— El medio de comunicación Raíchali, integrante de la Alianza de Medios Nacional, ha dirigido una alerta urgente a las autoridades competentes en agresiones contra periodistas a raíz de la detención arbitraria de la reportera Adriana Esquivel, ocurrida el pasado 27 de septiembre a manos de la Policía Municipal de Chihuahua.
El grupo de periodistas de Raíchali, periódico digital dedicado a dar voz, cobertura y defensa de los derechos humanos, especialmente de los grupos vulnerables de la sociedad chihuahuense, se ha dirigido a las autoridades estatales, municipales y a las comisiones de derechos humanos nacional y estatal, así como a los organismos de protección de periodistas, para exigir que se investiguen los sucesos, se sancione a los responsables, se disculpe públicamente la alcaldesa María Eugenia Campos y se garantice la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas en Chihuahua.
En los siguientes términos se expresan las y los compañeros de la periodista afectada:
“La detención arbitraria de nuestra colega vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Este precedente representa una alerta para el gremio ya que envía un mensaje de permisividad para arrestar a las y los periodistas que den cobertura a las manifestaciones sociales.
Raíchali tiene como prioridad la cobertura de violaciones de derechos humanos, medio ambiente, indigenismo y movimientos sociales. Adriana Esquivel ha cubierto de manera reiterada las protestas y manifestaciones de activistas en el estado de Chihuahua, entre otros trabajos, desde hace dos años para este medio. Su trayectoria es reconocida en la entidad y en el gremio periodístico por su labor ético en diversos medios de comunicación durante ocho años.
HECHOS
El pasado 27 de septiembre, un grupo de integrantes del movimiento Marea Verde acudió a la colonia Lealtad II a realizar una intervención en una barda. Adriana Esquivel acudió como periodista a dar cobertura del acto, para el portal www.raíchali.com.
Agentes de la Policía Municipal acudieron a la calle 45 y Justiniani en la colonia Lealtad II alrededor de las 23:00 horas. Al ver la presencia policiaca, las activistas abandonaron la zona, mientras que la reportera tomaba imágenes con su teléfono celular. Un oficial abordó a nuestra compañera, quien se identificó, mostró su gafete e informó lo que hacía en el lugar.
El oficial, quien se identificó con ella como Javier González, le pidió que le mostrara las manos para ver si no tenía pintura y, posteriormente, le permitió retirarse.
La reportera caminó a la otra calle y abrió una aplicación para solicitar un vehículo con rumbo a su domicilio. El agente se volvió a acercar a ella, le pidió que le mostrara la página en la que trabaja y tomó fotografías de su gafete de prensa.
Ya no se le permitió retirarse del lugar. Los últimos mensajes que la reportera logró mandar a sus compañeros del medio fueron a las 11:46 del 27 de septiembre. Al verla que escribía en su celular, una policía le cuestionó con quién se estaba intentando comunicar para después esposarla.
Para entonces, ya tenía varios minutos escoltada por los policías municipales, hasta que fue trasladada a una unidad por una agente que se identificó con ella como “Paty”. En el camino se le dijo que iba detenida por daños al patrimonio municipal y que tenía derecho a una llamada y a un abogado, pero no se le permitió llamar ni conseguir un representante legal.
Ya en la comandancia, la agente le preguntó y pidió que le mostrara si tenía fotos de las unidades, a lo que la reportera respondió que no mostraría su teléfono hasta tener un abogado.
Fue ingresada a los separos sin un parte policial. Durante las casi tres horas que estuvo ahí, se le informó que su imagen estaba en las cámaras de seguridad. Ella respondió que nunca negó haber estado en el lugar, e incluso ahí fue detenida, pero sostuvo que no hizo nada más que tomar fotografías.
También se le comunicó que ya habían acreditado que era prensa, pero continuó arrestada. Posteriormente, un agente llegó con una lata y un “stencil”, los cuales se agregarían como pruebas al parte policial que nunca se presentó. Ya a las 2:00 del 28 de septiembre, pasó a una audiencia de tipo civil. Se le tomó fotografía, se le retiraron sus pertenencias y fue presentada ante el médico de la comandancia. En la audiencia se le explicó que había sido detenida por daños, sin embargo, se corroboró que no tenía participación.
