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Defensa de la tierra desata crímenes contra los rarámuri, demuestran jueces

Por Jaime Armendáriz / Raíchali

— A dos días de iniciado el juicio contra Feliciano Q. M. por el homicidio del activista indígena Julián Carrillo y su hijo Víctor, ocurridos en octubre del 2018 y febrero del 2016, respectivamente, se han presentado elementos para demostrar que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de agresiones desde el crimen organizado contra la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.

Las audiencias se realizan en una sala en Parral. Por ahí han pasado hasta el momento a testificar 2 analistas de contexto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, y 2 integrantes de la comunidad.

Los primeros presentaron durante el martes una investigación de contexto ante los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, para explicar que los homicidios y otras agresiones se derivan por la defensa de la tierra que han realizado los habitantes, entre ellos Julián Carrillo.

Además, advirtieron que existe un patrón en esos hechos violentos: cada vez que se emite una resolución judicial que beneficie a la comunidad o perjudique a las personas que intentan despojarlos de la tierra, se registra una agresión.

Esto coincide con una cronología realizada por Amnistía Internacional en 2019 en un informe en el cual condenó al Estado Mexicano por no haber protegido a Carrillo.

En el 2007 la Semarnat dio un permiso para talar el bosque de Coloradas de la Virgen. A partir de ahí los indígenas y autoridades tradicionales exigieron anular los permisos y en 2013 se intensifican agresiones contra abogados de los líderes rarámuri.

En 2014 Julián Carrillo y otros defensores de la tierra reciben medidas de protección. Un año después el Tribunal Agrario suspendió los permisos para talar el bosque y en reacción fue quemada la casa de Carrillo y asesinado su hijo, además de otros 4 defensores en 2016.

Para mayo del 2018, luego de varios recursos legales, el Tribunal Agrario solicitó reiniciar el proceso de los permisos de tala, y 2 meses después asesinaron al yerno de Julián y éste último salió del estado. En octubre de ese mismo año regresa a su comunidad y es asesinado.  

Durante esa lucha no solo la familia de Carrillo ha tenido que salir de Coloradas de la Virgen, sino hay el registro de por lo menos otras 60 personas más.

Con este juicio no se busca solo una sanción para el imputado, sino que exista una reparación integral y que se entienda la dimensión de las afectaciones. Que se reconozca a la comunidad y que en una de las medidas de satisfacción se reconozca la lucha de Julián y como eso llevó a las agresiones, subrayó Ruth Fierro, directora del Cedehm.

Aparte, dijo, es necesario que al finalizar este proceso, el Estado garantice el retorno seguro de las personas desplazadas.

Testigos temen agresiones por el vínculo del detenido con el crimen organizado

Para este miércoles 03 de febrero, en el segundo día del juicio, acudió un testigo de identidad reservada y otro más como integrante de la comunidad. Ambos narraron ante los jueces los daños que han sufrido por un grupo del crimen, y declararon tener conocimiento de los homicidios de Julián y su hijo.

Pero también externaron el temor que les representa estar denunciando ante el tribunal, ya que en una parte relevante de las audiencias se ha vinculado al imputado con un grupo delincuencial.

El juicio todavía tendrá más testimonios y en la parte final la defensa del detenido presentará a 3 personas. El proceso podría durar entre 2 semanas a un mes.

Feliciano es la segunda persona que va a ser juzgado en el caso específico de Julián. El año pasado se estableció una sentencia de 2 años a un menor de edad detenido por el homicidio; se encuentra bajo custodia de un albergue para menores infractores.

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