Por Ernesto Camou Healy
— En estos días supimos que en el Principado de Andorra, ese minúsculo país situado en lo alto de los Pirineos entre Cataluña y Francia, una investigación internacional sobre lavado de dinero llevó a las autoridades a confiscar la bonita suma de 48 mil millones de pesos pertenecientes, se supone, a 23 empresarios mexicanos; si se dividen equitativamente entre ellos, cada uno poseería un poco más de dos mil millones de pesos: Como decía “El Piporro”: “¡Ah qué pelados tan ahorrativos…!”.
El antecedente inmediato del caso es el embargo que las mismas autoridades realizaron en 2015 al abogado mexicano Juan R. Collado, por 76.5 millones de euros, unos mil 900 millones de pesos, por considerar que provenía de operaciones ilícitas. Ahora, el Gobierno de esa mini nación estima como muy probable que los depósitos irregulares por 48 mil millones hayan sido manejados por medio del mismo consejero que es quien manejaba los negocios, si es válido llamarlos así, de don Enrique Peña Nieto.
En pocas palabras, allá en esa montañosa localidad sospechan que Collado actuaba como prestanombres de 23 mexicanos que poseían entre todos una fortuna equivalente al presupuesto del Estado de Sonora para el año de 2020.
Si bien los mexicanos tienen el derecho legal de trasladar su capital al extranjero si así conviene a sus intereses, sólo lo pueden hacer cubriendo los requisitos de ley, declarando su propiedad y pagando los impuestos correspondientes sobre las ganancias que rinda ese dinero.
Los ahorradores, todavía desconocidos, realizaron esas operaciones mediante una complicada ingeniería financiera que consistió en trasladar los capitales a diferentes países, utilizando distintas entidades bancarias y corredurías dispersas por el mundo, para despistar, para que se perdiera la pista de ese dinero, originalmente mexicano.
Eso evidencia una voluntad de engañar, por lo pronto, al fisco mexicano, y de no dar cuenta ni declarar cómo adquirieron tal riqueza descomunal. En estos rumbos y con nuestra historia, sabemos que, si pensamos mal, probablemente le estamos atinando; y que, si se evade la explicación y se pretende la máxima opacidad en sus maniobras, hay algo sucio y podrido en tal modo de proceder.
Las cuentas originales de Juan Collado, esos 76.5 millones de euros, estaban en una institución llamada Banca Privada de Andorra, cuyas actividades parecieron tan irregulares que en el 2015 Andorra lo cerró, bloqueó todos los fondos radicados ahí, y una juez embargó todo lo depositado por Collado al sospechar un delito de blanqueo de capitales.
Por casi tres años el abogado y sus posibles socios no tuvieron acceso a su botín, pero esas cuentas fueron desbloqueadas en 2018 por intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que comunicó a la justicia de Andorra que el dinero de Collado tenía un origen lícito mediante un dictamen firmado por una funcionaria de la PGR en el cual se decretaba el “no ejercicio de la acción penal”.
Llama la atención la diligencia que mostró la Procuraduría, y no Hacienda, para enjuagar, ahora sí, la procedencia de unos fondos de un connacional en un paraíso fiscal. No parece descaminado suponer que además del licenciado había alguno, o algunos altos, muy encumbrados funcionarios interesados en recuperar su dinerito.
Todavía no se sabe quiénes son los pájaros de cuenta que acumularon 48 mil millones de pesos, pero se rumora que fueron funcionarios de regímenes anteriores, desde Salinas al menos, y hasta Peña Nieto.
Ese caudal no es limpio. Lo furtivo y los modos usados para trasladarlo y esconderlo subrayan la mala voluntad: Se trata de una caterva de canallas bien vestidos y presumidos, que aprovecharon sus puestos para saquear a los mexicanos. Tenemos una larga historia de latrocinios así, y de gobernantes hipócritas y ladrones. Por eso tiene sentido la lucha del actual Gobierno contra la corrupción; que los persiga y castigue. Que no vuelva a suceder, que no ceje…
*Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.