La falta administrativa “leve” por la que permaneció y fue presentada a audiencia fue observar una falta administrativa sin dar vista a la policía y, antes de concluir el proceso, se le exhortó a no volverlo a hacer.
Fue entonces cuando la registraron en el libro de ingresos y se le permitió salir del edificio. En la sala ya la esperaba una persona que había acudido a buscarla al enterarse de la detención y quien le externó su preocupación, pues, pese a que fue trasladada inmediatamente, tardaron al menos una hora en confirmar que estaba en el lugar.
De manera paralela, este medio se comunicó al celular de Adriana cuando ella avisó por mensaje de su detención, pero una agente respondió la llamada para informar que se la llevaban detenida porque participó en la intervención de la barda, hecho que las mismas cámaras de vigilancia desmintieron posteriormente.
La mujer policía informó vía telefónica, después de que se le confirmó que Adriana Esquivel es parte del equipo de Raíchali, que se la llevaban detenida porque cualquier persona podía hacer un gafete para identificarse como prensa.
CONTEXTO
La agresión policiaca contra Adriana ocurre en un contexto de intolerancia gubernamental contra el movimiento feminista en varias entidades del país, en donde Chihuahua no es la excepción.
El 5 de septiembre pasado, activistas de las colectivas Mujeres en Rebelión y Juárez Feminista se manifestó en las calles del centro de Ciudad Juárez, para apoyar la detención arbitraria de feministas de Guanajuato, que fueron detenidas unos días antes.
La Policía Municipal de Juárez acudió a inhibir la manifestación, agredieron físicamente a algunas integrantes y detuvieron a 27, entre ellas una menor. Las liberaron por la madrugada con el pago de una fianza.
Este lunes, en el marco del Día Internacional de la despenalización del aborto, grupos de manifestantes feministas fueron agredidas por agentes policiacos en Xalapa, Veracruz
En la Ciudad de México la policía encapsuló la protesta, las manifestantes reaccionaron y resultaron lesionadas tanto civiles como mujeres policías.
Desafortunadamente, la labor dentro del periodismo, en medio del clima generalizado de violencia contra periodistas y comunicadores en México, se ha fusionado con nuestro deber de denunciar y protegernos de manera colectiva.
SOLICITUDES
• Iniciar las investigaciones correspondientes que clarifiquen la detención de Adriana Esquivel y las contradicciones de los agentes municipales para justificarla.
• Una disculpa pública de la alcaldesa María Eugenia Campos, para anular prevenir ataques y agresiones físicas que pongan en riesgo la integridad de Adriana Esquivel y de su núcleo familiar.
• Demandamos que cada autoridad cumpla con garantizar las condiciones que requiere ejercer el periodismo en Chihuahua.
• A las autoridades estatales, que intervengan en la investigación para garantizar la libertad de prensa en un contexto generalizado de violencia y de polarización política.
• A las comisiones de derechos humanos, nacional y estatal, que inicien una queja de oficio para identificar a las y los responsables, para que reciban la sanción correspondiente. La impunidad es el gran problema de nuestra sociedad.
Es deber del Estado mexicano a través de las instancias y jerarquías correspondientes, garantizar las condiciones físicas y de seguridad para que se ejerza el periodismo de calidad, como el que Adriana Esquivel ha emprendido durante ocho años como reportera de distintos medios estatales y colaboradora de medios nacionales.
A la brevedad, esperamos respuesta de ustedes como autoridades y exigimos salvaguardar la integridad de nuestra colega Adriana Esquivel.
El comunicado fue dirigido a :
JAVIER CORRAL JURADO, Gobernador de Chihuahua
LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ, Secretario General del gobierno de Chihuahua
CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL, Fiscal General de Chihuahua
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, Alcaldesa de Chihuahua
IGNACIO DÁVILA, Jefe de Comunicación social del Ayuntamiento de Chihuahua
RICARDO SÁNCHEZ DEL POZO, Fiscal Especializado en Delitos contra la Libertad de Expresión
MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA, Presidenta Comisión Nacional de Derechos Humanos
NÉSTOR ARMENDÁRIZ LOYA, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua