Por Karla Quintana / Raichali
Académicas, especialistas y periodistas coincidieron en la urgencia de un reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno y de políticas públicas que garanticen la protección de las comunidades afectadas.
En dos presentaciones en Chihuahua, del Informe Anual de Desplazamiento Interno en México 2024, funcionarias, exfuncionarios, académicas y periodistas, coincidieron en en la necesidad de que el Estado mexicano reconozca plenamente este fenómeno y actúe para garantizar seguridad, acceso a la justicia y restitución de derechos a las comunidades afectadas
El objetivo del informe, realizado por el área de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, es visibilizar las causas, dimensiones y retos que enfrentan miles de familias obligadas a abandonar sus hogares por la violencia, los conflictos territoriales y otras problemáticas sociales.
El desplazamiento forzado como parte de un proceso de violencias
Karina Baltazares, estudiante de doctorado en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (INAH), explicó que actualmente desarrolla una tesis titulada “Impactos del desplazamiento forzado en las prácticas de crianza en las familias rarámuri y ódami”, aún en construcción. En su intervención puntualizó que el desplazamiento debe entenderse dentro de un marco más amplio de violencias:
“El desplazamiento no es la violencia, la única violencia que existe, es esta movilidad, sino que también debemos considerar que es parte de un proceso de violencias que empiezan desde antes”.
Agregó que estas violencias atraviesan de manera particular la vida de las mujeres y las niñas desplazadas:
“La violencia sexual es un tema que atraviesa pues eh justo estas estas condiciones en las que se habita en desplazamiento, los abusos, la explotación sobre todo las relaciones de explotación entre personas mestizas y personas desplazadas”.
Por su parte, Mariana Villalobos, asesora técnica de la Comisión Estatal de Población (Coespo), señaló que actualmente trabajan en la creación de un padrón de personas en situación de movilidad en Chihuahua.
Este registro lo realizan directamente en las comunidades receptoras mediante ventanillas únicas de atención y recopilación de datos, en coordinación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y dentro de las actividades de la Comisión de Desplazamiento Forzado.
Entre los principales retos mencionó el manejo responsable de la información sensible, la capacitación de los entrevistadores, las dificultades técnicas de conectividad en zonas serranas y la seguridad de quienes participan en el registro.
Vacíos legales y marco normativo
La abogada Irma Villanueva Nájera, ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) explicó que México carece de un reconocimiento legal pleno del desplazamiento forzado interno, y que las leyes actuales resultan insuficientes o incluso criminalizan a las víctimas.
Subrayó que, aunque no existe legislación específica, sí hay un marco normativo que permite brindar atención: el artículo 1º y 11º constitucional, que garantizan la libre movilidad; el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Ley General de Víctimas; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las leyes que protegen a las comunidades indígenas.
“No hay un registro, no hay protocolos, hay una ausencia de política pública integral, un desconocimiento de esta situación. Más que desconocimiento, yo siento que es una negación y una indiferencia, y lo hablo desde la sociedad, desde la comunidad”, acotó.
Janette Carrillo, coordinadora de la agenda de Desplazamiento Interno de la Universidad Iberoamericana, destacó que la existencia de leyes no garantiza atención efectiva. Señaló que la legislación aprobada en Chihuahua quedó sin operatividad y que el monitoreo permite identificar vacíos y patrones de violencia:
“Esa ley se quedó en letra muerta porque no cuenta con un protocolo, no cuenta con acciones clave de cómo atender el desplazamiento y ahí están los resultados. Una ley tampoco es la respuesta que podemos esperar; también nos dice que existen distintas leyes desde las que se puede atender el desplazamiento”, detalló la académica.
Carrillo explicó que los desplazamientos se clasifican en tres categorías: violencia por criminalidad organizada, violencia por competitividad social y territorial, y violencia por acción u omisión del Estado.
El informe está pasado en monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, por lo que las cifras son acotadas:
En Chihuahua, durante 2024, se documentaron ocho eventos de desplazamiento forzado, todos vinculados a grupos del crimen organizado. En Oaxaca e Hidalgo, agregó, también se observan casos relacionados con violencia social y territorial.
Además, indicó que el monitoreo se realiza ante la ausencia de cifras oficiales del gobierno y destacó los avances de las leyes locales, como las de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y la más reciente, la de Oaxaca, orientada a la prevención y atención del desplazamiento forzado.
Datos nacionales y patrones en Chihuahua
Según el informe, los estados que concentraron el mayor número de personas desplazadas a nivel nacional fueron Chiapas (61.8%), Sinaloa (15.5%), Michoacán (5.4%), Chihuahua (5.4%) y Guerrero (4.8%).
En el estado de Chihuahua se documentaron ocho eventos de desplazamiento: uno interestatal, tres intraestatales y cuatro intramunicipales. La mayoría (50%) fueron intramunicipales, seguidos por los intraestatales (37.5%) y el resto (12.5%) correspondió a desplazamientos interestatales. La mayoría (71.4%) no involucró a población indígena.
Las entidades con afectaciones más significativas fueron Chihuahua, con 1,552 personas desplazadas en ocho eventos ocurridos en el municipio de Guadalupe y Calvo, y Guerrero, con 1,396 personas desplazadas en ocho eventos registrados en diversos municipios, entre ellos General Heliodoro Castillo y Petatlán, lo que reafirma los patrones de violencia persistente en estas regiones.
En Chihuahua, con 10,819 personas desplazadas, se mantiene un patrón persistente de desplazamiento interno, particularmente en municipios enclavados en la Sierra Tarahumara, como Urique, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Bocoyna.
Cabe destacar que este año 2025, se elevó la cifra de comunidades completas desplazadas de manera forzada, principalmente el Guadalupe y Calvo y Moris. El informe sólo abarca hasta 2024.
En estas zonas, la violencia ha estado marcada por el control territorial ejercido por grupos del crimen organizado, quienes disputan rutas estratégicas de tráfico ilícito y ejercen presión sobre comunidades indígenas rarámuri y mestizas.
Además, se han documentado amenazas y agresiones contra personas defensoras del territorio, así como conflictos relacionados con la tala ilegal de bosques y la explotación de recursos naturales, intensificando las condiciones de riesgo y expulsión.
Criminalización y presiones económicas
La periodista Patricia Mayorga señaló que la tipificación del delito de desplazamiento forzado, puede criminalizar a víctimas por la forma en que está redactado, de acuerdo con personas expertas en la materia.
“Hay cuatro estados con leyes, en cuatro estados está tipificado como deltio, entre ellos, que lo aprobó en enero de 2023 el Congreso, pero en febrero lo reforma así como que por debajo del agua y agrega un párrafo donde de acuerdo con expertos puede criminalizar a víctimas”.
Mayorga también advirtió sobre los factores económicos que impulsan desplazamientos masivos en la Sierra Tarahumara. Entre enero y marzo de este año, más de 600 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a la presión de grupos que buscan controlar territorios para la explotación de oro, la madera y gas.
“Moris, tenemos a más de 600 personas desplazadas en tres meses porque están yendo por el oro. En enero aumentó el precio en el mercado en enero […]”.
Ante la pregunta de los asistentes, sobre cómo pueden apoyar ante el problema de desplazamiento forzado, dijo: “Yo creo que la información es poder y creo que la sociedad civil tiene que apoderarse de ese poder informativo porque es un derecho constitucional”.
Diana Villalobos, directora de la organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), coincidió en la necesidad de una ley general de desplazamiento forzado que permita al gobierno implementar programas de atención y destinar presupuestos para las comunidades afectadas:
“No hay un reconocimiento por parte del Estado del fenómeno del desplazamiento y luego criminalizan a las personas que se desplazan, porque las acusan de que a la mejor en algo andarán”.
La falta de reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno sigue siendo un obstáculo crítico para la atención de las personas afectadas. Diana Villalobos, concluyó que es indispensable que se apruebe una ley general de desplazamiento forzado que permita al gobierno implementar programas de atención, destinar recursos específicos y garantizar la protección de las comunidades desplazadas.
Actualmente la iniciativa de ley se encuentra “congelada” en la Cámara de Diputados.
La ausencia de esta legislación, señaló Villalobos, no sólo impide la atención necesaria, sino que perpetúa la criminalización de las víctimas y hace más costoso y complejo reconocer la magnitud del problema.