Por Desinformémonos.
Organizaciones civiles alertan sobre el aumento de violencia en la región y la omisión del Estado frente al desplazamiento de comunidades indígenas.
La violencia en la Sierra Tarahumara se ha intensificado gravemente, con enfrentamientos entre grupos criminales que han provocado el desplazamiento forzado de cientos de familias indígenas en municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi y Moris. A pesar de que los hechos son conocidos públicamente, las autoridades minimizan la crisis y, en algunos casos, criminalizan a las víctimas.
Organizaciones civiles han documentado estos desplazamientos y brindado apoyo básico, mientras exigen una respuesta efectiva del Estado. Denuncian la falta de políticas públicas preventivas, así como la omisión institucional frente al despojo, la violencia y la ruptura del tejido comunitario en las regiones afectadas.
Se demanda una estrategia integral de seguridad, no basada únicamente en el uso de la fuerza, sino en el respeto a los derechos humanos, la reconstrucción comunitaria y el desarrollo social. También se exige a la CEAVE atender a las personas desplazadas de Moris, actualmente en la Ciudad de México, y que se reconozca públicamente la existencia del desplazamiento forzado.
A continuación del comunicado completo:
POSICIONAMIENTO Sobre los hechos recientes de violencia en la Sierra Tarahumara y desplazamiento forzado en Moris
Lo expresado en estas líneas no representa una novedad; seguramente lo hemos señalado en múltiples ocasiones. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestro desasosiego, tristeza y profunda preocupación ante los recientes hechos de violencia ocurridos en la Sierra Tarahumara y las graves consecuencias que esto representa para comunidades enteras.
El municipio de Guadalupe y Calvo ha estado, como es de conocimiento público, bajo el dominio de un grupo criminal durante décadas, con la complacencia —explícita o tácita— de las autoridades. No obstante, desde hace tres años se ha desatado una nueva y más cruenta disputa territorial entre ese grupo y otras organizaciones delictivas que han incursionado en la región.
El aumento de la violencia en varios municipios de la Sierra Tarahumara se traduce en enfrentamientos prolongados entre grupos armados y en el consecuente desplazamiento forzado de miles de personas. Durante los últimos dos años, las organizaciones civiles hemos documentado desplazamientos en comunidades como Llano Grande, El Pinito, Cinco Llagas y Dolores (Guadalupe y Calvo), en Rocheachi (Guachochi) y, más recientemente, en el municipio de Moris. La mayoría de las familias desplazadas pertenecen a los pueblos rarámuri, ódami, pima y guarijío.
Los enfrentamientos entre grupos rivales, el uso de drones y las balaceras con armas de alto calibre son cada vez más frecuentes. Las redes sociales y medios de comunicación difunden evidencia constante de estos hechos, aunque omitiendo lo más evidente: vivimos en un estado de guerra no declarado.
La prensa detalla rutas, tácticas y estrategias utilizadas por los grupos criminales; la información es de dominio público. Cualquier ciudadano informado conoce ya con detalle lo que ocurre.
Por su parte, las autoridades han minimizado la gravedad de la situación, negado la existencia del desplazamiento forzado y, en muchos casos, han optado por criminalizar a las víctimas.
La población de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Moris, y otras regiones, vive con miedo, con la angustia de saberse desprotegida, enfrentando pérdidas humanas, materiales y culturales. Comunidades enteras han sido abandonadas por sus habitantes, obligados a huir para salvar la vida.
Las organizaciones civiles hemos acompañado a estas comunidades en sus procesos legales, en su exigencia por el respeto y la garantía de sus derechos humanos y colectivos. También hemos gestionado apoyos básicos: alimentación, acceso a salud, educación y justicia.
En diversas reuniones con autoridades federales, estatales y municipales hemos denunciado y advertido lo que ocurre en la Sierra Tarahumara, así como las estrategias que los grupos criminales emplean para despojar y controlar el territorio, estrategias que —insistimos— son ampliamente conocidas por la sociedad.
Durante años, las comunidades han denunciado esta violencia y han buscado apoyo institucional, sin hallarlo del todo. Esto, a pesar de que el Estado está obligado a garantizar seguridad pública, justicia y ayuda humanitaria para las víctimas del desplazamiento y de la violencia.
Todo lo anterior confirma la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y del desplazamiento forzado, especialmente cuando quienes más lo sufren son pueblos indígenas. Las acciones implementadas hasta ahora han sido meramente paliativas. Urge pacificar las zonas en conflicto, donde las comunidades se encuentran —o se encontraban— asentadas.
El desplazamiento forzado interno (DFI) en la Sierra Tarahumara es una realidad innegable. Lo viven cientos, quizá miles de familias indígenas y mestizas que han abandonado sus hogares por temor, huyendo de la violencia para proteger la vida.
Brindar seguridad pública es una obligación constitucional del Estado Mexicano. Las leyes facultan a las autoridades para hacer uso legítimo de la fuerza y perseguir los delitos. Es responsabilidad de los tres niveles de gobierno atender lo que ocurre cotidianamente en estas comunidades: amenazas, disparos, quema de viviendas, reclutamiento forzado, violaciones, homicidios y otras agresiones, todas cometidas con total impunidad.
Es urgente atender a las víctimas del desplazamiento forzado y garantizarles acceso a servicios básicos y condiciones dignas de vida. Es urgente reconocer públicamente la existencia del DFI, ya que su negación solo perpetúa la evasión de responsabilidades.
Exigimos que la CEAVE establezca contacto con las personas desplazadas de la región de Moris, quienes, según información de Raíchali, actualmente se encuentran en la Ciudad de México.
Demandamos una presencia efectiva del Estado y una estrategia de seguridad que restablezca la tranquilidad en las comunidades, base indispensable para la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos. La seguridad pública es deber del Estado, y su razón de ser es garantizar que el lugar en el que habitamos sea seguro.
Esa estrategia no puede limitarse al uso de la fuerza o al encarcelamiento de generadores de violencia. Debe ser integral, transversal e interinstitucional, promoviendo el diálogo, la reconstrucción comunitaria y la resolución pacífica de los conflictos.
Es fundamental diseñar programas y asignar recursos para atender las causas estructurales de la violencia, respetando los derechos de los pueblos indígenas. La justicia social es una deuda histórica con la Sierra Tarahumara. El abandono institucional, la falta de oportunidades y la ausencia de desarrollo para las familias campesinas, mestizas e indígenas han generado el terreno fértil para que la ilegalidad, el crimen y la impunidad permeen todos los ámbitos de la vida social.
Hacemos un llamado urgente a los tres niveles de gobierno y a todas las instituciones involucradas a informar con claridad sobre la situación de las personas desplazadas en Moris, así como sobre los hechos que continúan ocurriendo en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi y todos los afectados.
Exigimos transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y qué acciones concretas están emprendiendo las autoridades para atender, prevenir y erradicar la violencia, el despojo y el desplazamiento forzado.