra vez

Por Francisco Ortiz Pinchetti

— A estas alturas del partido, diría el clásico, pienso que soy el cronista decano del proceso electoral mexicano. A lo largo de 53 años, más de medio siglo, he cubierto decenas de elecciones tanto municipales, como estatales y federales, incluidas cinco campañas presidenciales. Durante décadas, como otros compañeros reporteros, me dediqué a descubrir y perseguir mapaches, que eran una especie afortunadamente extinguida hoy que se dedicaba a cometer diversas formas de fraudes electorales.

Mi primera experiencia periodística en este campo la tuve en julio de 1968, cuando cubrí para la revista Gente, ya desaparecida, las disputadas elecciones municipales en el entonces joven estado de Baja California, particularmente en Mexicali y Tijuana. La contienda fue sumamente cerrada entre el PRI y el PAN, apoyado éste por no pocos priistas inconformes.

Y resultó que mi primera experiencia electoral como reportero fue también la primera vez que me encontré con el fraude electoral, pues el partido del Gobierno recurrió a diversas mapachadas, incluido nada menos que la intervención subrepticia de calígrafos profesionales para adulterar las actas la noche misma de la elección. La resistencia encomiable y decidida del pueblo bajacaliforniano logró que finalmente la elección en esas dos ciudades fuera anulada y que se nombraran para ambos casos concejos municipales… presididos por priistas, claro.

Desde entonces, durante muchos años, me encontré dondequiera con las trampas electorales de todos tamaños en diversas contiendas electorales en el país, como ocurrió en el municipio de Lerdo, Durango, apenas a dos meses de los comicios bajacalifornianos que he descrito. Siguieron Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y muchos lugares más. Mi entrenamiento en fraudes electorales fue intenso y prolongado, como enviado del quincenal Gente, el semanario Revista de Revistas de Excélsior y la revista Proceso.

Aprendí mucho, al grado de ya no irme con la finta como al principio ante cualquier borrego que llegara a la sala de prensa o los cuarteles de los partidos. Conocí toda la gama de trapacerías, a la mayoría de las cuales fuimos por cierto los propios reporteros los que les pusimos nombre, que luego se les quedó y casi se hizo oficial. La clave mayor de todas las acciones fraudulentas era que las elecciones eran manejadas por las autoridades gubernamentales, ya fueran federales o estatales. Ellas dominaban los consejos electorales y ponían a los presidentes de casilla y demás funcionarios. Eso les permitía manipular las boletas electorales, meter votos falsos, falsificar actas de escrutinio, expulsar representantes de los partidos.

El fraude electoral con todas sus formas llegó a su cumbre en las elecciones estatales de 1986 en Chihuahua –el llamado Fraude Patriótico— donde el PRI recurrió a todo para burlar la voluntad ciudadana. Fueron tan burdos y descarados los operativos implementados, que me fue posible documentarlos plenamente. Ese fue el antecedente directo de las impugnadas elecciones federales de 1988, que efectivamente significaron un parte aguas en la historia de los comicios mexicanos.

La ciudadanización de los órganos electorales marcó un hito definitivo. Fue el inicio del proceso mexicanos de transición a la democracia que se ha ido consolidando paulatinamente hasta llegar al presente, todavía con importantes deficiencias. Sin embargo, hoy los votos se cuentan y cuentan, ante la vigilancia de los ciudadanos, los vecinos de los votantes.

Las sucesivas reformas electorales a partir de 1992 fueron cerrando el paso a los defraudadores, fundamentalmente del PRI, lo cual fue acompañado por una serie de avances en materia de seguridad, tanto en la credencial de elector como en las boletas electorales.

Hay que imaginar lo que eran aquellas credenciales del IFE, un simple cartón, sin foto, absolutamente falsificables. La credencial con fotografía fue implementada por primera vez en el país en Baja California, curiosa coincidencia, durante el Gobierno del panista Ernesto Ruffo Appel. En la elección presidencial de 1994 se implementó a nivel federal. Así, ese importantísimo elemento se sumó luego el uso de la lista nominal con fotografía, lo que canceló la posibilidad de los “carruseles” y otras mañas.

Hoy, la credencial de elector del INE tiene 16 candados de seguridad, imposible su falsificación. Entre esos candados contiene diversas características tecnológicas, como el elemento ópticamente variable (OVD, tipo holograma), los micro textos, la tinta ultravioleta (UV) y ópticamente variable (OVI), los cuales proporcionan mayor certeza en su origen y autenticidad. El llamado Patrón Debilitado es el diseño del fondo de seguridad que se integra con el borde de la fotografía. Esto da la apariencia de fusionar el marco de la fotografía con el resto del diseño de la credencial. En el anverso, este modelo integra un diseño de seguridad basado en colores de tintas ultravioleta que son perceptibles con luz negra. Contiene impresos datos fijos (INE, MÉXICO), imágenes y datos variables del ciudadano. Hay que sumar la impresión “arcoíris”, el elemento táctil, la fotografía fantasma, entre otros.

En cuanto a las boletas, su impresión en el llamado papel Seguridad hace imposible la falsificación. Adicionalmente, lleva una marca de agua con logotipo del INE, visible a contraluz. Solo se imprime y reparte el número exacto de boletas a las casillas correspondientes, lo que impide su manejo “por fuera”, como ocurría antes, a partir de la Lista Nominal. Y, ojo, todas las boletas están foliadas.

Los siete integrantes de las meses directivas de casilla son vecinos de la sección electoral correspondiente, insaculados a partir de su mes de nacimiento y la inicial de su apellido paterno. Son un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Todos los candidatos y partidos pueden tener representantes acreditados en todas y cada una de las casillas. El llamado conteo rápido garantiza la certeza de los resultados contenidos en las actas de escrutinio, firmadas por los funcionarios y todos los representantes de partido, que reciben una copia.

Con la autoridad periodística que, supongo, me dan mis cinco décadas de experiencia como cazamapaches, proclamo que hoy en día es imposible cometer un fraude electoral en México. Los votos de los ciudadanos los cuentan ciudadanos y el resultado se respeta. Otras cosas son cuestiones de equidad y la utilización de programas sociales, por ejemplo, para inducir el voto.

Todo esto viene a cuento por la insólita y sospechosa insistencia del Gobierno de la autollamada 4T, empezando por el Presidente de la República, por descalificar al órgano electoral y dinamitar la certeza de su imparcialidad. No es nuevo que Andrés Manuel hable de fraude electoral; lo hace desde 1994 en Tabasco, en cada elección cuyo resultado no le favorece. El que llama “fraude de 2006” es su mito favorito, que nunca probó. Lo que es sorprendente es que ahora lo haga desde el Gobierno, y a priori.

El propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, previno con todas sus letras hace unos días sobre un fraude electoral perpetrado por “los conservadores” con la complicidad del INE. Así de increíble. ¿Por qué esta desacreditación previa y dolosa de los resultados electorales? ¿Qué les dicen sus “otros datos” sobre las preferencias electorales?

Es imposible no recordar aquí las advertencias y supuestas denuncias de Donald Trump en ese sentido ante los comicios de 2020 en su país, que por supuesto nunca probó. Válgame.

@fopinchetti

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