Por El País
—Chile.-La Fiscalía chilena no da tregua a la Iglesia católica, azotada por una profunda crisis, a causa de los múltiples casos de abusos sexuales protagonizados por religiosos y su polémico manejo. Después de haber allanado oficinas de la institución en diversas ciudades del país en búsqueda de nuevos antecedentes y de que el fiscal nacional ordenara la designación de persecutores en cada región de Chile, el Ministerio Público dio a conocer este lunes un inédito catastro sobre los casos que investiga de abusos en la Iglesia.
El reporte, que abarca hechos desde 1960 a la fecha, pero que se refiere a causas abiertas desde que entró en vigor la Reforma Procesal Penal en 2000, indica que 158 personas ligadas a la institución han sido investigadas: 139 religiosos, 10 laicos que ocupaban cargos pastorales y otras nueve cercanas a alguna institución eclesiástica, de las que no se dieron mayores detalles.
De acuerdo a la Fiscalía, se han identificado 266 víctimas, de las cuales al menos 178 eran niñas, niños o adolescentes al momento de los hechos, lo que representa un 66% del total.
Se trata de 144 causas judiciales en todas las regiones de Chile, aunque donde se ha producido un índice mayor de abusos sexuales ligados a la Iglesia es en la capital, Santiago, y en la del Biobío y Valparaíso, en el sur y el centro del país respectivamente. Entre los 139 religiosos investigados se encuentran 74 obispos, sacerdotes y diáconos sin congregación y otros 65 que pertenecen a alguna; 16 salesianos y 15 maristas.
“En su gran mayoría los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales. También existen cinco casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, indica el documento del Ministerio Público chileno. De acuerdo al catastro, 34 indagaciones se encuentran vigentes con diligencias pendientes.
La Iglesia católica chilena afronta una crisis profunda por la histórica limpia ordenada por el Vaticano. A comienzos de año, la polémica visita del Papa al país sudamericano terminó con una orden del Sumo Pontífice de renovar una institución marcada por los casos de abusos sexuales y encubrimientos. Hasta ahora, Francisco ha aceptado cinco renuncias de las 34 que le fueron presentadas en bloque en mayo pasado. Pero en paralelo se han seguido conociendo nuevas tramas y casos de connotación, como la detención del sacerdote chileno Oscar Muñoz, formalizado por abusos sexuales reiterados contra menores y estupro, que hasta enero pasado el canciller del arzobispado de Santiago y, por lo tanto, parte de la jerarquía. En ese papel que ejerció desde 2011 debió conocer de primera fuente los casos de abusos sexuales que explotaban en la institución, incluida la trama de mayor simbolismo, la del influyente Fernando Karadima.
La Fiscalía ha realizado gestiones audaces: hace algunos días, decidió pedir al Vaticano que le envíe el informe elaborado por los enviados especiales a Chile del papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, en relación a los abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia chilena. “La definición del Ministerio Público es investigar todas las denuncias, más allá de si los delitos están prescritos o no, porque las víctimas tienen el derecho de ser escuchadas por la Justicia”, indicó este lunes Luis Torres, el director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.