Por Francisco Ortiz Pinchetti
— La jornada electoral del próximo 6 de junio es, ya, el hecho político más importante del año y tal vez de muchos años. Y mucho me temo que también sea la mayor calamidad de mucho tiempo. Ello no se debe únicamente al número de cargos de elección popular que estarán en juego, 21 mil 368 en total, que efectivamente hace de estos comicios los más grandes y complicados de la historia, sino a la trascendencia que pueden tener sus resultados.
La vida nacional, toda, está ya enfocada al tema electoral. Del Presidente para abajo, todos los funcionarios federales, estatales y municipales, los partidos políticos, los medios de comunicación y las dichosas redes sociales están ya avocados por entero al histórico proceso.
Unos, Andrés Manuel en primerísimo lugar, usando todo lo que esté a su alcance, incluidos por supuesto programas, estructuras y recursos gubernamentales, básicamente para conservar por encima de cualquier cosa la mayoría en el Congreso; otros, para evitar que esa hegemonía prevalezca y poder de algún modo detener la carreta desbocada de la autodenominada 4T, para salvar al país de la hecatombe que ya se vislumbra.
De ahí de que, desde ahora, no haya tema mayor en la agenda nacional que esta contienda emblemática como pocas, que marcará sin duda el destino del país en el corto y mediano plazo. Lo que ocurra el próximo 6 de junio definirá no solamente el futuro del Gobierno lopezobradorista sino –más de lo que se supone– el futuro de México.
El pasado 31 de enero llegaron a su fin las precampañas de los aspirantes a alguna candidatura. Durante 40 días sufrimos el embate mediático de miles de mensajes insulsos de los diferentes partidos políticos. En plena emergencia sanitaria por la COVID-19 padecimos los primeros síntomas de la pandemia que viene: la divulgación de cientos de miles de spots por radio y televisión en los que tratarán en embaucarnos en acusaciones mutuas, advertencias, difamaciones, promesas y sobre todo mentiras.
Y eso es sólo de las contiendas federales. Aparte estará la propaganda por radio y TV de los comicios locales, particularmente en las 15 entidades que elegirán Gobernador.
Los números del proceso electoral 2020-2021 que oficialmente inició el pasado 7 de septiembre nos dan idea del tamaño de la amenaza que se cierne sobre nosotros. En la mencionada jornada histórica del primer domingo de junio estarán en juego 300 diputaciones federales de mayoría y 200 de representación proporcional, los llamados pluris.
Se disputarán gubernaturas de 15 entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Habrán de renovarse además los congresos locales de 30 estados, lo que significa un total de 633 diputados locales de mayoría relativa y 394 de representación proporcional, mil 907 presidentes municipales, así como los 16 alcaldes de la Ciudad de México y un total de 204 concejales.
La campaña electoral propiamente dicha tendrá lugar entre el 4 de abril y el 3 de junio, ya que por ley deberá cesar toda acción proselitista tres días antes de los comicios. Es decir, tendrá una duración de 59 días.
Si Pitágoras no era peluquero, como diría el inolvidable colega Leopoldo Gutiérrez, eso significa un promedio de 703 mil mensajes propagandísticos cada día. Lo peor no es el estruendo auditivo y la saturación de las estaciones de radio y televisión que eso significa. Lo que verdaderamente debe aterrarnos es la inutilidad de esa tormenta de posturas y frases y lemas y consignas insulsas y mentirosas.
Ya los diferentes partidos, todos, nos dieron una probadita de su capacidad de auto denigrase durante la reciente precampaña.
Claro, la campaña mediática servirá para distraer a los agobiados ciudadanos que encima de la eterna cuarentena, la zozobra de ser infectado en cualquier momento, la incertidumbre total acerca de los alcances reales de la pandemia sanitaria y el indescifrable Programa Nacional de Vacunación, tendremos que aguantar las retahílas interminables de acusaciones mutuas y postulados demagógicos, mientras los operadores de los programas sociales hacen su trabajo electorero, como de hecho ha ocurrido desde hace meses, para tratar de salvar el proyecto transexenal del Mesías. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
CORTOCIRCUTO. A juzgar por la atinada determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular los puntos más relevantes de la política energética de la llamada Ley Nahle, la iniciativa preferente en materia eléctrica que el Presidente de la República envió al Congreso para su aprobación difícilmente tendrá futuro. Sin embargo, la pésima señal que su propuesta de contrarreforma envía a los inversionistas del mundo entero ya está mandada y tendrá graves consecuencias. Claro, qué importa.
@fopinchetti