Por Karla Quintana | Raíchali. Fotos: Raúl F. Pérez Lira
Chihuahua – Personas desplazadas de comunidades indígenas y mestizas marcharon en sliencio de la plaza Hidalgo hacia el Congreso del Estado, ubicado en la plaza de Armas, en el centro de la ciudad de Chihuahua.
Con la movilización y volanteo, concluyó del Encuentro de Personas Desplazadas, convocada por las mismas comunidades desplazadas y las organizaciones Colectivo Un Nuevo Amanecer, conformado por familias originarias de comunidades afectadas por la violencia en Guanaceví del estado de Durango, así como, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Uruachi, Balleza y Delicias, en el estado de Chihuahua.
El contingente caminó por la calle Guadalupe Victoria. Una manta alzada en alto, encabezó la manifestación: “Somos las voces de los desplazados de todos los rincones de la Sierra Tarahumara”.
Foto: Raúl F. Pérez Lira
A lo largo del trayecto, entregaron volantes al público, en los que dan a conocer que el desplazamiento forzado es una crisis invisible que destruye vidas y no es una elección, sino una tragedia.
El mensaje informa que muchas personas indígenas han sido obligadas a dejar sus hogares por violencia, crimen organizado, conflictos territoriales o megaproyectos, y que enfrentan hambre, discriminación y falta de acceso a derechos básicos como educación o salud.
En su recorrido, el grupo se posicionó frente al Congreso del Estado, donde representantes de algunas comunidades dieron lectura a un comunicado en el que denunciaron públicamente los hechos de violencia que los obligaron a abandonar sus hogares.
Relataron patrones comunes de agresiones: asesinatos de familiares, enfrentamientos armados, reclutamiento forzado, amenazas, violaciones, quema de viviendas, despojo de tierras y ataques a su integridad.
En algunos casos, señalaron que han huido en medio de enfrentamientos sin poder llevar consigo más que lo indispensable. Algunas comunidades están desplazadas desde hace más de 15 años.
Expusieron que, pese a la gravedad de los hechos sufridos, no han obtenido justicia. Hay comunidades que han acudido a tribunales y han logrado sentencias favorables, pero los fallos no han sido cumplidos por las autoridades correspondientes.
Denunciaron que en lugar de garantizar soluciones reales, algunas instituciones se han inconformado con las resoluciones judiciales, lo que consideran una muestra de desinterés frente a una problemática que ha provocado un profundo daño.
Entre sus exigencias piden procesar a los responsables de los crímenes cometidos contra sus comunidades, la garantía de condiciones reales de seguridad que permitan su retorno y la reparación integral de los daños.
Enfatizaron que no es posible regresar mientras persista la presencia de grupos armados, los enfrentamientos y las amenazas, por lo que consideran indispensable una estrategia de pacificación que brinde garantías efectivas de protección.
También señalaron que, si el retorno no es viable, es necesario un proceso de reubicación en un lugar que les permita reconstruir sus vidas con dignidad, acceso a tierras para sembrar y condiciones que respeten sus tradiciones y formas de vida.
Destacaron la importancia de contar con vivienda, servicios básicos, acceso a la salud y medicamentos, oportunidades de empleo para personas mayores de 50 años y continuidad educativa para niñas, niños y jóvenes, con maestras y maestros que hablen su lengua y estén comprometidos con la niñez indígena.
Finalmente, llamaron a que se implementen proyectos productivos diferenciados que consideren las particularidades culturales, sociales y territoriales de sus comunidades. Subrayaron que no se trata únicamente de recibir asistencia, sino de garantizar condiciones para una vida autónoma, con ingresos dignos y respeto a sus derechos como pueblos originarios.
También se invitó a la población a solidarizarse mediante la donación de alimentos, artículos de higiene personal, ropa y calzado en buen estado, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).