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Agua: ante las presiones, caminos de solución

Por Víctor M. Quintana S.

— Desde 2012, antes que fueran asesinados por su defensa de la cuenca del Río del Carmen y por el territorio de su ejido, Manuelita Solís e Ismael Solorio, su esposo, del ejido Benito Juárez, Buenaventura, Chihuahua, empezamos a advertir la agudización de la disputa por este bien común, no sólo en esta entidad, sino por toda Aridoamérica.

Sin embargo, nada se ha hecho. El conflicto en la cuenca del Río del Carmen generó otra víctima, Alberto Almeida, en 2015. Y se ha tensado al extremo la situación en el municipio de Buenaventura, al punto que la extracción ilegal de los pozos del Rancho La Mojina, operados por la familia LeBaron, ya secaron por completo el pozo de agua potable del ejido Constitución. Mientras que siguen operando cientos de pozos ilegales en la entidad, a ciencia y paciencia de Conagua, conectados, también ilegalmente, a las líneas de transmisión de la CFE.

Y luego viene el conflicto de la extracción del agua de las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero que ha escalado a niveles insospechados. La presencia creciente de la Guardia Nacional, aun dentro de sus atribuciones, en las presas no sólo vino a atizar más los ánimos, sino propició aún más que, junto al pueblo indignado, se mezclaran actores partidistas, del PAN y del PRI, luego hasta del FRENNA que vieron la coyuntura que hace mucho estaban buscando para golpear a López Obrador. Las cosas se extremaron más con el asesinato de Jessica Silva y el asesinato en grado de tentativa de su esposo Jaime Torres al regresar La Boquilla la noche del 8 de septiembre. Se acusa del mismo a la Guardia Nacional, pero las investigaciones aún no lo comprueban. Sólo entonces, el Gobierno del Estado externó su crítica al Gobierno federal y se sumó a la protesta, cosa que fue considerada tardía por buena parte de la población. Luego se han sumado a la protesta supuestos defensores del agua, como Julián L Barón, de cuya familia hablamos más arriba.

La situación se agrava aún más por las presiones norteamericanas para que México le pague el agua contemplada en el Tratado de 1944, se han agudizado. A las de Trump y su embajador, Landau se agregan ahora las del gobernador trumpista de Texas, Greg Abbot. Esto viene a poner en riesgo la estabilidad social y política necesarias para reactivar la economía de la región y del estado en el muy difícil contexto que conforman la pandemia y la sequía por la que atravesamos.

No podemos permanecer divididos ante las presiones interesadas de los Estados Unidos, ni tampoco podemos confiar en que las lluvias de los días recientes van a solucionar el problema, es decir, que la solución nos caiga del cielo. Es necesario que cada parte ceda un poco y que se dejen de lado los intereses electoreros que sólo contribuyen a dificultar una salida pacífica al conflicto. 

Desde diciembre se construyeron instancias de diálogo y de construcción de acuerdos, pero no fueron atendidas. Se buscaron reuniones con funcionarios de alto nivel, pero nunca se dieron. La falta de diálogo, acompañada por una información imprecisa, sin suficiente credibilidad fueron atizando los ánimos cada vez que se abrían más las compuertas de las presas. Eso hace necesario buscar caminos de salida conjunta a la actual situación. Algunos de ellos pueden ser los siguientes:

1.- Conformación de un espacio de información, diálogo, debate y construcción de consensos donde participen únicamente los representantes fijos y democráticamente elegidos por las diversas organizaciones de productores, del Gobierno federal y Gobierno del Estado. Sería conveniente asistieran en tanto testigos de calidad, expertos en el tema y en el derecho al agua. Nadie más. 

2.- Información suficiente, adecuada y precisa. Esa instancia debe ser alimentada con información en tiempo real, proporcionada por CILA y Conagua y ahí analizada sobre el caudal de los ríos, el almacenaje de las presas, los volúmenes entregados, los destinos de cada entrega, los pagos y los débitos. Dicha información debe ser abierta y disponible a toda la ciudadanía en todo momento y confrontada con la información proporcionada por los productores.

3.- Construcción de un mecanismo conjunto y corresponsable de las instalaciones e infraestructura hidráulica: presas, turbinas, casetas, etc. en la que participen de manera mixta la Guardia Nacional y representantes de los productores, así como observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

4.- Agenda de trabajo a corto y mediano plazo que contemple los siguientes temas:

-Acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas de entrega del agua a los Estados Unidos.

-Acuerdos sobre los volúmenes, tiempos y formas de entrega del agua a los distritos de riego.

-Reordenamiento de los distritos de riego, de su manejo y administración, de los cultivos prioritarios, de las formas de control y de auditoría del uso del agua y de los recursos ahí asociados, revisión de la distribución y o concentración del agua y del mercado de concesiones.

-Retribución de los servicios ambientales a la población de la zona serrana donde se genera el agua de los ríos que alimentan el distrito.

Paralelamente debe construirse una instancia donde, tanto las autoridades federales, como estatales, y la CFE escuchen a las organizaciones de productores y a las comunidades para llevar a cabo la revisión y control inmediato de las perforaciones y operación de los pozos profundos en Chihuahua, para que se cancelen los pozos ilegales, las conexiones de energía eléctrica a los mismos y se termine con la proliferación de permisos “piratas”.

Podemos convertir el conflicto actual del agua en la oportunidad para reordenar este bien común para todas y todos, para la vida.

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Oserí. Chihuahua, México 2020
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