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Ordena juez reabrir caso Tlatlaya: Centro Prodh

Agencias/AN

CdMx—Un juez federal otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de la masacre en Tlatlaya y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que rencause el expediente ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su investigación.

Así mismo, instruyó que la Procuraduría profundice en la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En julio 2015 se dio a conocer que el Ejército mexicano tuvo la orden de abatir civiles, como parte de la “Operación Dragón”, previo a la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, durante un operativo militar el 30 de junio de 2014.

Así lo reveló un informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La Sedena respondió que se trataba de un “muy lamentable error” de transcripción. Pero no se profundizó más.
El titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, no sólo ordenó a la PGR que reabra el caso y cumpla con todas las diligencias que no ha llevado a cabo para definir qué ocurrió, sino también que profundice en la cadena de mando para averiguar el origen de la mencionada orden de abatir delincuentes.

La señora Clara Gómez González, madre de Érika, una joven de 14 años de edad, quien murió en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo contra la PGR y la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.

El juez Zabalgoitia concluyó que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares.

En un comunicado, el Centro Prodh apuntó: “La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.

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