Desde 1986, cuando el PAN decidió legitimar el gobierno de Fernando Baeza, pese al fraude electoral perpetrado en su contra, la alternancia política en Chihuahua ha estado marcada por el principio de la concertacesión. Una fotografía de 2024 en que los ex gobernadores Francisco Barrio, Fernando Baeza y Patricio Martínez aparecen risueños al lado de Xóchitl Gálvez ilustra claramente la facilidad con que las élites se ponen de acuerdo en esta región del país. Cada nuevo gobierno promete enterrar al anterior, desterrar sus vicios y limpiar las instituciones. Pero apenas se disipa el humo de los discursos, reaparecen los mismos personajes, los intereses compartidos y una familiaridad entre adversarios que solamente sorprende a quienes todavía toman en serio las fronteras entre las siglas partidistas.
En El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, uno de los personajes profiere una de las frases más citadas de la literatura política: “si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?”. En la cuna de las concertacesiones, el gatopardismo parece haber adquirido una variante particular: basta con cambiar de partido, de cargo o de enemigo para que el viejo orden encuentre una nueva oportunidad de sobrevivir.
Las trayectorias de César Duarte, Javier Corral, María Eugenia Campos, César Jáuregui y Cruz Pérez Cuéllar permiten reconstruir una historia de rupturas, alianzas y acomodos que atraviesa al PRI, al PAN y a Morena. No todos han incurrido en los mismos actos, ni sus diferencias pueden reducirse a una complicidad generalizada. Pero sus historias revelan hasta qué punto las redes políticas sobreviven a las alternancias que prometían desmantelarlas. La llamada nómina secreta del gobierno de César Duarte constituye uno de los episodios más reveladores de esa continuidad. Las investigaciones realizadas durante la administración de Javier Corral documentaron un mecanismo de distribución irregular de recursos públicos que involucró a personajes de distintas filiaciones políticas. La actual gobernadora de Chihuahua, su ex fiscal general César Jáuregui, y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez fueron señalados por el dedo flamígero del ex gobernador Corral, pero luego todo se difuminó tras una cortina de humo, al igual que las múltiples denuncias contra Cruz Pérez Cuéllar que duermen el sueño de los justos en la fiscalía anticorrupción marujista.
Corral pretendió hacer del combate a la corrupción duartista el eje de su gobierno. La operación Justicia para Chihuahua permitió investigar una extensa red de desvíos y produjo uno de los enfrentamientos políticos más intensos en la historia del estado. Sin embargo, las investigaciones fueron cuestionadas por su instrumentalización electoral y por las diferencias en el tratamiento de personajes vinculados con el mismo entramado de poder. En palabras del abogado Jaime García Chávez, el ahora senador por Morena traicionó al movimiento ciudadano que lo llevó a la gubernatura.
La paradoja se hizo más evidente cuando María Eugenia Campos, antigua compañera de partido y adversaria de Corral, llegó al poder. Desde entonces, el combate a la corrupción quedó atrapado en una guerra de expedientes y acusaciones cruzadas. Corral, por su parte, abandonó el PAN y encontró fuero en Morena, donde hoy comparte espacio con Cruz Pérez Cuéllar, uno de los políticos a quienes él mismo ha señalado por sus vínculos con el duartismo.
La contradicción no es menor. Corral sostiene que una eventual gubernatura de Pérez Cuéllar representaría la continuidad del sistema que combatió. El alcalde juarense, antiguo dirigente estatal del PAN, se presenta mientras tanto como representante de la transformación política que Morena dice enarbolar, y desdeña al ex gobernador con el mote de “merolico cobarde”. En esta disputa, las fronteras entre el viejo régimen y el nuevo se vuelven tan borrosas que resulta difícil determinar dónde termina uno y comienza el otro.
El reciente caso de César Jáuregui introduce una nueva fractura en este escenario. Durante años fue uno de los colaboradores más cercanos de la actual gobernadora. Aunque la investigación judicial deberá determinar sus responsabilidades, uno no puede evitar preguntarse cómo puede un funcionario que concentró durante años una parte tan importante del poder estatal convertirse de pronto en un extraño para el gobierno al que perteneció.
La figura de César Duarte continúa proyectando su sombra sobre este elenco de distinguidos chihuahuenses. El “duartepardismo” constituye un sistema de relaciones que atraviesa partidos, instituciones y generaciones de politicastros. Su vigencia no depende de su presencia en el gobierno, sino de la supervivencia de las prácticas que hicieron posible todo un entramado de impunidad. La política chihuahuense parece haber convertido los antagonismos en una forma de negociación permanente. Los antiguos aliados se denuncian, los adversarios se reconcilian y los expedientes judiciales aparecen inevitablemente teñidos de sospecha debido a la coyuntura electoral.
Mientras tanto, Chihuahua continúa enfrentando problemas que no se resuelven mediante cambios de filiación partidaria: la violencia y la desaparición de personas, el deterioro del medio ambiente, la precariedad laboral, la crisis del agua y el abandono de numerosas comunidades. Ésa es quizá la consecuencia más grave del gatopardismo en el estado: convertir la política en una interminable disputa por la conservación del poder mientras las transformaciones que necesita la sociedad permanecen aplazadas.
En la novela de Lampedusa, el príncipe de Salina comprende que el mundo al que pertenece está desapareciendo. En Chihuahua, por el contrario, las élites parecen haber descubierto el secreto de la eterna juventud, porque, como suele expresarlo la sabiduría campirana “todos se tapan con la misma cobija”.
*Profesor de la Universidad de Texas. Novelista, ensayista y traductor. Su libro más reciente es Fabular Juárez: marcos de guerra, memoria y los foros por venir. Premio Chihuahua 1995